Los olvidos de la alternancia: los organismos para investigar los hechos del pasado reciente en México, ¿justicia o simulación?

The forgotten of the alternation: the entities to investigate the events of the recent past in Mexico, justice or simulation?

Sergio A. Vargas Matías

Universidad de Sonora, México

sergiovargasm@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1824-7509

https://doi.org/10.18543/djhr.3413

Fecha de recepción: 30.05.2025
Fecha de aceptación: 26.11.2025
Fecha de publicación en línea: diciembre de 2025

Cómo citar / Citation: Vargas, Sergio. 2025. «Los olvidos de la alternancia: los organismos para investigar los hechos del pasado reciente en México, ¿justicia o simulación?». Deusto Journal of Human Rights, n. 16: 141-171. https://doi.org/10.18543/djhr.3413

Resumen: El presente artículo analiza el uso político que los gobiernos de la alternancia en México han dado a los organismos dedicados a investigar los delitos cometidos por el Estado y otros agentes durante la guerra sucia y la guerra contra el narco. Así, se plantea que, más que dilucidar los hechos, procurar justicia o reparar los daños infligidos a la población, la creación de dichos entes respondió al interés de las nuevas élites por congraciarse con sus votantes. Por ello, más que en su funcionamiento, este trabajo pretende explicar cómo y por qué la labor de estos órganos se vio obstaculizada por las mismas autoridades que los instituyeron.

Palabras clave: México, transición y alternancia, comisiones de la verdad, memoria, justicia.

Abstract: This article analyzes the political use that successive governments in Mexico have made of the agencies dedicated to investigating crimes committed by the state and other agents during the dirty war and the war on drugs. It argues that, rather than elucidating the facts, seeking justice, or repairing the damage inflicted on the population, the creation of these entities responded to the interest of the new elites in currying favor with their voters. Therefore, rather than focusing on their functioning, this paper seeks to explain how and why the work of these bodies was hampered by the very authorities that established them.

Keywords: Mexico, transition and alternation, truth commissions, memory, justice.

Sumario: Introducción. 1. México, ¿excepción en América Latina o dictadura perfecta? 2. Los primeros esfuerzos: las comisiones del 93 y 97. 3. La alternancia y la lucha por el pasado. 3.1. La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). 4. La izquierda al poder, ¿la memoria al olvido? 4.1. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. 4.2. La Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia. 5. Otra vuelta de tuerca: la guerra contra el narco. 5.1. La Comisión Nacional de Búsqueda. 5.2. Un ominoso panorama. .

En memoria de Marisela Escobedo y Homero Gómez

Introducción

Este artículo se centra en el proceso de creación y uso político dado por los gobiernos de la alternancia en México a los organismos creados para investigar los hechos de violencia ocurridos en el pasado reciente. Con estas miras, el trabajo está estructurado desde una mirada histórico-política, sustentado en un andamiaje metodológico de tipo cualitativo, basado en la revisión crítica de numerosas fuentes oficiales, académicas y periodísticas.

Desde esta perspectiva, se plantea que la instauración de tales órganos obedeció al interés de los mandatarios emanados de la oposición, por diferenciarse de sus antecesores, y conferirse legitimidad democrática, pero bajo la consigna de limitar la gestión de dichos entes al ámbito de lo enunciativo.

Por ello, resulta comprensible que las políticas instrumentadas por las nuevas élites se materializaran en acciones cosméticas, alejadas de la idea de justicia transicional, concepto cuya instrumentación implica no sólo “reconocer a las víctimas”, sino también fomentar la paz, la reconciliación y la democracia (Olsen, Payne y Reiter 2010). Por el contrario, las acciones llevadas a cabo por conservadores y progresistas se enfocaron sobre todo en el control de la narrativa sobre el pasado, moldeando los hechos en torno de “la agenda política actual”, con lo cual se instituyó de facto un régimen de continuidad (Sarkin 2021).

Esta propensión ha tenido consecuencias funestas para la sociedad, ya que como dicen Trejo et al. (2018), la resistencia de las nuevas élites a llevar a cabo procesos de justicia transicional[1] para terminar con la “impunidad y redefinir las reglas de la coacción estatal” favoreció la expansión de la violencia criminal que prevalece en el país hoy en día.

Esta tesis es compartida por Marroquín (2024), para quien “una justicia transicional efectiva hubiera provocado un efecto disuasorio”, pero que al no concretarse, estimuló el crecimiento y diversificación de los grupos criminales.

1. México, ¿excepción en América Latina o dictadura perfecta?

A lo largo del siglo XX, varios países de América Latina padecieron de gobiernos militares y dictaduras civiles que, para mantenerse en el poder, coartaron las libertades individuales. Lo anterior, provocó fuertes turbulencias políticas que derivaron en conflictos sociales que a veces escalaron hasta convertirse en rebeliones, movimientos guerrilleros e incluso terroristas[2], lo que dio a esos regímenes la oportunidad para justificar el ejercicio de una violencia sistemática e institucionalizada en contra de amplios sectores de la población.

Entre los casos más graves, destacan Colombia (Observatorio de Memoria y Conflicto 2023), Guatemala (Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1999), Argentina (Archivo Nacional de la Memoria 2015), Perú (Comisión de la Verdad y Reconciliación 2003), República Dominicana (Centro Nacional de Registro de Víctimas 2017; Hoy. Guardianes de la Verdad 2011; y Museo de la Memoria y los Derechos Humanos s/f), El Salvador (Comisión de la Verdad para El Salvador 1993; Buergenthal 1996, 11-62) y Chile (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 1991; Fuentes 2023; y Subsecretaría de Derechos Humanos 2023), cuyos ciudadanos sufrieron el accionar de fuerzas de seguridad, grupos paramilitares e incluso, de las organizaciones que luchaban contra los poderes estatales (tabla 1). Todo ello provocó una enorme cantidad de muertos y desaparecidos —además de incontables torturados y desplazados—, cuyo cálculo se muestra a continuación:

Una vez restaurada la normalidad democrática, estas naciones llevaron a cabo diversas acciones orientadas tanto a fincar responsabilidades como a emprender procesos de sanación y reconciliación, metas que se consiguieron con distintos grados de éxito, dependiendo de la fortaleza del entramado jurídico de cada Estado, los mecanismos elegidos y el grado de consenso alcanzado entre los actores políticos, las fuerzas beligerantes y la sociedad.

En este variopinto mosaico de experiencias, rara vez se incluye a México, tal vez porque, a diferencia de Argentina o Chile, el país nunca estuvo en manos de una junta militar o de un autócrata como el dominicano Leónidas Trujillo. Sin embargo, es innegable que durante los 70 años del régimen autoritario instaurado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sus gobiernos no dudaron en emplear la violencia contra opositores políticos, activistas, periodistas, estudiantes o cualquiera que se atreviera a desafiar su hegemonía.

Así, más que en los hechos, la reputación democrática del Estado mexicano se cimentó en una eficaz puesta en escena orquestada por las oligarquías políticas y económicas del país, basada en la cooptación de la intelligentsia, el ingreso de muchos disidentes en la alta burocracia y, paradójicamente, la aparente solidaridad del priismo con los regímenes y movimientos progresistas de Centroamérica y el Cono Sur; y en la hospitalidad brindada a quienes llegaban al país buscando refugio. Todo ello, apuntalado por el complejo entramado corporativista y clientelar del PRI, que le permitió solventar sin muchas dificultades las esporádicas manifestaciones de descontento (Ruiz 2019).

