09_Deusto_Journal_HR-17_Kumar_Blazquez

Cómo citar / Citation: Kumar, Khushbu, M. Belén Blázquez y Belén Agrela-Romero. 2026. «Migración, identidad religiosa y derechos humanos: el caso de la población musulmana bangladesí en la India». Deusto Journal of Human Rights, n. 17: 229-258. https://doi.org/10.18543/djhr.3412

Resumen: Este artículo explora y examina la representación en los discursos de los partidos políticos de la India sobre la población migrante musulmana bangladesí en el país, ahondando en particular en la reciente retórica nacionalista hindú. Para ello, se analizan las retóricas discriminatorias, así como las prácticas sociopolíticas excluyentes, examinándolas desde una perspectiva crítica del discurso. Comienza contextualizando los principales acontecimientos políticos e históricos del sur de Asia, lo que permite comprender y situar los debates actuales sobre la inmigración musulmana bangladesí en la India. A continuación, analiza la Ley de Enmienda de la Ciudadanía (2019) para investigar el impacto sobre la religión como elemento de estratificación de los derechos de las personas migrantes musulmanas. Finalmente, destaca y ejemplifica brevemente la diversidad religiosa y la inclusión en los procesos políticos en aras de diseñar políticas públicas que no atenten contra los principios seculares de la Constitución.

Palabras Claves: Inmigración bangladesí musulmana, religiones, India, políticas públicas, islamofobia, autoritarismo hinduista.

Abstract: This article explores and examines the representation in the discourses of political parties in India about Bangladeshi Muslim migrants in the country, delving in particular into the recent Hindu nationalistic rhetoric. In order to do so, it analyses the discriminatory rhetorical questions as well as exclusionary socio-political practices and examine them through a critical discourse lens. It begins by contextualizing major political and historic events in South Asia that enable us to understand and situate the present-day debates regarding Bangladeshi Muslim immigration in India. Next, it analyses the Citizenship Amendment Act (2019) to investigate the impact on religion as a stratifying element of the rights of Muslim migrants. Finally, it briefly highlights and exemplifies religious diversity and inclusion in political processes in order to design public policies that do not violate the secular principles of the Constitution.

Keywords: Bangladeshi Muslim immigration, religions, India, public policies, islamophobia, Hindu authoritarianism.

Sumario: Introducción. 1. Claves del contexto histórico y político para entender el conflicto político actual con respecto a la inmigración bangladesí en la India.

Introducción[1]

En el contexto de la India, el debate sobre las dificultades de coexistencia con las personas inmigrantes está centralizado, fundamentalmente, en quienes proceden de los países (ahora) vecinos como Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka, Myanmar y Nepal que, hasta muy recientemente, fueron parte una misma entidad nacional. Aunque históricamente el Estado de la India se ha considerado como de “acogida segura” para las personas desplazadas que huyen de guerras y persecuciones de sus países, lo cierto es que la India no tiene una legislación nacional para proteger la figura jurídica del refugiado, ni ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los refugiados de 1951, ni el protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 (Vats 2025). Ello conlleva que no haya existido una normativa que proteja, ni aborde de manera integral la situación de esta población, y menos aún, los procesos de coexistencia e integración.

En su política reciente de gestión de inmigración destaca la Citizenship Amendment Act (en adelante CAA) aprobada en 2019, normativa que no diferencia claramente entre personas inmigrantes y refugiadas (Paliath 2025) sino que recoge que los poderes públicos simplemente administran y controlan la entrada y deportación de personas “extranjeras” así como los temas de ciudadanía. La ausencia de un marco exhaustivo y una categoría amplia de “extranjero” en esta ley perjudica directamente los derechos fundamentales de quienes se desplazan, chocando frontalmente con los protocolos internacionales de protección de los derechos de personas inmigrantes y refugiadas. En septiembre de 2025, ha entrado en vigor una nueva Ley de Inmigración y Extranjería (que desplaza a la Foreingers Acts de 1946[2]) que, en línea con los argumentos previos, busca consolidar el marco migratorio de la India con un sistema jurídico único y más integrado.

En el caso de las personas inmigrantes musulmanas bangladesíes, la falta de leyes orientadas hacia la integración social y el reconocimiento de los derechos humanos en coherencia con los derechos internacionales y universales, les impacta de una manera altamente desproporcionada. En los últimos doce años, desde que ascendió al poder gubernamental en 2014 el partido conservador Bharatiya Janata Party (BJP), se ha intensificado la filosofía del gobierno cuyo objetivo final pasa por la creación de una nación completamente hindú, cristalizando una jerarquía de derechos y beneficios para la población nacional de religión hindú y, por derivación, hacia inmigrantes hindúes en detrimento de la población musulmana.

El discurso político de este partido se concretó en el año 2019 con la ya mencionada aprobación de la CAA por el Parlamento. En dicha normativa, se aceleraba la concesión de la ciudadanía a población inmigrante perseguida por motivos religiosos que hubieran llegado al país con anterioridad a 2014, siempre y cuando no fueran musulmanes. Es decir, discriminaba a un grupo específico en beneficio de otro, chocando con el laicismo que define al Estado-nación indio en su Constitución de 1950. El BJP amenaza de este modo la protección de derechos e intereses de las personas inmigrantes musulmanas en tanto se les retrata como un “riesgo” para la seguridad nacional india, entrando en conflicto con partidos políticos como Indian National Congress (INC) y Communist Party of India-Marxist (CPI-M-) que favorecen la presencia de personas musulmanas. Ambas ideologías dan cuenta de las dificultades de una convivencia armoniosa entre unas y otras comunidades religiosas (Kalita 2017).

En los últimos años, la imagen a nivel internacional sobre la responsabilidad del Estado-nación de la India en relación al respeto y protección de los derechos humanos de las personas inmigrantes y refugiadas, particularmente musulmanas, se ha deteriorado significativamente. Organizaciones como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la Organización de Cooperación Islámica, la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional o Amnistía Internacional han compartido inquietudes acerca del aumento de islamofobia en la India y la violación de los derechos fundamentales de la población musulmana (Maizland 2024). Esto se ha materializado en políticas en las que las cuestiones relacionadas con la inmigración están centradas más en vigilar el número de las personas extranjeras que podían “aceptarse” en el país en función de su identidad religiosa y, no tanto, en formular un marco legal que ajuste los principios de secularismo y diversidad. Según los Artículos 2 y 13 de la Declaración de los Derechos Humanos (1984), toda persona posee el derecho de igualdad y el de disfrutar de sus derechos sin ningún tipo de discriminación por razones de raza, religión, sexo e idioma, así como la libertad de movimiento y residencia (Naciones Unidas 1948). El Estado es el organismo principal que debe garantizar la protección de los mismos y promover aquellas políticas públicas que favorezcan la inclusión de todas las personas, con independencia de si son ciudadanas nacionales, extranjeras o la religión que practiquen. Sin embargo, los intereses de partidos populistas, fundamentalistas y cada vez más islamófobos en la India están institucionalizando diversas formas de racismo oficial, distanciándose de una ideología y práctica política de coexistencia.

