Rafael Escudero Alday. 2025. Cuando Antígona encontró a Benjamin. Víctimas del franquismo y derecho a la memoria. Madrid: Trotta. 165 p.

doi: https://doi.org/10.18543/djhr.3425

Fecha de publicación en línea: diciembre de 2025

Asumo con un enorme placer la recensión de un libro breve pero intenso y profundo que aborda uno de las principales deudas que tiene la democracia española con las víctimas de la guerra civil y de los casi 40 años de franquismo: me refiero a la gestión de manera democrática de sus legados en forma de miles de desaparecidos en cunetas y fosas comunes, de absoluta ausencia de justicia y de una desmemoria que llega hasta la actualidad. La afirmación del “derecho-deber de memoria” es una exigencia ética y de derechos humanos en un incierto y turbulento comienzo del siglo XXI. Cuando una parte no despreciable de la juventud de nuestro país considera que hay aspectos “positivos” del franquismo que hay que reivindicar, y no tiene ningún reparo en apoyar y votar a opciones políticas de ultraderecha que se reclaman herederas del franquismo, considero más que necesario un libro como el que nos regala el profesor (activista) Rafael Escudero Alday. En ese sentido, esta publicación es fruto de su compromiso con la justicia, los derechos humanos y los valores democráticos. Ahora bien, el compromiso no hace decaer en ningún momento la profundidad y el rigor científico que demanda un análisis de este tipo. Una academia comprometida es uno de los principales eslabones que nos puede hacer avanzar como sociedad. Una academia que no desdeña los errores del pasado para contribuir a un futuro esperanzador en el que la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición sean los faros que iluminen un horizonte plagado de dudas e incertidumbres ante la ola de populismo global nacionalista que estamos viviendo. Es por ello que la Administración Trump tiene en su punto de mira al mundo académico, un mundo donde la reflexión, la crítica y la justicia han germinado tradicionalmente.

Comienza su reflexión el profesor Escudero con la poderosa imagen de la Antígona de Sófocles que se rebela ante un orden jurídico que no le permite enterrar dignamente a su hermano. No es otra la reivindicación de las miles de víctimas de la guerra civil y del franquismo en nuestro país que simplemente demandan enterrar a sus muertos “como Dios manda”. Y no olvidemos que este ha sido precisamente el leit-motiv del movimiento memorialista desde su surgimiento al calor de las primeras exhumaciones de fosas a principios de la década de 2000. La (mal llamada) “Ley de Memoria Histórica”[1] aprobada en diciembre de 2007 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero supuso un avance innegable, aunque muy insuficiente, como se ha comprobado tras la llegada del Partido Popular al poder y su asfixia de la Ley sencillamente dejando de dar subvenciones a las asociaciones que se dedicaban a las exhumaciones y a la labor de recuperación de la memoria histórica. Son las insuficiencias de la Ley de 2007 las que explican, en opinión del profesor Escudero, la necesidad de aprobar una nueva ley que corrigiese sus defectos. La Ley de Memoria Democrática de octubre de 2022[2] viene, en gran parte, a encauzar el proceso de recuperación de una memoria democrática que se reconoce en los valores de la Segunda República. Uno de los aspectos más criticables de la Ley de 2007 era que abría la puerta a una suerte de “privatización” de la exhumación de fosas comunes e identificación de los restos. Este proceso se llevaba a cabo por parte de las asociaciones de víctimas con apoyo del Gobierno. En su visita oficial a España, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, Pablo de Greiff, elevó una crítica muy firme a esta auténtica “sub-contratación” de las exhumaciones por parte de quien tiene la responsabilidad jurídica de llevarlas a cabo, el Gobierno[3]. La nueva Ley de Memoria Democrática enmienda este error y, siguiendo las recomendaciones del Relator Especial, establece que la obligación le corresponde al Estado. Es el Estado quien tiene que poner todos los medios a su alcance para llevar a buen puerto el proceso de localización, exhumación e identificación de las personas que todavía se encuentran en fosas comunes.

La adopción de la nueva Ley de Memoria Democrática le permite a Rafael Escudero recuperar algunas de las enseñanzas más lúcidas de Walter Benjamin. Como señaló el gran filósofo, ante una Historia con mayúsculas ensimismada por las luces de un progreso material ilimitado (que no deja de ser más que una ficción engañosa), nos queda el valor epistémico de la memoria, es decir, el reconocimiento de las víctimas y de sus derechos. El pasado no es solo un objeto para los libros de Historia, sino que exige derechos en el presente. De ahí surge un derecho a la memoria “todavía frágil e incipiente, pero con una enorme proyección teórica y práctica”, en palabras de Escudero Alday. Sobre la base de estas reflexiones de Benjamin, y de su propio periplo vital hasta su trágico suicidio en 1940 ante el temor a ser devuelto a la Gestapo por la Francia de Vichy, desgrana el profesor de la Universidad Carlos III de Madrid los principales aspectos del contenido de la Ley de 2022: desde la consolidación de un derecho a la memoria a la dignificación democrática del espacio público y de los lugares de memoria, pasando por una educación que tenga como objetivo último la no repetición de los errores del pasado. Es especialmente clarividente el análisis de las medidas adoptadas por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para la resignificación del Valle de Cuelgamuros (antes Valle de los Caídos). Se trata de uno de los lugares de memoria emblemáticos de los que se sirvió el franquismo para seguir cultivando la imagen de la heroica Cruzada para salvar a España de la marea roja que pretendía acabar precisamente con los valores esenciales del nacional-catolicismo, cuya sublimación era el Valle de los Caídos (por Dios y por España). Por otro lado, nos encontramos ante una de las “guerras culturales” más políticamente relevantes que se están librando en nuestro país. No olvidemos el enorme calvario político-judicial que tuvo que pasar el Gobierno español para llevar a cabo la exhumación de la tumba de Francisco Franco que se encontraba en el Valle de Cuelgamuros y su traslado al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo.

Comparto en gran medida las (pesimistas) reflexiones del autor en un “Epílogo” que aborda el escenario político-social en el que se tendrá que desarrollar la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022. El surgimiento de una extrema derecha sin complejos en nuestro país en los últimos años está suponiendo un obstáculo muy serio para la implementación de la Ley de 2022. En concreto, la aprobación de las denominadas “Leyes de concordia” en algunas comunidades autónomas como Aragón, Las Islas Baleares o la Comunidad Valenciana tras acuerdos políticos entre Vox y el Partido Popular puede suponer un ataque en la línea de flotación de las medidas para la recuperación de la memoria histórica aprobadas en los últimos años en nuestro país. Muchas de estas leyes de concordia, que pretenden desmontar tanto la narrativa como las medidas concretas de la Ley de 2022, han sido recurridas al Tribunal Constitucional, tras la crítica a las mismas llevada a cabo por tres relatores especiales de las Naciones Unidas. Para ellos, estas leyes “podrían transgredir la obligación del Estado español… de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos, toda vez que ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia, pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, obstaculizan o suprimen la subvención de proyectos de memoria histórica ofrecidas actualmente a entidades de sociedad civil, pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, y/o omiten nombrar o condenar dicho régimen”[4].

En fin, el libro del profesor Rafael Escudero puede ser un buen antídoto contra estos intentos de deslegitimar y desactivar al movimiento por los derechos de las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Un libro muy ilustrativo y muy necesario en estos tiempos que corren.

Felipe Gómez Isa

Universidad de Deusto, España

---