2. Los primeros esfuerzos: las comisiones del 93 y 97

En la década de 1990, los profundos cambios ocurridos a escala mundial como resultado del derrumbe del bloque socialista y la subsecuente globalización del comercio, favorecieron una incipiente apertura político-económica liderada por el tecnócrata Carlos Salinas de Gortari, que a su vez, dibujó un escenario propicio para revisar la represión orquestada por el Estado mexicano contra muchos de quienes participaron en los movimientos estudiantiles y guerrilleros de los convulsos años 60 y 70[3]. A ello contribuyó también el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), fundado por notables expriistas y destacados activistas, que pugnaban por esclarecer lo ocurrido en aquella época.

Gracias a esta conjunción de factores, en 1993 se formó una comisión independiente para investigar los sucesos del 2 de octubre, integrada por el “Comité a 25 años del ‘68” y varios intelectuales progresistas (Mejía 2020, 65). En su informe final, publicado en el diario La Jornada el 17 de diciembre de ese año, la Comisión anunció que, de acuerdo con sus datos, en la Masacre de la Plaza de las Tres Culturas, hubo unos 2.000 detenidos, centenares de heridos, y por lo menos 38 muertos, si bien se advertía que tales cifras no eran definitivas pues, como dijo un comisionado, “no teníamos los recursos, el tiempo o la autoridad para llegar al fondo del asunto” (Aguayo 1998, 13-14).

Empero, los frutos de este primer esfuerzo se desvanecieron muy pronto, ya que en los meses siguientes, sucesos como el alzamiento zapatista en Chiapas (1 de enero de 1994), y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, y Francisco Ruiz Massieu, líder nacional de ese partido, provocaron una grave crisis política que luego se transformaría en una brutal debacle económica y social provocada por el “error de diciembre”[4], todo lo cual dejó para mejor ocasión las pesquisas sobre lo ocurrido en Tlatelolco.

Tres años más tarde, la inminente conmemoración del XXX aniversario de la matanza motivó a la Cámara de Diputados a formar una Comisión Especial Investigadora de los Sucesos del 68 (1997), en la que participaron todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Aunque los resultados de la Comisión fueron magros, debe reconocérsele el mérito de ser el primer intento de uno de los poderes del Estado para dilucidar lo ocurrido.

En su informe final, la Comisión expuso la resistencia de algunas dependencias —y la rotunda negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)— para compartir su información. Por ello, la mayor parte de los documentos analizados provino del Archivo General de la Nación, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional y El Colegio de México, así como de fundaciones, colecciones privadas y repositorios estadounidenses.

Los comisionados recabaron también el testimonio de varios protagonistas de aquellos eventos, como el expresidente Luis Echeverría Álvarez, y de numerosos exfuncionarios, líderes estudiantiles e incluso de algunos residentes de la unidad habitacional Tlatelolco. Otros personajes, como Alfonso Corona del Rosal, exjefe del Departamento del Distrito Federal, y Fernando Gutiérrez Barrios, exjefe de la Dirección Federal de Seguridad, declinaron participar, argumentando que no tenían nada que agregar a lo dicho en otras ocasiones.

Aunque la Comisión logró reunir un importante acervo de información referente a la tragedia, no pudo alcanzar el objetivo principal de su encomienda: conocer “la verdad inobjetable, para poner fin a las elucubraciones y surgimiento de hipótesis y conjeturas que, año con (sic) año provocan (la) reapertura de heridas y rencores que ya deberían haber sido superados” (Espinosa 1998, 20).

Lo sucedido con este organismo sentó un funesto precedente de lo que ocurriría con los entes que en los años posteriores serían creados con fines semejantes, esfuerzos que, a la vista de sus escasos resultados, parecieran responder a una calculada estrategia de relaciones públicas de los gobiernos en turno, orientada tanto a legitimarse frente a la sociedad como a golpear a sus adversarios, pero sin un propósito verdadero de deslindar responsabilidades o, por lo menos, procurar la reparación del daño sufrido por las víctimas y sus familiares.

3. La alternancia y la lucha por el pasado

3.1. La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp)

En las elecciones federales del año 2000, el triunfo del derechista Partido Acción Nacional (PAN), abanderado por Vicente Fox, puso fin a siete décadas de sistema de partido único en México. Entre las promesas de campaña del nuevo mandatario, destacaba la creación de una Comisión de la Verdad para resarcir a diferentes grupos sociales de los agravios infligidos, “bajo el cobijo de la impunidad”, por los gobiernos priistas. Para ello, Fox gozaba de un amplio respaldo popular e, incluso, del apoyo de un significativo sector de los votantes de izquierda, que habían votado por él con tal de sacar al PRI del poder (Borjas 2003, 114-115; Aznarez 2000).

Sin embargo, en opinión de Aguayo y Treviño (2007, 717-721), ni el gobierno ni la sociedad tenían una idea clara de cómo ajustar cuentas con el pasado, por lo que con el paso del tiempo, la posibilidad de instituir una Comisión de la Verdad perdió impulso ante el rotundo rechazo del PRI, ciertos segmentos de la opinión pública, e incluso de prominentes panistas e integrantes del gabinete presidencial, quienes alegaron que la revisión de los crímenes del pasado podía afectar la gobernabilidad del país y la estabilidad de las instituciones.

La impericia de Fox, aunada a su necesidad de contar con la colaboración del PRI para sacar adelante su gobierno, impidieron la concreción de la Comisión, que fue sustituida por la “Fiscalía Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado” (Femospp), que quedó en manos de Ignacio Carrillo Prieto, personaje “generoso a la hora de lanzar promesas ambiciosas, ambiguas y de difícil implementación” (Aguayo y Treviño 2007, 722).

Al iniciar su gestión, el fiscal anunció que se establecerían mecanismos para que víctimas, familiares, periodistas, testigos y cualquiera que lo deseara pudiera suministrar información para avanzar en las investigaciones. Además, se anunció la creación de un centro de documentación para clasificar y analizar los datos recabados, y la contratación de psicólogos para tratar a los damnificados (Aguayo y Treviño 2007, 723). Por su parte, Fox ordenó a la Sedena y la Secretaría de Gobernación (Segob) que pusieran a disposición de la Fiscalía todos los documentos pertinentes para comenzar las pesquisas (Human Rights Watch 2006, 77).

Pronto, el entusiasmo despertado por la Femospp decayó, ante la dificultad de fincar responsabilidades penales, debido al tiempo transcurrido y la falta de pruebas contundentes que acreditaran los delitos de los inculpados. Así, en el primer año, Carrillo no pudo presentar resultados concretos, lo que aumentó las suspicacias de las organizaciones de derechos humanos, que de por sí recelaban del funcionario por haber sido nombrado por el procurador de la república Rafael Macedo, un exmilitar, lo que hacía dudar de su independencia (Bickford 2004, 216).

Del enorme cúmulo de expedientes estudiados, Carrillo y su equipo se concentraron en las masacres de Tlatelolco y del Jueves de Corpus (10 de junio de 1971). En julio de 2004, el fiscal acusó a 11 personas de genocidio, entre ellas a Echeverría; no obstante, un juez federal rechazó los cargos, alegando su prescripción. La Fiscalía apeló la resolución ante la Suprema Corte de Justicia, que casi un año después validó la prescripción, salvo en los casos de Echeverría y del exsecretario de gobernación, Mario Moya Palencia.