Teniendo en cuenta los principios seculares consagrados en la Constitución India (1950), y según las normativas internacionales de protección de los derechos de los grupos minoritarios, especialmente cuando refieren a la religión, resulta ineludible generar estudios que analicen cuestionando los decires y haceres de las organizaciones gubernamentales. Consideramos necesario plantear el caso indio para examinar los tipos de prácticas excluyentes hacia personas inmigrantes musulmanas, teniendo en cuenta que la India tiene 200 millones de población musulmana “propia”. Ello nos dará herramientas para comprender cómo se abordan en la India temas relacionados con la islamofobia. En este sentido, resulta muy revelador analizar las nociones de representación de inmigrantes musulmanes bangladesíes por la política conservadora y percatarse de cómo los estereotipos islamófobos contra habitantes musulmanes indios no distan tanto de lo que está ocurriendo en otros contextos mundiales. En síntesis, estimamos pertinente analizar si las normativas de la política conservadora hindú, junto con las prácticas excluyentes hacia quienes son migrantes musulmanes bangladesíes, podrían estar infringiendo el acceso a los derechos humanos, promoviendo una discriminación religiosa y una cristalización cada vez más estructural de las desigualdades.

Con este artículo aportamos nuevos elementos que permiten conocer este contexto geográfico, que sigue siendo un gran desconocido en algunos entornos académicos y sociales occidentales, teniendo en cuenta la escasez de la literatura que intersecciona la noción de musulmaneidad como retórica de exclusión en la India, especialmente referida a la población bangladesí. Varios autores han analizado la presencia de inmigrantes bangladesíes en la India discursada como problema; Shamshad (2017) se ha centrado en los discursos nacionalistas sobre esta población migratoria; Ramachandran (2019) ha analizado las retóricas excluyentes y las representaciones a través de las categorías de “ilegal” o ”infiltrados”, así como la política xenofóbica de los partidos conservadores hindúes en la India; Samaddar (2012) ha ahondado profusamente sobre las fronteras, los contextos históricos y culturales entre Bangladesh y la India así como sobre la ciudadanía india.

Todo lo anterior nos ha llevado a examinar el papel que tiene el aspecto religioso como retórica de exclusión de las personas inmigrantes musulmanas y las dimensiones históricas y estructurales que explican el modelo de no coexistencia democrática actual. Se parte de un análisis crítico de la gobernanza con la inmigración como herramienta interdisciplinaria para determinar cómo el auge de la islamofobia afecta perjudicialmente a migrantes musulmanes, y más concretamente, a bangladesíes. En el caso de la India, la religión, el origen étnico y el idioma son componentes significativos del Estado-nación y de la identidad nacional, en consecuencia, la noción inmigratoria siempre ha estado altamente politizada (Shamshad 2017).

Para acercarnos a este análisis, en primer lugar, desde una perspectiva poscolonial e historiográfica se contextualiza y analiza el debate actual a partir de ciertos eventos históricos relevantes para poder después comprender la realidad en la que acontece la inmigración específica de musulmanes bangladesíes. Para ello, se enmarcan las referencias claves a partir del marco histórico-político reciente de la construcción del Estado-nación. Además, desde el 2018 al 2025, mediante el análisis de contenido, hemos registrado discursos de alto impacto de diversos políticos relevantes del BJP, tomándolos como muestra de “tecnologías políticas” (Shore y Wright 1997) por su poder para construir “realidades” sobre las que se gobierna. Las categorías de análisis de las narrativas han sido codificadas usando el software Voyant Tools. A continuación, se destacan y examinan las prácticas de exclusión de esta comunidad de inmigrantes a través de ejemplos cotidianos, acciones excluyentes y sus impactos en estos sectores de población, centrándonos en el periodo que abarca desde 2019 a 2024. Se dedica una especial interpretación analítica sobre la CAA (2019) para evidenciar el peso significativo que la política pública contemporánea india otorga a la religión en la gestión de la inmigración. Finalmente, concluimos reflexionando sobre las formas en las que, en este contexto concreto, se podría pensar en procedimientos para administrar la diversidad en sentido inclusivo, así como de coexistencia, en relación a las personas inmigrantes musulmanas en la India.

1. Claves del contexto histórico y político para entender el conflicto político actual con respecto a la inmigración bangladesí en la India

Históricamente, desde 1858 hasta 1947, se conoció como India británica al régimen colonial instaurado por el imperio británico que englobaba a Bangladesh, India y Pakistán (Ambedkar 1940). Posteriormente, en 1947, fue particionado e independizado, dando lugar a la creación de los Estados soberanos de la India y Pakistán. El propósito final fue crear dos naciones separadas: 1) India, con una población de mayoría religiosa principalmente hindú, que incluía también otras comunidades religiosas; y 2) Pakistán, con una población mayoritariamente musulmana. El país de Bangladesh (conocido entonces como el East Pakistán) era parte de Pakistán, con una población fundamentalmente de religión musulmana pero étnicamente Bengalí, cuyo idioma bengalí era similar al Estado vecino indio de Bengala Occidental. Sin embargo, en 1971, con el apoyo de la India, Bangladesh se liberó de Pakistán, constituyéndose como un país independiente. Debido a los estrechos vínculos histórico-políticos entre la India y Bangladesh, en un primer momento, se produjo un desplazamiento poblacional: entre 7,5 y 8,5 millones de personas refugiadas emigraron a la India (ACNUR 1972) lo que posteriormente se convertiría en un enfrentamiento entre ambos países (Ranjan 2016).

Sin embargo, el inicio de esta migración se remonta a la época británica, cuando los enclaves de Dhaka y Calcuta se instituyeron como centros de empleo y demanda de mano de obra, periodo en el que estas regiones estaban unificadas (Rajan 2023). La Bengala unificada experimentó dos particiones: primero, en 1905, por la administrativa colonial británica, que afirmó dividirla por ser sumamente vasta para ser gestionada (aunque los políticos indios lo consideraron como una forma de “dividir y gobernar”, particularmente personas hindúes y musulmanas). Estas regiones fueron reunificadas en 1911 gracias a los movimientos nacionalistas indios. La segunda partición en 1947, acometida por el gobierno británico, dividió de forma permanente la Bengala unificada en dos regiones: Bengala Occidental (actualmente el Estado de la India) y Pakistán Oriental (actualmente Bangladesh) (Shamshad 2017).