En septiembre de 2005, Carrillo acusó, también por genocidio, a otros ocho funcionarios por los hechos del 68, imputaciones que tampoco pudieron acreditarse[5]. El fiscal consiguió mejores resultados en los casos de desaparición forzada, cargo por el que obtuvo 12 órdenes de aprehensión, si bien únicamente se cumplieron seis (Human Rights Watch 2006, 78-79).

Al final, el logro más importante de la Femospp fue su informe final, editado en dos versiones diferentes: la primera, como un borrador titulado ¡Que no vuelva a suceder!; la segunda: el Informe histórico a la sociedad mexicana 2006. Aunque ambas ofrecen conclusiones similares, muestran ciertas diferencias: la más importante, que en el primer volumen se afirma que la represión orquestada por las fuerzas de seguridad obedeció a una política de Estado, y no a acciones motu proprio llevadas a cabo por “individuos malintencionados o corruptos”, lo que se omite en el segundo (Dutrénit y Argüello 2011, 130).

En la etapa final del sexenio foxista, el trabajo de la Fiscalía se desdibujó hasta ser irrelevante, tanto por sus escasos resultados como por la errática actitud de Carrillo, quien protagonizó constantes polémicas[6]. Fue así que, tal como ocurriría en los años siguientes con otros organismos análogos, la Femospp concluyó sus labores en medio del descrédito[7]. En opinión de Galaviz (2025), el balance final de la Fiscalía fue sin duda, negativo, por “la incapacidad para judicializar los casos de violaciones graves a derechos humanos y la opacidad en los resultados y consultas a los archivos militares y policiales concentrados en el Archivo General de la Nación”.

4. La izquierda al poder, ¿la memoria al olvido?

4.1. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa

El 26 de septiembre de 2014, unos 100 alumnos de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa viajaron a Iguala para apoderarse de algunos autobuses para asistir a la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México. Al anochecer, policías federales, estatales, municipales y sicarios de los “Guerreros Unidos” agredieron a los muchachos, matando a varios de ellos y a otras personas ajenas a la situación; luego, “levantaron” a 43 de los normalistas que desde entonces serían conocidos como los “43 de Ayotzinapa”.

La desaparición de los jóvenes conmocionó al país y significó la debacle del presidente priista Enrique Peña Nieto, pues la opinión pública lo responsabilizó de intentar callar lo ocurrido aquella noche. La tragedia dio pie a numerosas hipótesis para explicar lo sucedido, plasmadas en infinidad de textos periodísticos y académicos, documentales y películas. Todo ello alimentó el descontento de la sociedad que en los meses siguientes expresó su enojo masivamente, tanto en las calles como en las redes sociales.

La animadversión contra Peña fue hábilmente capitalizada por el líder populista Andrés Manuel López Obrador, quien sostenía que la única manera de aclarar los hechos era transformar el régimen político para terminar con la corrupción, la impunidad y la violencia que campeaban en todo el país. En abril de 2016, López Obrador acusó al mandatario de ocultar la verdad, pues según él, la policía federal y el ejército también habían intervenido en la desaparición de los estudiantes. Un año más tarde, López Obrador prometió que, de ganar las elecciones, resolvería el asunto y castigaría a los responsables.

En la campaña electoral de 2018, López Obrador se reunió en Iguala con algunos de los padres de los “43 de Ayotzinapa”, y les ofreció a crear “una Comisión de la Verdad” y pedir la intervención de la ONU “para que se aclare todo lo relacionado con la desaparición” (Aristegui Noticias 2018). Ya como presidente electo, López Obrador se reunió nuevamente con el colectivo, y se comprometió a averiguar “dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables (…) no fallarles a las madres, a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa (…) no vamos a traicionar la confianza de nuestro pueblo” (BBC 2018).

Al iniciar su gobierno, López Obrador creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), y designó como titular del organismo al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. En su primer informe (19 de agosto de 2022), el funcionario anunció que la desaparición de “los 43” era un crimen de Estado, en el que además de los “Guerreros Unidos”, participaron elementos policiacos municipales, estatales y del ejército. Para tristeza de todos, Encinas declaró que todo indicaba que los muchachos habían muerto (Comisión Nacional de Derechos Humanos 2022).

De esta manera, la administración lopezobradorista sepultó la versión del gobierno de Peña, según la cual los normalistas fueron incinerados en un basurero. Sin embargo, pocos meses después, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes —organismo internacional cercano a los padres de los 43, que desde un principio refutó la “verdad histórica” del procurador Murillo Karam—, informó que 181 de los 467 screenshots usados como evidencia por Encinas presentaban inconsistencias, por lo que eran inadmisibles como pruebas (CIDH 2022).

En mayo de 2023, el panorama se enredó aún más, cuando The New York Times informó que el comisionado había sido espiado con el software Pegasus, supuestamente por los militares, ya que en México sólo ellos poseían el programa. Esta revelación, sumada a las desavenencias entre el ejército y Encinas, provocaron su renuncia (19 de octubre)[8]. Desde entonces, las labores de la Comisión se ralentizaron, lo que deterioró todavía más la relación entre los padres de “los 43” y López Obrador, de por sí muy dañada tras las salidas de Encinas y del fiscal especial Omar Gómez, quien dejó su cargo poco antes que el subsecretario[9].

4.2. La Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia

Casi desde el inicio de la Guerra contra el narco, el desbordamiento de la violencia en el país estimuló la aparición de varios colectivos que convergieron en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), encabezado por el poeta Javier Sicilia, que entre 2011 y 2012 realizó concentraciones multitudinarias en varias ciudades. Aunque con el paso de los años el MPJD perdió fuerza, tuvo el mérito de influir sustancialmente en dos aspectos: visibilizar el tema de los ejecutados y desaparecidos, y motivar a los familiares de las víctimas a organizarse y formar sus propias agrupaciones.

En este sentido, puede decirse que eventos como la sentencia contra el Estado mexicano por el “caso Radilla” (2009)[10], la campaña “No + Sangre” (2011)[11] y la desaparición de los “43 de Ayotzinapa”, funcionaron como catalizadores para concientizar a la sociedad de la barbarie que reinaba en vastas zonas del país. Como ya se dijo, la izquierda partidista aprovechó el fracaso de la estrategia belicista de priistas y panistas para apropiarse de las banderas y reivindicaciones de aquellos que, desde la época de la Guerra sucia, se habían opuesto a la represión y el militarismo.

Al respecto, es preciso recordar que, a diferencia del PAN, que tuvo poca o ninguna relación con los movimientos estudiantiles y guerrilleros del siglo XX, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), liderado por AMLO, acogió a muchos sobrevivientes de aquellos hechos, por lo que desde su fundación este partido se presentó como heredero natural de aquellas luchas, a pesar de que muchas de sus principales figuras —por ejemplo, López Obrador— militaron en el PRI. Con todo, es evidente que el morenismo comprendió muy bien la utilidad de revisar el pasado para legitimarse y fustigar a sus adversarios políticos.

El 7 de octubre de 2021, AMLO ordenó la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEH), para instrumentar “las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria” (Segob 2021). Al igual que la Fiscalía foxista, la CoVEH nació en medio de una enorme expectación, pero con la ventaja de emanar de un gobierno de izquierda. Dadas las dificultades que entrañaba el cumplimento de su misión, se adicionaron al ente el

Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), compuesto por personas expertas en el tema; el Comité de Acceso a la Justicia; el Programa Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante este periodo histórico; el Programa Especial de Reparación y Compensación, y la construcción de un Centro Nacional de Memoria (Comisión Nacional de Derechos Humanos 2021).