La frontera internacional denominada Radcliffe Line, nombrada así por Cyril Randcliff, el encargado de delimitar la línea divisoria entre la India y Pakistán (y Bangladesh actual), se extiende a lo largo de 4.095 kilómetros en los que bifurca Bangladesh y cinco Estados indios —West Bengal, Assam, Tripura, Mizoram y Meghalaya—, de los cuales existen 1.500 kilómetros de frontera vallada. Es considerada como una zona fronteriza inmensamente “porosa”, al ser un terreno geográfico agreste con zona ribereña y forestal que dificulta el proceso de cercado, lo que posibilita, a menudo, el tránsito de personas, al tiempo que constituye una de las preocupaciones políticas más disputadas y relevantes entre ambos países (Nanda 2005).

Una vez fronterizados los territorios, la que antes fuera considerada como migración interna, tras la partición de 1947 se transformó en migración internacional al convertirse en un desplazamiento entre fronteras internacionales entre la India y Pakistán Oriente y, posteriormente, en 1971, entre los soberanos países de la India y Bangladesh (Van Schendel 2005). Todo ello se materializó en una confrontación entre la religión hindú y la musulmana, siendo el centro de varios debates en la región, con amplia incidencia en la geopolítica del Sur de Asia desde la partición de la India británica (Ghosh 1993). Las formas ideológicas y políticas de entender la existencia de “dos mundos religiosos” opuestos y enfrentados ha tenido importantes consecuencias directas sobre la vida social y política de las personas musulmanas en la India, reforzando tanto su marginalización, como la invisibilización de los problemas de otras comunidades religiosas en la región.

Una de las herencias más significativas del dominio del imperio británico fue el fomento de la tensión entre ambas comunidades religiosas. En este sentido, los distintos censos británicos realizado entre 1871-1872, 1891 y 1911, clasificaron a la población india según la religión que profesaban, la casta a la que pertenecían o el género (Essa 2023) dando lugar a una comunidad, la hindú, mayoritaria y, por oposición, la musulmana como minoritaria. Desde este momento, la pertenencia al país empezó a ser considerada en términos de identidad religiosa (Samarendra 2008). El historiador Gilmartin (2015) destaca cómo los intereses de las élites políticas indias del Indian National Congress y de los líderes de Muslim League contribuyeron a reforzar las (enfrentadas) identidades culturales. Junto a esta contienda política, las interpretaciones sobre “la partición” se centraban predominantemente en los debates sobre los conflictos religiosos entre hindúes y musulmanes, así como en la división territorial, ignorando que la religión también tuvo un papel vital para formar el sentimiento de pertenencia y reivindicar los derechos de ambos. Tanto el imperio británico como los partidos políticos actuales han politizado el uso de la musulmaneidad para sus beneficios políticos y electorales, siendo igualmente la génesis del conflicto actual entre estas comunidades religiosas. El hecho político de “la partición” junto con la pretensión del comunalismo[3] religioso son interpretados por historiadoras e historiadores enfocados predominantemente en los debates sobre nacionalismo, secularismo y sucesión; sin embargo, apenas abordan el rol de la religión en “la partición” para articular los derechos y formar identidades (Samaddar 2012).

Desde “la partición”, la religión en la geopolítica del sur de Asia constituye un aspecto crucial para decidir la pertenencia a un país, controlar las movilidades de las personas entre los países, y abordar temas de ciudadanía. Después de los años de la independencia, los partidos nacionalistas hindúes, el Jana Sangh y, más tarde el Bharatiya Janata Party, se sirvieron de la violencia anti musulmana para dividir a las masas y fortalecer el “banco de votos” hindú, lo que alimentó principalmente los disturbios entre hindúes y musulmanes en la política india (Jaffrelot 2010)[4].

En el momento actual, estas retóricas de exclusión basadas en la religión siguen vigentes directamente conectadas con la ideología de la supremacía hindú, manifestándose en el rechazo hacia las personas musulmanas, especialmente de origen bangladesí. Este debate toma cuerpo en la conocida como “la cuestión de la infiltración”, aludiendo a las personas inmigrantes bangladesíes que aparecen en las campañas electorales de los partidos políticos indios como Aam Aadmi Party (AAP), Bharatiya Janata Party (BJP) o el Shiv Sena. Noción de infiltración que evoca al (supuesto) riesgo e inseguridad que la presencia de bangladesíes musulmanes implica para la nación india (Sengupta 2025). Aunque el BJP postula dejar atrás las diferencias creadas por la historia de “la partición”, en las líneas políticas propuestas por el partido, las perspectivas sobre las poblaciones migrantes musulmanas siguen siendo instrumentalizadas a partir de este hecho histórico (Gilmartin 2015). A nivel nacional, los miembros de estos partidos han politizado la narrativa de la inmigración bangladesí de manera xenófoba y discriminatoria, como forma de obtener rédito en la consecución de más votos de la población hindú de la India.

Dentro de la ideología política del nacionalismo hindú (Hindutva), quienes son musulmanes son considerados como “extranjeros”, y desde que decidieron establecer un país separado de Pakistán en 1947 con la mayoría musulmana, se les representan como “traidores” o “desleales” (Maizland 2024). En este sentido, ha habido múltiples incidentes en los que las personas musulmanas se ven obligadas a entonar el eslogan hindú de “Jai Shree Ram” (Salve Señor Ram) para evidenciar su lealtad a la India o proporcionar documentos relevantes para verificar su ciudadanía india durante la protesta de la CAA de 2019. La exteriorización reiterada de su sumisión hacia el Estado es una constante para ser aceptados (Apoorvanand y Gogoi 2019). Es decir, de partida se les piensa desde la otredad, la deslealtad, el colectivo intruso que está en un territorio aspirando a unos derechos que no les son propios. Los impactos y la influencia de las divisiones consolidadas con las fronteras religiosas persisten hoy en día en la vida cotidiana, tanto a nivel social como político. Estas maneras de pensar se cristalizan en prácticas socio-políticas de discriminación y marginación rutinaria, como se muestra, por ejemplo, en los anuncios de alquiler de pisos cuando frecuentemente se advierte: “Sólo para vegetarianos”[5]. En consecuencia, en este contexto geográfico tan particular, resulta esencial revisar las políticas públicas de coexistencia religiosa y reflexionar sobre propuestas innovadoras que posibiliten una gestión de mayor apertura sobre las múltiples aristas que confluyen y conviven en la diversidad en la India.

En el argumentario político de la inmigración india, el componente religioso es cada vez más abiertamente central; cuando se trata de aceptar mano de obra, se favorece a quienes son inmigrantes hindúes porque los sesgos / preferencias / exclusiones e islamofobias interseccionan en busca de un perfil ideal de inmigrante que no es el musulmán. No por menos, a la hora de aceptar o rechazar a inmigrantes por los regímenes, así como el acceso a la ciudadanía, influyen de manera interseccional el idioma, la religión compartida y/o la verificación de la afinidad étnica (Weiner 1992). Asimismo, en los Estados de Assam, Bengala Oeste y Tripura, donde el tema de migración bangladesí no tenía un ángulo religioso, en los últimos años se han postulado especialmente contra quienes son musulmanes bangladesíes. Por ejemplo, el Estado de Assam en India recibe a un número mayor de inmigrantes bangladesíes frente a otros Estados indios, lo que les sirve de justificación para alarmar sobre el tema de la pérdida de identidad cultural y lingüística y el poder político de la población indígena respeto a la migración bangladesí como un elemento prioritario.