Las labores de la Comisión iniciaron en enero de 2022, con la puesta en marcha de la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente, que entrevistó a víctimas de la guerra sucia en Oaxaca, Guerrero y Jalisco, así como a varios miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre, la más importante de las organizaciones guerrilleras que operaron en el país. Aun así, en septiembre, la comisionada Aleida García renunció al MEH, debido a “la subordinación de facto a la que se somete en presupuesto, burocracia y decisiones al ala de la sociedad civil frente a la institucional” (Díaz 2022).

En mayo de 2023, dimitieron Carlos Pérez y Fabián Sánchez, integrantes del Comité de Impulso a la Justicia, arguyendo que la falta de recursos y condiciones de trabajo hacían imposible “cumplir”, en el plazo previsto —septiembre de 2024—, con “las expectativas de justicia de los sobrevivientes y familiares” (Díaz 2023). Por si fuera poco, en agosto, los integrantes del MEH presentaron un informe en el que denunciaban la falta de cooperación de la Sedena, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (Aristegui Noticias 2023).

Estas dificultades, aunadas a la renuencia de las instituciones de seguridad del Estado para compartir su información (MEH 2023), permitían constatar la enorme distancia entre el discurso oficial y la realidad, pues aunque López Obrador declaró en múltiples foros que la Comisión contaba con su apoyo y los recursos necesarios para operar, todo parece indicar que en los hechos no existían las condiciones necesarias para que el organismo cumpliera con sus objetivos.

5. Otra vuelta de tuerca: la guerra contra el narco

5.1. La Comisión Nacional de Búsqueda

El 22 de enero de 2005, el presidente Fox declaró la guerra del Estado mexicano contra el narcotráfico, en respuesta a la creciente violencia desatada por distintas agrupaciones del crimen organizado en diversas ciudades del país. Casi dos años después, su sucesor y correligionario, Felipe Calderón, lanzó el Operativo Conjunto Michoacán, el primero de una serie de acciones a gran escala desplegadas por las fuerzas del orden en varias entidades para combatir a los delincuentes y capturar a sus principales cabecillas.

Desde entonces, el horror se recrudeció en numerosas regiones del país, debido al surgimiento de nuevas organizaciones que, ante el desorden generalizado, expandieron su rango de acción a ilícitos como el contrabando, los giros negros, la trata de personas, el robo de combustible, la minería, la tala ilegal, la extorsión y el secuestro. Todo ello se tradujo en un incremento exponencial en el número de asesinatos, desapariciones, fosas clandestinas, balaceras, toma momentánea de ciudades y muchas otras tropelías, incluso algunas que por su brutalidad pudieran clasificarse como terrorismo.

Esta situación hizo que numerosas ONG´s y activistas, apoyadas por organismos internacionales, se abocaran a identificar a los muertos y buscar a los desaparecidos, ante la carencia de bases de datos actualizadas y precisas, ya que tanto las autoridades estatales como las federales intentaron maquillar las cifras para minimizar la tragedia. Para paliar esta problemática, el gobierno de Peña Nieto creó, a principios de 2018, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a cargo de Roberto Cabrera, quien permaneció en el cargo apenas unos meses[12].

Al iniciar el sexenio de López Obrador, uno de los reclamos más sentidos de la sociedad fue la identificación de los miles de cadáveres almacenados en numerosos centros forenses de todo el país, y quizás más urgente aún, localizar a las 80.000 personas desaparecidas en la Guerra contra el narco. Por lo anterior, la designación de Karla Quintana al frente de la CNB concitó el beneplácito de los colectivos y ONG, por su acreditada trayectoria en el campo de los derechos humanos.

Durante su gestión, Quintana trató de construir una base de datos de desaparecidos confiable; para ello buscó el apoyo de las fiscalías estatales, la FGR y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, las cuales se resistieron a colaborar con la CNB, situación que la comisionada expuso ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado y los medios de comunicación; incluso, Quintana pidió a los legisladores que dotaran a la Comisión de facultades para realizar cateos e identificar los cuerpos, petición que fue ignorada.

Pese a estos obstáculos, la CNB logró configurar el “Mapa de hallazgos de fosas clandestinas”, para subsanar la inexistencia del Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, y el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, cuya elaboración, según el artículo 48 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsquedas de Personas, correspondía a la FGR.

Al poco tiempo, las diferencias entre Quintana y otros miembros del gabinete, así como sus críticas a la metodología empleada en el censo de desaparecidos del gobierno federal —iniciado el 1 de mayo de 2023—, minaron su relación con López Obrador, por lo que, en agosto, la comisionada renunció sin mayores explicaciones, si bien luego aclaró que dejó su cargo porque creía que con la búsqueda, más que depurar datos, se pretendía reducir las cifras (Barragán 2023). En respuesta, el mandatario la acusó de alterar el listado de desaparecidos para perjudicar su imagen (Mosso 2023). Días después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició un procedimiento administrativo contra Quintana, por “graves omisiones y negligencias” (Pérez 2023)[13].

5.2. Un ominoso panorama

El 14 de diciembre de 2023, la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, presentó los resultados de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. Según dijo, gracias a la confrontación de las bases de datos existentes, la eliminación de registros duplicados (2%) y un rastreo casa por casa y vía telefónica, se halló a 16.682 personas (15%), y se ubicaron —sin localizarse— otras 17.843. En cuanto al resto (56%, 62.112 personas), adujo que se carecía de datos suficientes para determinar su paradero. En total, de los 110.964 reportes de desaparición del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO), sólo se confirmó la ausencia del 11% (12.377 personas) (Presidencia de México 2023).

Estas cifras causaron una enorme sorpresa e indignación en los organismos de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas, ante lo que consideraron un burdo (y mal) disimulado intento de minimizar la tragedia que vive México pues, como lo señalaron diversas voces, tales números eran inverosímiles si se cotejaban con los recuentos previos[14], o con otros indicadores, por ejemplo, la cantidad de cadáveres sin identificar almacenados en las morgues del país, que de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi 2023), en aquel momento sumaban más de 49.005.

Ante las protestas, AMLO arguyó que la información presentada por la funcionaria había sido desvirtuada por sus adversarios; sin embargo, más allá de cualquier tergiversación, es innegable que el registro mostraba numerosos errores (Tzuc 2024a), como entradas duplicadas, datos equivocados o insuficientes y, sobre todo, la ausencia de muchos desaparecidos reportados por los colectivos de búsqueda:

Más de 260 personas desaparecidas figuran con una clasificación errónea en el censo de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. Casos mediáticos, víctimas que no han sido vistas desde la Guerra Sucia y personas cuyas familias informaron en las jornadas de búsqueda que no habían sido localizadas, están registradas como ubicadas, sin confirmar su identidad o sin datos que permitan hallar a quien reportó el delito (Tzuc 2024b).

Pese a las críticas, el régimen morenista continuó insistiendo en reducir el número de desaparecidos: el 13 de marzo de 2024, el presidente anunció la localización de “miles de personas”, gracias a que “se está haciendo una visita en todo el país casa por casa y se está avanzando” (Forbes 2024). Días más tarde, Alcalde informó que de “99.729 registros de personas desaparecidas o no localizadas”, sólo unas pocas (2,4%) fueron asesinadas, y únicamente en el 4,6% de los casos su desaparición se relacionaba “con delitos previstos en la Ley General en materia de desaparición forzada” (Escobar 2024).

Para Alcalde, la mayoría de las desapariciones (93%) obedecían a “ausencias voluntarias” (44,8%), problemas personales (36,6%), “enfermedad mental” (7,8%) o accidentes (3,1%) (Segob 2024). Las ufanas declaraciones de ambos fueron respaldadas por la entonces candidata oficialista a la presidencia, Claudia Sheinbaum, quien durante su campaña electoral afirmó que, si bien existían en el país varias regiones con problemas de inseguridad, “la verdad es que a donde vamos hay una alegría enorme, el pueblo de México quiere que continúe la Cuarta Transformación” (Pantoja 2024).

La bonhomía de Sheinbaum contrastaba con la cruenta realidad del día a día (Navarrete 2023; Diario de México 2024): en el sexenio 2018-2024, la tasa de homicidios fue la más alta de la historia reciente del país, según el Inegi y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Padgett 2024), dependencias que, para evitar cualquier subregistro, incluían en sus conteos tanto homicidios dolosos como culposos, ya que ciertos gobiernos estatales y municipales enlistaban muchos de los primeros entre los segundos para reducir las cifras (David et. al. 2017).

En los últimos meses de la administración lopezobradorista, las diferencias entre las autoridades y los colectivos de búsqueda se acentuaron, por sus quejas por la constante manipulación de los números oficiales: así, la activista Guadalupe Aguilar[15], declaró que “el gobierno mexicano (…) ha despreciado a las familias de los desaparecidos. Los gobiernos anteriores nos atendieron, pero este no nos recibe y, lo que es peor, simula que nos atiende” (EFE 2024). Otra lideresa, Ceci Flores[16], incluso acudió a Palacio Nacional para exigirle a AMLO que se hiciera responsable de las labores de búsqueda (Pérez 2024)[17].

En este sentido, nada describe mejor la indiferencia de AMLO respecto de los colectivos de víctimas como su decisión de enviar a un grupo de expertos y militares a Panamá para buscar la osamenta de Catarino Garza, personaje que a fines del siglo XIX se exilió en aquel país, tras liderar una fallida revuelta contra el dictador Porfirio Díaz. En otro contexto, la repatriación de los restos —que tuvo un costo de medio millón de dólares (Vázquez 2024)— quizás se entendería, pero en aquel momento, cuando miles de personas clamaban por sus muertos y desaparecidos, la misión fue vista como un frívolo despilfarro[18].

Como colofón, a pocas semanas del final del sexenio, la CoVEH presentó su informe final. Aunque el documento aporta abundantes —y valiosos datos— acerca de los delitos cometidos por las fuerzas del Estado, sus revelaciones quedaron opacadas por las notorias diferencias entre los comisionados y, sobre todo, por los esfuerzos del gobierno federal para ocultar una parte sustancial de los hallazgos (Nuño 2024). Lo anterior, provocó la molestia de varios colectivos de víctimas, entre ellos, el Comité ¡Eureka!, que públicamente reclamaron al MEH que incumpliera su compromiso de mostrarles el informe antes de presentarlo (Museo Casa de la Memoria Indómita 2024).

Comentarios finales

Tras el fin del régimen de partido único, los nuevos gobiernos crearon diferentes organismos para esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las corporaciones militares y policiacas y otros actores desde mediados del siglo XX. Sin embargo, hasta el momento tales intentos han tenido magros resultados, en buena medida por la resistencia de las instituciones de seguridad del Estado para entregar la información referente a dichos sucesos, pero también por los estrechos lazos que unen a muchos de los personajes que integran las distintas facciones de la clase política nacional[19].

Por lo anterior, puede decirse que, al llegar al poder, tanto la derecha como la izquierda abjuraron de sus promesas de esclarecer los actos represivos y los crímenes de lesa humanidad perpetrados en contra de numerosos colectivos y actores, por lo que para todo efecto práctico, pareciera que la creación de las Fiscalías y Comisiones ha respondido más bien a una estrategia de simulación, diseñada para apaciguar los reclamos de las víctimas y golpear políticamente a los adversarios de la administración en turno.

Lo anterior, explica acciones como la fallida consulta nacional “para enjuiciar a los expresidentes”, realizada en agosto de 2021, tras sortear una serie de contratiempos y desacuerdos con el Instituto Nacional Electoral y la Suprema Corte de Justicia. En el ejercicio —que tuvo un costo 25 millones de dólares— participaron poco más de 6,5 millones de ciudadanos, que votaron abrumadoramente a favor de que se juzgara a los exmandatarios. Pese a ello, AMLO se negó a iniciar cualquier procedimiento, alegando que el bajo porcentaje de participación (7,11% del padrón electoral) impedía llevar a cabo cualquier acción punitiva.

Más allá de la polémica que rodeó a la consulta, lo cierto es que el referendo puso punto final a la posibilidad de revisar el pasado reciente, pues como lo hicieron notar numerosos analistas, en los hechos, no existía impedimento legal alguno —salvo los del debido proceso— para que el gobierno de la autonombrada Cuarta Transformación fincara responsabilidades contra cualquier exfuncionario que en su momento hubiese violado la ley, independientemente de los resultados de la votación (Meza 2021, Sieff e Ibarra 2021).

En consecuencia, en México persiste una enorme opacidad en torno de lo sucedido en el pasado reciente, lo que además de favorecer la impunidad de los autores materiales e intelectuales de aquellos hechos, ha impedido llevar a cabo las acciones pertinentes para la reparación del daño y la recuperación de la memoria de las víctimas.

Para desgracia de los ciudadanos, el manto de oscuridad se extiende al presente, invisibilizando los delitos cometidos impunemente por las organizaciones criminales (asesinato, explotación sexual, secuestro, extorsión, piratería)[20] y los de ciertos entes privados (p. ej. empresas mineras, madereras y grupos paramilitares) que valiéndose de la disputa entre los cárteles y el Estado, se apoderan de áreas protegidas, contrabandean productos, saquean a comunidades enteras y atentan contra periodistas y defensores de los derechos humanos y el medio ambiente (Velázquez 2020).

Por todo lo anterior, no cabe que el diagnóstico más esclarecedor y contundente de la tragedia que vive el país, sea el del poeta y activista Javier Sicilia, que en su última “carta abierta” a López Obrador, dice:

México no necesita una transformación. La tuya hizo más hondo el horror y el fracaso del Estado. Tampoco el regreso, como pretende la oposición, a un Estado de derecho que sólo existe en su imaginación. Necesita —se lo dijimos a Calderón y a los partidos en 2011— una refundación. Para lograrlo, sería necesario aceptar que México y sus instituciones están capturados por el crimen organizado y dañados moral y políticamente de manera grave, que no hay, por lo mismo, el suficiente Estado para descapturarlas y sanarlas, y que la única alternativa —larga y dolorosa, pero con rumbo—, es una política de Estado basada en la justicia transicional (Sicilia 2024, 49).

Bibliografía

Aguayo, Sergio. 2016. En el desamparo. Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010) y Allende, Coahuila (2011). Ciudad de México: El Colegio de México.

Aguayo, Sergio. 1998. 1968. Los archivos de la violencia. Ciudad de México: Grijalbo.

Aguayo, Sergio y Treviño, Javier. 2007. «Fox y el pasado. Anatomía de una capitulación». Foro Internacional (4): 709-739.

Allier, Eugenia. 2009. «Presentes-pasados del 68 mexicano. Una historización de las memorias públicas del movimiento estudiantil, 1968-2007». Revista Mexicana de Sociología (2): 287-317.