Por tanto, el elemento religioso, si bien históricamente ha dominado el marco político en la India, en el escenario político actual se están radicalizando y magnificando tanto en la forma de los discursos retóricos peyorativos como en las normativas y prácticas regresivas.

2. Inmigrantes musulmanes en la nación Hindú: Las retóricas sobre la “infiltración” que legitiman las exclusiones

“After conducting an X-ray of your wealth, they will distribute it to infiltrators—Bangladeshi infiltrators, Pakistani infiltrators, or any other Muslim infiltrators”[6] (Yogi Adityanath 2024)

En el mitin electoral de la asamblea de Jharkhand (21 de mayo de 2024), el Jefe del Gobierno Estatal de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, acusó al partido del Congreso Nacional Indio de querer, si llegaban al poder, imponer impuestos sobre los bienes de la población india para distribuirlos luego entre quienes se consideran como “infiltrados” que procedían de Bangladesh, Pakistán o musulmanes en general. Este argumentario es sólo uno de los muchos ejemplos de un discurso de odio dirigido a personas musulmanas, donde se declara abiertamente el sentido xenófobo del movimiento “manifestación anti-extranjeros” de Assam (1979-1985)[7]. En estos dos últimos años se ha popularizado este discurso y a nivel político se ha perdido el miedo a verbalizar abiertamente contra la inmigración desde la islamofobia.

En 1990, el BJP incorporó la cuestión de quienes siendo inmigrantes bangladesíes estaban en situación irregular como asunto religioso, etiquetando a inmigrantes hindúes como “refugiados” y a inmigrantes musulmanes como “infiltrados” (Lin y Paul 1995). El término militar de “infiltrado” (Bhaumik et al. 2020) resulta sumamente embaucador, en tanto se les piensa desde lo bélico, el enemigo, o el que viene a usurpar lo que le es ajeno. Argumentario que, en los últimos años, se dirige muy específicamente hacia bangladesíes musulmanes. El uso de este tipo de términos en los discursos políticos busca destacar la diferencia del aspecto religioso (musulmaneidad) asociada con la “ilegalidad” y la infidelidad al territorio soberano indio; en suma, se les muestra como una amenaza nacional “alarmante”. El prejuicio histórico hacia el Islam forma parte del imaginario colectivo de la sociedad india y el Estado, especialmente desde los partidos políticos de ultraderecha, quienes sobredimensionan las amenazas percibidas como reales, tanto en términos de seguridad, como sociales, económicos y, muy especialmente, culturales.

En consecuencia, el miedo se traduce en la formulación de políticas de inmigración, tanto de control de fronteras como de integración, que legitiman las diversas prácticas de exclusión que se han ido institucionalizando (Weiner 1992). Los discursos de amenaza adquieren formatos donde se hiperbolizan los estereotipos que rodean la figura de las personas inmigrantes musulmanas bangladesíes, a quienes se les nombra como “avalancha musulmana”, “ilegales”, “indocumentados”, “terroristas”, “invasión musulmana silenciosa”, “ciudadanos no deseados de Bangladesh” o “colonos silenciosos” (Ramachandran 1999). Estas proclamas islamofóbicas perfilan nociones de otredad, de fanatismo descontrolado, de guerrilla organizada que de forma sigilosa pareciera ser el mayor peligro del Estado nación y la explicación de todos los problemas internos. Las estigmatizaciones desde donde se les retrata (véase Imagen 1), asociadas a ser víctimas de scapegoats o chivos expiatorios de delitos y desempleo, tratados como criminales que necesitan ser vigilados y boicoteados por los grupos religiosos hindúes, empiezan a consolidarse como prácticas habituales (Jafri 2021). Estos discursos políticos les deshumanizan y les desproveen del reconocimiento de derechos, además genera hostilidad en la sociedad civil, dando lugar a la confrontación como herramienta para forjar el miedo que refuerzan unas políticas de rechazo y sirven como instrumento de los gobiernos para no tener que rendir cuentas. Esta creación de prejuicios, justificando la exclusión social y política, no sólo repercute en el comportamiento de la población musulmana india, sino, sobre todo, en la vida cotidiana de las personas inmigrantes musulmanas.

Imagen 1.

Graffiti en las calles de Shaheen Bagh en la protesta de Shaheen Bagh

Fuente: Elaboración Propia[8]. Nueva Delhi, 5 enero de 2020.

Estas proclamas de marginalización y exclusión política sistemática son propias de los partidos políticos de derecha, como el BJP, y de centro, como el AAP (Mahmudabad 2020). En este sentido, el AAP muestra cada vez con frecuencia más creciente y de manera manifiesta una postura antiinmigrante, que se concretó en el 2024 en la institución de la vigilancia, identificación y abstención de matrículas de “los y las inmigrantes ilegales bangladesíes” en las escuelas gubernamentales en Delhi (Sengupta 2025). Restringir el acceso a la educación es una violación de un derecho primordial que impacta sobre la diversidad cultural en las escuelas, que consolida y perpetua la amenaza, real o percibida, a poder ser sujeto deportable. La racionalización de adoptar una legislación y unas prácticas sociales más estrictas para reforzar la seguridad y la fronterización en el acceso a los recursos públicos de la migración bangladesí musulmana en pro de la “seguridad nacional” se convierte en el motivo fundamental de los discursos políticos (Das y Anisujjaman 2022). Tanto quienes son inmigrantes musulmanes como quienes son musulmanes indios son objetos de exclusión y segregación a través de prácticas rutinarias como la violencia de las turbas por los hindúes que atacan a “los otros” en espacios públicos; el boicot económico de sus negocios; las campañas de demolición de las chabolas y la destrucción por las autoridades locales de las tiendas de negocios de inmigrantes musulmanes; los reiterados discursos políticos de odio o el linchamiento por consumir la carne de vaca (Paul 2022; Faisal 2025b).

En este sentido nos encontramos con “los excavadores de justicia”, como expresión empleada por los críticos, activistas y periodistas (Mahmudabad 2022) para referirse a las excavadoras que utiliza la policía hindú para la demolición de las propiedades de personas musulmanas inmigrantes. Estos tractores no son solo máquinas de destrucción palpables, sino que también atribuyen la representación simbólica de quien detenta el poder para desmantelar y hacer patente una política de odio y control hacia musulmanes por el BJP (Pradhan 2022). Aunque hay una diferencia entre el musulmán bengalí (persona cuya etnia es bengalí, que profesa la religión del islam, pero que no es necesariamente indio) y un inmigrante musulmán de habla bengalí de Rajastán o Bengala Occidental (que habla el idioma bengalí y es musulmán y son indios), el Estado nación indio con frecuencia considera a ambos como “bengadesís ilegales” y los etiqueta por igual como “infiltrados” (Gurmat 2025). En consecuencia, por añadidura a la destrucción de sus viviendas y posterior deportación de bangladesíes sin el debido proceso legal, quienes son musulmanes indios igualmente se convierten en los chivos expiatorios de estas medidas, quedándose sin hogar y apátridas. En el caso particular de las mujeres, ellas se ven aún más “atropelladas”, si cabe, dado que suelen tener a personas dependientes a su cargo, a menudo con discapacidades y frecuentemente menores no acompañados.