Archivo Nacional de la Memoria. 2015. Registro unificado de víctimas de terrorismo de Estado 2015. Buenos Aires: Ministerio de Justicia.

Aristegui Noticias. 2025. «Suman 456 bolsas con restos humanos hallados cerca del estadio Akron, sede del Mundial 2026», 20 de noviembre. Acceso el 22 de noviembre de 2025: https://aristeguinoticias.com/2011/mexico/jalisco-suman-456-bolsas-con-restos-humanos-hallados-cerca-del-estadio-akron-sede-del-mundial-2026/

Aristegui Noticias. 2023. «Denuncian fracaso en apertura de archivos del Cisen ordenada por AMLO», 15 de agosto. Acceso el 25 de agosto de 2023: https://aristeguinoticias.com/1508/mexico/denuncian-fracaso-en-apertura-de-archivos-del-cisen-ordenada-por-amlo/

Aristegui Noticias. 2018. «Ofrece AMLO Comisión de la Verdad, con participación de ONU, para Ayotzinapa», 25 de mayo. Acceso el 5 de junio de 2018: https://aristeguinoticias.com/2505/mexico/ofrece-amlo-comision-de-la-verdad-con-participacion-de-onu-para-ayotzinapa/

Aznarez, Juan. 2000. «La izquierda mexicana acusa agotamiento», El País, 9 de julio.

BBC. 2019. «Ataque en Coatzacoalcos: al menos 26 muertos deja la detonación de bombas molotov en un bar en el sureste de México», 28 de agosto. Acceso el 10 de noviembre de 2023: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49493786

BBC. 2018. «México: AMLO se compromete con familiares de víctimas de Ayotzinapa a esclarecer lo sucedido con los 43 estudiantes», 27 de septiembre. Acceso el 10 de noviembre de 2023: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45664141

Bickford, Louis. 2004. «El fiscal especial y la justicia de transición en México». En Memoria. Seminario internacional: Comisiones de la verdad: tortura, reparación y prevención, 207-234. CDHDF.

Borjas, Adriana. 2003. «La campaña presidencial de Vicente Fox y el modelo propagandista de comunicación política». América Latina Hoy 33: 101-122.

Brito, Luis, Pérez, Wendy y Mónaco, Paula. 2023. «Casos traficantes de ADN: menos penas, más preguntas y una Fiscalía dinamitando la causa», Pie de Página, 4 de septiembre. Acceso el 14 de octubre de 2023: https://piedepagina.mx/caso-traficantes-de-adn-menos-penas-mas-preguntas-y-una-fgr-dinamitando-la-causa/

Buergenthal, Thomas. 1995. «La Comisión de la Verdad para El Salvador». Eca. Estudios Centroamericanos 50(563): 813-847.

Carmona, Sergio. 2024. «Denuncian secuestro de al menos 70 hombres en Frontera Comalapa, Chiapas», Vanguardia, 23 de agosto. Acceso el 1 de septiembre de 2024: https://vanguardia.com.mx/noticias/denuncian-secuestro-de-al-menos-70-hombres-en-frontera-comalapa-chiapas-PC13
000186

Cayuela, Ricardo. 2011. «La batalla de Monterrey». Letras Libres 154: 68-77.

Cedillo, Adela. 2021. «Operation Condor, The War on Drugs, and Counterinsurgency in the Golden Triangle (1977-1983)». Kellogg Institute. Acceso el 13 de octubre de 2025: https://kellogg.nd.edu/operation-condor-war-drugs-and-counterinsurgency-golden-triangle-1977-1983

Centro Nacional de Registro de Víctimas. 2017. La dictadura de Trujillo. Santo Domingo: Museo Memorial de la Resistencia Dominicana.

Centro Prodh. 2015. Tlataya a un año: la orden fue abatir. Ciudad de México: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.

Chacón, David. 2008. «Masacre de 1968. Culto a la impunidad y la persistente violación de derechos humanos». Desacatos 70: 395-410.

CIDH. 2022. Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa. Acceso el 18 de noviembre de 2023: https://www.oas.org/es/cidh/giei/ayotzinapa/mesa/docs/Informe_MESA_2022.pdf

Combes, Hélène. 2007. «La guerre des mots dans la transition mexicaine». Mots. Les langages du politique 85: 51-64.

Comisión de la Verdad y Reconciliación. 2003. Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lima: CVR.

Comisión de la Verdad para El Salvador. 1993. De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador. Nueva York: ONU.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. 2003. Rosendo Radilla Pacheco. Acceso el 20 de noviembre de 2023: https://cmdpdh.org/rosendo-radilla-pacheco/

Comisión Nacional de Derechos Humanos. 2022. Desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, Ayotzinapa. Acceso el 10 agosto de 2023: https://www.cndh.org.mx/noticia/desaparicion-de-43-estudiantes-de-la-escuela-normal-rural-raul-isidro-burgos-ayotzinapa-0

Comisión Nacional de Derechos Humanos. 2021. Se crea mediante decreto presidencial la Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990. Acceso el 17 de octubre de 2023: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2024-10/FRN_OCT_07-3.pdf

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. 1991. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Santiago: Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Comisión para el Esclarecimiento Histórico. 1999. Guatemala, memoria del silencio. Guatemala: ONU.

Comunicación Social. 2023. Servicios periciales y médico forenses. Ciudad de México: Inegi.

Coutiño, Gabriela. 2024. «Masacre en Chiapas: Asesinan a 20 hombres y los dejan en camión de volteo», Proceso, 1 de julio. Acceso el 11 de agosto de 2024: https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2024/7/1/masacre-en-chiapas-asesinan-20-hombres-los-dejan-en-camion-de-volteo-332080.html

Diario de México. 2024. «Sheinbaum presume experiencia en seguridad y promete mejorar resultados», 27 de febrero. Acceso el 7 de marzo de 2024: https://www.diariodemexico.com/mi-nacion/sheinbaum-presume-experiencia-en-seguridad-y-promete-mejorar-resultados

Díaz, Joel, Tiburcio, Patricia y Romero, Manuel. 2006. «¿Saliendo de la ambigüedad? La definición de terrorismo en el derecho internacional». Foro Jurídico 5: 195-200.

Díaz, Gloria. 2023. «Por falta de recursos renuncian expertos de la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia» Proceso, 9 de mayo. Acceso el 3 de junio de 2023: https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/5/9/por-falta-de-recursos-renuncian-expertos-de-la-comision-de-la-verdad-de-la-guerra-sucia-306717.html

Díaz, Gloria. 2022. «Renuncia Aleida García Aguirre a la Comisión de la Verdad y Justicia de la Guerra Sucia», Proceso, 27 de septiembre. Acceso el 7 de octubre de 2023: https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/9/27/renuncia-aleida-garcia-aguirre-la-comision-de-la-verdad-justicia-de-la-guerra-sucia-294073.html

Dutrénit, Silvia y Argüello, Libertad. 2011. «Una gestión atrapada: el caso de la Femospp». En La crisis de las instituciones políticas en México, coordinado por Fernando Castañeda, Angélica Cuellar y Edith Kuri, 111-144. Ciudad de México: UNAM.