El supuesto aumento constante de la población musulmana es también una razón esgrimida por el nacionalismo hindú para controlar, al servirse del miedo a convertirse en una minoría en la India (Paul 2022). Estas consideraciones derivan de la Hindutva, la ideología dedicada a promover el nacionalismo hindú y la unidad nacional, los valores que se imaginan como propios del Estado, y el dominio y posición de jerarquía de las personas hindúes en la India. Uno de sus objetivos principales es establecer una nación (rashtra) hindú. Sus proponentes pretenden marginalizar a la comunidad musulmana mediante la erradicación del Islam, a cuyos practicantes les consideran como “invasores” (Khan y Lutful 2021).

Al igual que el nacionalismo étnico europeo, el nacionalismo hindú centra la identidad nacional en elementos religiosos, lingüísticos y raciales, basándose en el aforismo “hindú, hindi e Indostán” (Ansari 2016). El partido político nacional de BJP, que está en el gobierno central desde 2014, y el partido político regional de Shiv Sena, son los que sustentan la ideología política de Hindutva. “Un tema recurrente dentro de la retórica del BJP ha sido describir los sufrimientos de todos los hindúes en Bangladesh en términos de atrocidades violentas infligidas por «fanáticos» musulmanes, restricción de la observancia religiosa y políticas oficiales de discriminación y comunalismo” (Gillan 2002, 84). Aunque quienes practican el Islam forman la minoría más grande en la India, según las retóricas de ambos partidos políticos conservadores, no son “los hijos de la tierra” porque, aunque pudiera parecer que se han asimilado con la población mayoritaria hindú, la realidad es que la India no está pudiendo integrar a la población musulmana de manera efectiva, tal como ocurre en Europa, Australia y/o Estados Unidos en cuanto a la inclusión y protección de los derechos de la personas musulmanas (Khan y Lutful 2021).

Ante este panorama, la India afronta un reto significativo para proteger y promover los derechos de las minorías y las personas inmigrantes, debiendo abordar los temas de desigualdad, discriminación social e institucional que ponen en peligro la diversidad cultural y religiosa, siendo competencia estatal la gestión de esta diversidad desde un reconocimiento de derechos e implementando políticas públicas que faciliten una coexistencia pacífica. Existe, por tanto, una necesidad de generar prácticas sociales de inclusión tanto a nivel estatal como regional y local para evitar la imposición de la hegemonía de la mayoría hindú a nivel político, ideológico, social y legislativo. No obstante, para comprender el momento actual y las maneras en las que las políticas públicas gestionan la diversidad cultural y religiosa, resulta imperativo partir del análisis de la CCA (2019) que sirve de soporte para la acción social pública en materia de inmigración, pero también como andamiaje para reflexionar sobre las posibles opciones / contribuciones / acciones para pensar en la inmigración desde otros ángulos más inclusivos y posibilitar una coexistencia de la pluralidad religiosa en la India.

3. La política pública y la Citizenship Amendment Act 2019

La India, tras “la partición” e independencia optó por el principio de ius soli para conceder la ciudadanía india, rechazando el principio de ius sanguini y fundamentando la ciudadanía en los valores de la soberanía, el socialismo, el laicismo, la democracia, la justicia, la igualdad, la libertad y la fraternidad, sin favorecer una raza o etnia particular. Sin embargo, a partir de la década de los 80 este enfoque reformista se tornó cada vez más excluyente (Jayal 2019b) como ahora se expondrá.

La Citizenship Act de 1955 se decretó dentro del marco del artículo 11 de la Constitución india, e incluía ambas provisiones, ius soli e ius sanguinis, para conceder la ciudadanía. Esta normativa ha sido enmendada posteriormente en cinco ocasiones: en 1986, 1992, 2003, 2005 y 2016. Hay una sexta y última formulación, la que tuvo lugar en diciembre de 2019, promovida por el entonces presidente de la India y miembro del BJP, Ram Nath Kovind, cuyo gobierno aprobó una enmienda que establecía que las personas que llegaron a la India antes del 31 de diciembre de 2014, y que pertenecían a una de las comunidades hindú, sij, budista, jainista, parsi o cristiana de los países de Afganistán, Bangladesh o Pakistán, no serían consideradas como inmigrantes “ilegales” y se les concedería la ciudadanía india por la vía rápida (CAA 2019).

A través de esta enmienda, se otorgaba el reconocimiento de la ciudadanía, y el acceso a los derechos que ello comportaba, mediante un proceso de “naturalización” de su condición de extranjería, reduciendo la consideración de la misma de un período de 11 a 5 años, siempre que pudieran demostrar que eran nacionales de esos países. Por consiguiente, se favoreció la integración por vía legal de ciertas comunidades religiosas a quienes se les otorgó el privilegio de la ciudadanía en base a la nacionalidad y la religión profesada. El gobierno central liderado por el BJP justificó en sus discursos públicos la necesidad de esta rectificación afirmando que respondía a un interés nacional por proteger los grupos minoritarios —hindú, sij, budista, jainista, parsi o cristiana— en los países de Afganistán, Bangladesh o Pakistán (los cuales decían padecer una persecución religiosa por la mayoría musulmana). Si bien la ley en sí no contiene las palabras “persecución” o “perseguido”, el gobierno central garantizó que otorgaría la ciudadanía india a las comunidades religiosas perseguidas (Malik 2020). Todo ello, sin olvidar también que la enmienda de 2003 (Ley de Ciudadanía) introdujo el requisito de la religión que se profesaba de manera encubierta, afectando a la minoría musulmana inmigrante de una forma desproporcionada. Dicha enmienda establecía que una persona nacida en la India no podía aplicar para la nacionalidad si uno de sus progenitores era inmigrante “ilegal”. Esta cláusula impactó directamente sobre las personas inmigrantes musulmanas, dado que la mayoría de los bangladesíes en la India son musulmanes, y les convirtió en inelegibles para obtener la ciudadanía india. Esta medida fue impulsada por el Ministro del Interior, L.K. Advani, figura prominente del BJP, el cual advirtió en varias ocasiones que había entre 15 y 20 millones de bangladesíes en la India, retratándolos como una amenaza a la seguridad nacional, y fomentando “ansiedades demográficas” sobre la migración bangladesí en el país (Moodie 2010).