EFE. 2024. «Fundadora de FUNDEJ: “El Gobierno mexicano desprecia a las familias de los desaparecidos”», Swiss Info, 13 de marzo. Acceso el 23 de marzo de 2024: https://www.swissinfo.ch/spa/fundadora-de-fundej%3A-el-gobierno-mexicano-desprecia-a-las-familias-de-los-desaparecidos/73685613

EFE. 2008. «Hallan 24 personas asesinadas en México por un tiro de gracia», RTVE, 13 de septiembre. Acceso el 20 de marzo de 2024: https://www.rtve.es/noticias/20080913/hallan-24-personas-asesinadas-en-mexico-por-un-tiro-de-gracia/155930.shtml

Escobar, Dalila. 2024. «Luisa María Acalde admite que hay casi 100 mil desaparecidos en México», Proceso, 18 de marzo. Acceso el 20 de abril de 2024: https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/3/18/luisa-maria-acalde-admite-que-hay-casi-100-mil-desaparecidos-en-mexico-325762.html

Espinosa, Gustavo. 1998. Caso ’68. Ciudad de México: Comisión Especial LVII Legislatura.

Expansión. 2022. «Esto es lo que se sabe de la masacre en San Miguel Totolapan, Guerrero», 6 de octubre. Acceso el 16 de octubre de 2023: https://politica.expansion.mx/estados/2022/10/06/masacre-san-miguel-totolapan-guerrero

Fernández, Juan. 2018. «La operación cóndor en los altos de Sinaloa: la labor del Estado durante los primeros años de la campaña antidroga». Revista Ra Ximhai 14(1): 63-84.

Ferri, Pablo. 2024. «El Cártel de Sinaloa se adjudica la matanza de 19 personas en Chiapas», El País, 2 de julio. Acceso el 20 de noviembre de 2024: https://elpais.com/mexico/2024-07-02/el-cartel-de-sinaloa-se-adjudica-la-matanza-de-19-personas-en-chiapas.html

FIDH, I(dh)eas y Colectivo Solecito de Veracruz. 2022. “Hasta encontrarlos”: desapariciones forzadas cometidas por fuerza pública en Veracruz son crímenes de lesa humanidad. París: FIDH.

Forbes. 2024. «AMLO asegura que han hallado a miles de personas con el nuevo censo de desaparecidos», 13 de marzo. Acceso el 23 de marzo de 2024: https://forbes.com.mx/amlo-asegura-que-han-hallado-a-miles-de-personas-con-el-nuevo-censo-de-desaparecidos/

Fuentes, Mauricio. 2023. «A 50 años del golpe de Estado en Chile: estadísticas que duelen». Escuela de Salud Pública. Acceso el 9 de octubre de 2023: https://saludpublica.uchile.cl/noticias/209580/a-50-anos-del-golpe-de-
estado-en-chile-estadisticas-que-duelen

Furszyfer, Jonathan, Gallegos, Jesús y David, Jimena. 2017. Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable. Ciudad de México: México Evalúa.

Galaviz, Tania. 2025. «Comisiones de la Verdad en México: análisis del diseño de mecanismos para el esclarecimiento histórico». Revista Latinoamericana, Estudios de la Paz y el Conflicto 6(11): 41-55.

Galaviz, Tania. 2023. «Foros escucha: fracaso —y olvido— de la justicia transicional en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)». Revista DYCS Victoria 5(2): 88-107.

Gibler, John. 2023. «La instrucción: cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa», Quinto Elemento Lab, 26 de septiembre. Acceso el 6 de octubre de 2023: https://quintoelab.org/project/ayotzinapa-gobierno-instruccion-investigacion-iguala-normalistas

Hernández, Luis. 2012. «Acteal: impunidad y memoria». El Cotidiano 172: 99-115.

Henríquez, Elio. 2024. «El 31 de marzo se cometió una masacre en pueblo de La Concordia, Chiapas: Frayba», La Jornada, 3 de abril. Acceso el 13 de abril de 2024: https://www.jornada.com.mx/2024/04/03/estados/030n3est

Hoy. Guardianes de la Verdad. 2011. «Más de 50 000 personas murieron víctimas de la dictadura de Trujillo», 18 de mayo. Acceso el 28 de mayo de 2023: https://hoy.com.do/el-pais/mas-de-50000-personas-murieron-victimas-de-la-dictadura-de-trujillo_362585.html

Human Rights Watch. 2006. El cambio inconcluso. Avances y desaciertos en derechos humanos durante el gobierno de Fox. Nueva York: Human Rights Watch.

Inegi. 2023. Servicios periciales y servicio médico forense 2023. Acceso el 20 de septiembre de 2023: https://imdhd.org/redlupa/repositorio/servicios-periciales-y-servicio-medico-forense-2023/

Lachica, Fabiola. 2021. «La masacre de Villas de Salvárcar (Ciudad Juárez). Un acontecimiento, tres figuras de víctimas». Papeles de Trabajo 27: 122-142.

Lorusso, Fabrizio. 2024. Informe sobre la situación de desapariciones, fosas clandestinas y fosas comunes en Guanajuato (2009-junio de 2024). Guanajuato: Universidad Iberoamericana.

Marroquín, Teresa. 2024. «La simulación de la justicia transicional y el estallido de la violencia criminal en México». Forum. Revista Departamento Ciencia Política 26: 55-80.

Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. 2023. Las formas del silencio: reporte a la sociedad mexicana de la situación que guarda la consulta de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Un caso de obstrucción a la verdad. Ciudad de México: MEH.

Mejía, Erandi. 2020. A la mano tendida la prueba de la parafina: memoria de la represión sobre el movimiento estudiantil mexicano de 1968, tesis de maestría. Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

Méndez, Alfredo. 2006. «Ex investigadores acusan a Carrillo Prieto de violar sus derechos laborales», La Jornada, 3 de marzo. Acceso el 13 de marzo de 2024: https://www.jornada.com.mx/2006/03/03/index.php?section=politica&article=028n1pol

Meza, Miguel. 2021. «El combate a la corrupción como excusa para deformar la democracia: un estudio del populismo anticorrupción del lopezobradorismo en México». Estudios 19(136): 57-81.

Mosso, Rubén. 2023. «AMLO acusa a Karla Quintana de alterar registro de personas desaparecidas», Milenio, 13 de noviembre. Acceso el 23 de noviembre de 2023: https://www.milenio.com/politica/amlo-acusa-karla-quintana-alterar-censo-desaparecidos

Museo Casa de la Memoria Indómita. 2024. Pronunciamiento del Comité ¡Eureka! Acceso el 25 de agosto de 2024: https://museocasadelamemoriaindomita.mx/2024/08/16/pronunciamiento-del-comite-eureka-2/

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. s/f. Víctimas. Santo Domingo: Gobierno de la República Dominicana.

Navarrete, Shelma. 2023. «Chocan datos del registro nacional y con el de la CDMX». Expansión, 30 de agosto.

Nuño, Analy. 2024. «Elimina Segob de su informe final violencias destapadas por la comisión de la verdad de la Guerra sucia». A dónde van los desaparecidos.

Observatorio de Memoria y Conflicto. 2023. El conflicto armado en cifras. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.

Olsen, Tricia, Payne, Leigh y Reiter, Andrew. 2010. Transitional Justice in Balance. Washington, DC: United States Institute of Peace.

Ordaz, Pablo. 2008. «Hallados en México 24 jóvenes rematados a tiros», El País, 13 de septiembre. Acceso el 15 de marzo de 2024: https://elpais.com/diario/2008/09/14/internacional/1221343203_850215.html

Padgett, Humberto. 2024. «Sexenio de AMLO acumula 94 muertos al día y se convierte en el más violento». Grupo Fórmula. Acceso el 19 de marzo de 2024: https://www.youtube.com/watch?v=2v3RSXdQynw

Pantoja, Sara. 2024. «Sheinbaum rechaza que haya miedo en el país». Proceso. Acceso el 29 de marzo de 2024.

Pérez-Laurrabaquio, Óscar. 2023. «Acercamiento estadístico a la desaparición de personas en México: guerra sucia y guerra contra el narcotráfico». Nexos. Acceso el 14 de febrero de 2024.

Pérez, Miguel. 2023. «CNDH denunciará administrativamente a Karla Quintana, ex titular de la CNB», Milenio, 23 de noviembre. Pérez, Samantha y Atuesta, Laura. 2016. Fragmentación y cooperación: la evolución del crimen organizado en México. Ciudad de México: CIDE.

Pérez, Wendy. 2024. «El desaparecido más importante para AMLO: drones, georradar y más de 9.5 mdp para buscar al general Catarino en Panamá», Animal Político, 16 de julio.

Presidencia de México. 2023. Estrategia de búsqueda del Gobierno de México logra localizar a 16 mil 681 personas reportadas como desaparecidas. Acceso el 16 de diciembre de 2024: https://amlo.presidente.gob.mx/estrategia-de-busqueda-del-gobierno-de-mexico-logra-localizar-a-16-mil-681-personas-reportadas-como-desaparecidas/

Proceso. 2007. «Se indaga a Carrillo Prieto por presunta invención de pruebas contra De la Barreda Moreno», 10 de abril.

Ruiz, Rocío. 2019. «México ¿la dictadura perfecta?». Amérique Latine Histoire et Mémoire 39: 1-14.

Sánchez, Evangelina y Rangel, Claudia. 2021. «La masacre genocida de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, México, 1995». Historia y problemas del siglo XX 14: 107-126.

Sarkin, Jeremy. 2021. «Why the Theory and Practice of Transitional Justice Needs to be Better Integrated in all Places around the World». AlMuntaqa 4(1): 39-55.

Secretaría Ejecutiva de la CNDH. 2024a. Matanza de León, Guanajuato, de cientos de ciudadanos que defendían su derecho a la democracia. Acceso el 20 de agosto de 2023: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2024-12/FRN_ENE_02-1.pdf

Secretaría Ejecutiva de la CNDH. 2024b. Matanza de partidarios del candidato oposicionista Juan Andreu Almazán en el Zócalo, violación del derecho al voto y a la democracia. Acceso el 14 de noviembre de 2024: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2024-06/FRN_JUL_07-3.pdf

Secretaría Ejecutiva de la CNDH. 2024c. Masacre de henriquistas en la Alameda. Defensa del derecho a la democracia del pueblo de México. Acceso el 14 de noviembre de 2024: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2024-06/FRN_JUL_07-2.pdf

Secretaría Ejecutiva de la CNDH. 2023a. Matanza de Tlatelolco, violación del derecho a la vida, a la libertad de reunión y a la expresión. Acceso el 20 de agosto de 2023: Ciudad de México: CNDH. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-10/FRN_OCT_02-1.pdf

Secretaría Ejecutiva de la CNDH. 2023b. Conmemoración de la Matanza del Jueves de Corpus, el “halconazo”, violación de los derechos de reunión, de asociación y de realizar protesta social. Acceso el 20 de agosto de 2023: Ciudad de México: CNDH. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2024-05/FRN_JUN_10-1.pdf

Secretaría Ejecutiva de la CNDH. 2023c. Masacre en El Charco, Guerrero: violación a los derechos humanos de libertad, protección judicial, integridad e igualdad ante la ley. Acceso el 20 de agosto de 2023: Ciudad de México: CNDH. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-05/FRN_JUN_07-2.pdf

Segob. 2024. Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján en conferencia matutina sobre búsqueda de personas desaparecidas. Acceso el 28 de abril de 2024: https://www.gob.mx/segob/prensa/version-esecretaria-de-gobernacion-luisa-maria-alcalde-lujan-en-conferencia-matutina-sobre-busqueda-de-personas-desaparecidas?idiom=es

Segob. 2021. Decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Ciudad de México: Gobierno de México.

Sicilia, Javier. 2024. «Te lo dijimos. Séptima carta abierta a López Obrador». Proceso 8: 48-49.

Sieff, Kevin e Ibarra, Alejandra. 2021. «Mexicans will vote on whether to prosecute former officials. Is it transitional justice or political theater?», The Washington Post, 31 de julio.

Siscar, Majo. 2014. «Los 20 desaparecidos en Veracruz que no están ni en las estadísticas», Animal Político, 3 de noviembre. Acceso el 28 de abril de 2024: https://animalpolitico.com/2014/11/los-20-desaparecidos-en-veracruz-que-aparecen-ni-en-las-estadisticas

Skaar, Elin. 1999. «Truth commissions, trials —or nothing? Policy options in democratic transitions». Third World Quarterly 20(6): 1109-1128.

Subsecretaría de Derechos Humanos. 2023. Plan Nacional de Búsqueda. Verdad y Justicia. Santiago: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Tirado, Ricardo. 2019. «Javier Sicilia como celebridad trágica y los performances del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad». Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales 237: 95-118.

Trejo, Guillermo, Albarracín, Juan y Tiscornia, Lucía. 2018. «Breaking state impunity in post-authoritarian regimes: Why transitional justice processes deter criminal violence in new democracies». Journal of Peace Research 55(6): 1-23.

Turati, Marcela. 2023. San Fernando. Última parada. Ciudad de México: Aguilar.

Tzuc, Efraín. 2024a. «Tiene censo de AMLO otros datos… equivocados». A dónde van los desaparecidos/Quinto Elemento Lab.

Tzuc, Efraín. 2024b. «Decenas de personas “localizadas” por el Gobierno siguen desaparecidas». A dónde van los desaparecidos/Quinto Elemento Lab.

Valadez, Alfredo. 2024. «Trece asesinatos en Zacatecas; suman 29 en 4 días», La Jornada, 9 de mayo.

Vargas, Sergio. 2024. « Entre insidia, desidia y perfidia: violencia y alternancia electoral (Veracruz, 2006-2024)». Política y Cultura 62: 11-32.

Vázquez, Itzel. 2020. Y por la tierra y la vida. Monte de Chila y el inmutable silencio (tesis de maestría) Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Vázquez, Olivia. 2024. «Ceci Flores, madre buscadora, llega a Palacio Nacional con una pala para AMLO», Infobae, 18 de marzo. Acceso el 28 de abril de 2024: https://www.infobae.com/mexico/2024/03/18/ceci-flores-madre-buscadora-llega-a-palacio-nacional-con-una-pala-para-amlo-si-no-me-recibe-lo-voy-a-perseguir/

Vela, David. 2024. «Termina el sexenio de AMLO con 199 mil 619 asesinatos, la cifra más alta en la historia reciente», El Financiero, 2 de octubre. Acceso el 23 de febrero de 2025: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2024/10/02/termina-el-sexenio-de-amlo-con-199-mil-619-asesinatos-la-cifra-mas-alta-en-la-historia-reciente/

Velázquez, Lucía. 2020. «La defensa del ambiente en México, ¿Cuestión de vida o muerte?». Diálogos Ambientales 1: 41-46.

Zalaquett, José. 1990. «Conceptualización del terrorismo: un punto de vista normativo». Revista IIDH 11: 39-72.

Zepeda, Mario. 2024. «Se cumplen 5 años de la masacre en el bar “Los Potros” ¡19 del 19 no se olvida!». Diario del Itsmo.

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