Igualmente, Advani presentó en el marco legal de 2003 el National Register of Citizens (NRC), una base de datos oficiales que contenía datos demográficos de todas las personas que cumplían con los criterios para registrarse con ciudadanía de la India, según la Citizenship Act de 1955. Bajo el gobierno de Nehru esta medida política había sido implementada por primera vez en Assam con datos del censo de 1951, pero el proceso de “actualización” está basado en el Acuerdo de Assam de 1985. Este acuerdo incorporaba al NCR a la ciudadanía que pudiera demostrar que ella o sus antepasados vivían allí antes de la medianoche del 24 de marzo de 1971. El objetivo del mismo era “detectar” inmigrantes “ilegales”, pensado especialmente en inmigrantes bangladesíes. Dicho acuerdo, aunque aparentemente dio fin al enfrentamiento que había originado esta normativa, no lo hizo con las problemáticas derivadas de la obligación de identificación de la población inmigrante (Sufian 2022) Aunque esta medida todavía no ha sido aplicada en el resto de la India, buscaba sentar la base legal para un NCR a nivel nacional, (India Today Web Desk 2019) convirtiendo al registro oficial de la ciudadanía india en situación legal en una herramienta de control social puesto que, el gobierno, tendría un poder discrecional para demandar a cualquier persona ciudadana india que acredite su ciudadanía legal mediante el suministro de documentos que cumplan con los requisitos legales. Todo ello, con el supuesto fin de demostrar si se es una ciudadana “auténtica”, o en el caso contrario, estar descalificada por completo (Bhatia 2019).

En consecuencia, la población musulmana estaría más desprotegida (a pesar de que algunas de ellas procedían de minorías perseguidas como eran la ahmadíes y los hazares en Pakistán), al colocarla en una posición desigual, con mayores posibilidades para ser declarada como “ilegal” en el proceso de NRC. Dicha población no podría solicitar la nacionalidad india por medio de la CAA 2019, a diferencia de personas de las comunidades religiosas hindú, sij, budista, jainista, parsi o cristiana. En este sentido, bajo el NRC, si una persona hindú (inmigrante) es declarada “ilegal”, aún podría obtener la nacionalidad india a través de las normas de CAA; sin embargo, una persona musulmana (inmigrante) que no logre evidenciar su estatus legal ya no sería elegible bajo la CAA (Khan 2020).

A través de la interconexión de estas dos políticas, el NRC y la CAA, el gobierno indio estructura el orden migratorio mediante una concepción autoritaria y fundamentalista basada en el privilegio del hinduismo excluyente. La política del NRC está enfocada a la autenticación y acreditación de la ciudadanía, mientras que la CAA se focaliza en determinar la ciudadanía de una persona según la nacionalidad de sus ascendientes y no según su lugar de nacimiento. Por ambos lados, las personas inmigrantes musulmanas quedarían despojados del derecho a la ciudadanía[9]. Es decir, las dos disposiciones no tienen las mismas consecuencias para hindúes y musulmanes, ya que quienes son hindúes que no están incluidos en el NRC, tienen ciertos privilegios y protección al poder solicitar la ciudadanía bajo la CAA. En tanto la enmienda de 2019 no menciona específicamente a las comunidades musulmanas, el texto escrito apunta a su exclusión sistemática e institucional de la obtención de la ciudadanía india. En este sentido, según la CAA de 2019, en su Tercer Anexo, cláusula (d) recoge que: “Siempre que, para la persona perteneciente a la comunidad hindú, sij, budista, jainista, parsi o cristiana en el Afganistán, Bangladesh o el Pakistán, el período total de residencia o servicio del Gobierno en la India, según lo exigido en esta cláusula, será, como «no menos de cinco años», en lugar de «no menos de once años».

Este fundamentalismo religioso por el que se rige la política de inmigración e integración en la India, que excluye por “naturaleza” a los grupos inmigrantes musulmanes, se ha enfrentado a muchas críticas por parte de la comunidad académica, personas expertas legales y organizaciones de derechos humanos, encontrándose incluso con protestas a gran escala por parte de la ciudadanía en todo el país (véase Imagen 2 y 3). La creación tan abierta de una no-ciudadanía de segunda clase provoca innumerables dificultades en la vida cotidiana de quienes son pensados desde la ajenidad. El no reconocimiento de la diversidad religiosa deviene en una imposibilidad para generar un contexto social de convivencia.

Imagen 2.

Protesta en el centro de Nueva Delhi contra CAA.

Fuente: Elaboración propia. Nueva Delhi, 5 enero de 2020.

Las personas declaradas “ilegales”, quienes tampoco pueden tramitar la solicitud para la ciudadanía india bajo la CAA, adicionalmente pierden el derecho a residir en el territorio indio, sin otras alternativas legales. El gobierno no informó sobre el procedimiento a seguir de aquellas personas que no se podían amparar en estas dos opciones, convirtiendo a parte de la ciudadanía india de estas comunidades religiosas en ciudadanos de segunda clase (Jayal 2019a). En el caso de Assam, ya mencionado anteriormente, se evidenció la exclusión de casi dos millones de habitantes locales (Bhaumik et al. 2020). De igual manera, si el NRC y la CAA se implementaran a nivel nacional, millones de personas quedarían apátridas, sin que el gobierno haya especificado qué ocurriría con las personas que no podrían solicitarla nuevamente. Por tanto, serían expulsables del país o recluidos en campos de detención, como algunas noticias que se propagaron esos días afirmaban. Este tipo de exclusión jurídica dejaría un segmento poblacional legítimo en una situación de indefensión, creando un entorno de miedo a la detención, ansiedad por perder sus derechos fundamentales e incertidumbre constante sobre su futuro como residentes legales indios. Ello, a pesar de haber podido nacer en el país o que sus antepasados hubieran sido nacionales indios desde hace siglos (Mohammad-Ari y Naudet 2021).

Una de las muestras más evidentes de las dificultades que supone esta enmienda de 2019 para la integración y convivencia se refiere a su entrada en conflicto directo con diferentes artículos de la Constitución India (1950) que defienden y garantizan la salvaguardia de los principios seculares básicos como la ley suprema del país, tales como el Artículo 5 de la Constitución de la India, que establece que “…al comienzo de la Constitución, toda persona que tuviera domicilio en la India y (a) que hubiera nacido en el territorio de la India; o (b) cualquiera de cuyos progenitores hubiera nacido en el territorio de la India; o (c) que haya residido habitualmente en el territorio de la India durante no menos de cinco años antes de dicho comienzo, será ciudadana de la India”. La CAA invalida este artículo basándose únicamente en el requisito de la religión que se centra en los derechos de la población mayoritaria y excluyente de las minorías, en vez de aplicar los valores de pluralismo, inclusión y progresividad de la Constitución.

Además, la CAA entra en conflicto directo con el artículo 14 que garantiza igualdad ante la ley, la protección legal y la prohibición de discriminación arbitraria contra todas las personas, lo que incluye tanto a la ciudadanía como a la población inmigrante y extranjera en el territorio indio. Expresamente menciona que “el Estado no negará a ninguna persona la igualdad ante la ley ni la igual protección de la ley dentro del territorio de la India”. En este mismo sentido, el artículo 21 refiere que “ninguna persona será privada de su vida o de su libertad personal excepto de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley”. Por tanto, existiría de nuevo una contradicción entre ambas normativas porque este artículo prohíbe despojamiento de los derechos fundamentales, en este caso, la negación de los derechos de libertad, dignidad y detención de la población musulmana sin un procedimiento legal y justo.

De estos tres artículos de la Constitución se puede establecer que: a) la ley contraviene el principio de ius soli para otorgar la ciudadanía de la Constitución india, que es la ley suprema del país, y b) la ley no brinda las mismas oportunidades a personas refugiadas musulmanas alejándolos de la obtención de la misma protección y derechos, lo que en última instancia restringe su libertad personal. Aunque el cambio del principio de ius soli al principio de ius sanguini para otorgar la ciudadanía no es un hecho reciente y ha estado presente parcialmente desde la enmienda de 1986 de la Ley de Ciudadanía, es la primera vez que la cuestión religiosa se define explícitamente de manera normativa, reforzando el argumentario de no otorgar la ciudadanía en función del nacimiento, sino del linaje. Así, la CAA es inequitativa e inconstitucional considerando que la regla del ius sanguinis reemplaza la regla del ius soli para conferir la ciudadanía, en la que la población musulmana o judía está directamente excluida. Adicionalmente, dicha ley demuestra la priorización a un solo tipo de persecución, la religiosa, e ignora otros tipos de violencias. Asociando, además, solo con tres países dicha persecución, a saber: Afganistán, Pakistán y Bangladesh (Parthasarathy 2020).

Las justificaciones para dar refugio a las personas que huyen de las persecuciones religiosas presentadas por el BJP para aprobar la CAA, en un primer momento, parecen favorables y humanitarias para cualquier comunidad minoritaria y con arreglo a los valores seculares de la Constitución India. Por ejemplo, Amit Shah, Ministro de Interior de la India, en una entrevista el diciembre de 2019 afirmó que, aunque “Pakistán, Bangladesh y Afganistán no forman parte de la India hoy debido a su población musulmana, creo que es nuestra responsabilidad moral y constitucional dar refugio a quienes fueron de Akhand Bharat y sufrieron persecución religiosa” (The Federal 2024). Esta aseveración, que pareciera ser un gesto amable por ayudar a personas que fueron parte de la India antes de “la partición” de “Akhand Bharat” (una India unificada con India, Pakistán, Afganistán, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Tibet, Myanmar, Sri Lanka, y Maldivas), excluye a las personas musulmanas como merecedoras del mismo derecho a protección e igualdad, ya sea en aplicación de las leyes, de la ideología hindú conservadora o de los discursos de odio. Pese a su tono benevolente, la ley omite la persecución religiosa; esta falta de transparencia e incongruencia con el discurso genera sospechas sobre su fin real. En conclusión, la ley no adopta un enfoque inclusivo, coherente ni igualitario para otorgar la ciudadanía y su criterio explícito de religión no tiene precedentes, creando una jerarquía de concesión de derechos, y contradiciendo los valores seculares de la Constitución india. Como resultado, hay cambios fundamentales marcados en la forma en que se formulan las leyes de ciudadanía y migración en el contexto actual, centrándose fuertemente en la religión.

Imagen 3.

Cartel en la protesta cerca del Jantar Mantar en Nueva Delhi contra CAA: “La gente unida jamás será vencida”

Fuente: Elaboración Propia: Nueva Delhi, 5 enero de 2020.

Conclusiones

La relación entre el nacionalismo hindú y la inmigración musulmana en la India de personas procedentes de Bangladesh es una muestra más de cómo los autoritarismos y grupos populistas de extrema derecha están fomentando discursos de odio y exclusión que dificultan el desarrollo de políticas públicas que favorezcan la coexistencia democrática. El escenario, aunque más desconocido para las sociedades occidentales o los estudios migratorios que se centran en los fundamentalismos judeocristianos, como muy acertadamente reflexiona Javier de Lucas (2021, 18), tiene “puntos de coincidencia entre la ideología reaccionaria neocon de Steve Bannon y algunos otros ideológicos de Trump, y la que manifiestan grupos populistas de extrema derecha en Europa, del Rassemblemnt National de Le Pen (antiguo Front National) a Alteernative für Deutshland (AfD) y Vox, pasando por la Lega Nord o Fratelli di Italia, Fidesz en Hungría o Prawo i Sprawiedliwosc (PiS) en Polonia”. Incorporar una visión más globalizada sobre cómo estamos asistiendo a este giro autoritario a nivel mundial nos permite obtener claves con respecto a cómo pensar herramientas para la coexistencia entre poblaciones que profesen diversas religiones. Dichas herramientas serán un elemento no sólo necesario, sino imprescindible para poder diseñar políticas públicas que den respuestas desde una perspectiva comparada.

La mayoría de los estudios se enfocan en las implicaciones negativas y el auge de grupos inmigrantes bangladesíes en India, sin embargo, no analizan sobre la genealogía del uso de ciertos términos, como “infiltrados” referidos hacia la comunidad religiosa musulmana. La naturalización de estas retóricas está tan interiorizada, tan poco cuestionada, incluso en los momentos actuales, que no se debate, sino que se asume que son régimen de verdad y proclamas que instituye el gobierno. Tanto como lo son las políticas públicas diseñadas e implementadas a partir de estas ideas, cargadas de discriminación e islamofobia, pero justificadas en aras de mantener la seguridad frente al “otro”, al identificado como el enemigo.

Las normativas y los discursos políticos son artefactos poderosos para la construcción de identidades jerárquicas que posibilitan los extrañamientos, los pensamientos que dan lugar a conductas de miedo, resentimiento y de institución del “otro” musulmán bangladesí como no merecedor siquiera de estar en el territorio que habita. Estos discursos políticos populista de la derecha sobre los extrañamientos de los bangladesíes musulmanes también influyen en el sentido común de la sociedad y la forma de referirse a ellos cuando se discursa la migración de procedencia bangladesí. Además, muchos trabajos académicos sobre la migración bangladesí siguen utilizando categorías como “ilegal”, “infiltración”, “irregular” o “indocumentado” y estos estudios también contribuyen e influyen en nuestro entendimiento de quién es un inmigrante bangladesí. Perpetuando, de este modo, su exclusión social, al tiempo que justificando y reforzando lo recogido en las normas de forma indirecta. Es ineludible estudiar los casos que destacan la convivencia entre la comunidad hindú u otras comunidades religiosas y la comunidad musulmana inmigrante bangladesí para demostrar la diversidad existente entre varios grupos religiosos en la India, en contraste a lo que afirman los retóricos de los políticos conservadores y fortalecer los principios de la Constitución india que promueve respetar el secularismo. Por ejemplo, el 15 de diciembre de 2019, el barrio mayoritario musulmán de Shaheen Bagh en Delhi, empezó con una protesta pacífica sentada, liderada por las mujeres musulmanas principalmente, que manifestaron contra el nuevo reglamento de CAA y reivindicaron su revocación, así como parar la implementación de NRC. El movimiento empezó en un barrio apenas conocido; sin embargo, pronto empezó a atraer participantes de toda la India, de todas las religiones y la protesta se convirtió en un símbolo de la representación del pluralismo y el secularismo de la India (véase Imagen 4). Durante la protesta la gente preparaba chai y discursaba sobre la política, había periodistas famosos, activistas que daban charlas sobre la Constitución india, la CAA, los derechos de las personas indias y/o el secularismo (Faisal 2025a).

Además, había música, poesía, grafiti, las personas participantes y voluntariado suministraban medicamentos, mantas y comida entre las personas que se quedaban todo el día y la noche debajo de las carpas, en el frío. La manifestación que comenzó el 15 de junio de 2019 terminó en marzo de 2020 debido a la declaración de confinamiento en toda la India por la pandemia del COVID-19, y duró unos 100 días en total. Aunque el movimiento terminó, se convirtió en un hito significativo e inspiró otros movimientos similares en la India. Junto a demostrar la celebración y la posibilidad de la coexistencia de diversas identidades religiosas en espacios ordinarios, la protesta también nos recordó el feminismo interseccional donde las mujeres indias han asumido un papel fundamental en los movimientos sociales y políticos. En resumen, protestas así son claves fundamentales para pensar en cómo incluir las perspectivas de la diversidad en una democracia impura y la reivindicación de un pluralismo inclusivo de las organizaciones gubernamentales.

Estudios sobre la coexistencia en zonas como la de Shaheen Bagh también facilitarán comprender las implicaciones e influencias que pueden tener los discursos políticos hacia el público y las prácticas de exclusión en la sociedad actual hacia la población musulmana. A nivel legal, es imprescindible analizar la coherencia entre los discursos y el derecho escrito, por ejemplo, en el caso de CAA, el gobierno en los discursos orales justificó la necesidad de enmendarlo para proveer ciudadanía india a la población inmigrante que huyen de la persecución religiosa de los países vecinos de la India. Sin embargo, el derecho escrito no los menciona.

Imagen 4.

Protesta en Shaheen Bagh manifestando contra CAA, liderado por mujeres de Shaheen Bagh

Fuente: Elaboración propia, Nueva Delhi, 5 enero de 2020.

Por otro lado, la introducción del aspecto religioso en la legislación sobre migración de la CAA y el otorgar la nacionalidad según la identidad religiosa de una persona inmigrante y no mencionar la comunidad musulmana, hace que la ley no proporcione una oportunidad equitativa a toda esa población, realizando una marginalización sistemática y una exclusión institucional. La CAA viola derechos fundamentales recogidos en la Constitución india y no se alinea con la conducta internacional de incluir e integrar a las personas inmigrantes musulmanes bangladesíes. Además, las disposiciones de la ley favorecen solo un tipo de persecución religiosa, agregando de forma activa e insistente el marco religioso de aceptar o rechazar a la población inmigrante. Es decir, hay una necesidad de examinar la CAA, enfatizando el rol de la religión en su modificación para no limitar a la comunidad musulmana en sus derechos. La enmienda debe incluir otras comunidades religiosas excluidas como las musulmanas de los países vecinos, las Rohingyas y Ahmadiyyas, buscando así lograr una integración y la compasión en consonancia con los valores primordiales del secularismo de la Constitución y de la práctica internacional. Mientras las políticas públicas que se diseñen e implementen en la India hacia la población inmigrante vengan definidas por la religión que se profese y no por la necesidad de dar protección y salvaguardar los derechos humanos de estos ciudadanos y ciudadanas, estas no permitirán la convivencia entre las distintas comunidades que conforman el país. El juego de las mayorías seguirá imponiéndose a esas minorías mediante el uso del miedo al extranjero, de las llamadas a no permitir lo diferente y, por tanto, a obviar la riqueza derivada de las diversidades culturales y la pluralidad religiosa.

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[1] Texto escrito mediante la discusión compartida de todos los apartados, incluida la redacción de los contenidos, el diseño de la estructura, la introducción y las conclusiones. Khushbu Kumar lidera el punto primero como especialista en La India y Bangladesh, con el primer soporte de Belén Blázquez desde la Ciencia Política y el segundo apoyo de Belén Agrela desde su especialización en los Estudios Migratorios. La parte 2 del texto está trabajado principalmente por Khushbu Kumar y Belén Agrela como experta en migraciones. La parte 3 está elaborada por Khushbu Kumar y Belén Blázquez como experta en políticas públicas.

[2] Junto a esta normativa, también sustituye la Ley de Pasaportes de 1920, la Ley de Registros de Extranjeros de 1939 y la Ley de Inmigración (Responsabilidad de los Transportistas) de 2000.

[3] Se entiende por comunalismo la violencia estructural física, moral y simbólica contra musulmanes.

[4] Es importante mencionar los sucesos acaecidos el 6 de diciembre de 1992, cuando el BJP (junto al partido Vishva Hindu Parishad) movilizó a un gran número de población hindú, la cual atacó y demolió la mezquita Babri Masjid del siglo XVI en Ayodhya, argumentando que era el lugar donde se encontraba el templo del Dios Rama. Este hecho permitió al citado partido político convertirse en la segunda fuerza política del país provocando numerosos enfrentamientos interreligiosos con más de 2000 muertos. En septiembre de 2024, el primer ministro, N. Modi, inaugura el templo de RAM, construido donde estaba la mezquita de Babri (a iniciativa del BJP).

[5] En la India se produce una identificación entre el vegetarianismo y la identidad cultural hindú, al ser considerado como un indicador de los valores tradicionales hindúes. Asociando, de este modo, el consumo de carne con minorías religiosas y grupos marginados.

[6] “Después de hacer una radiografía de tu riqueza, la distribuirán entre los infiltrados: infiltrados bangladesíes, infiltrados pakistaníes o cualquier otro infiltrado musulmán” (traducción propia).

[7] El resultado fue la aprobación de la Illegal Migrants Determination by Tribunal (IMDT) en 1983 para controlar la inmigración “ilegal” bangladesí en el Estado.

[8] Las imágenes forman parte del trabajo de campo realizado por K. Kumar durante su estancia de investigación en el 2020.

[9] Es importante resaltar que las persecuciones hacia la población musulmana se realiza hacia todas las comunidades que profesan dicha religión, no sólo la bengalí.

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