Deusto Journal of Human Rights

Revista Deusto de Derechos Humanos

ISSN: 2530-4275 • ISSN-e: 2603-6002

DOI: https://doi.org/10.18543/djhr

No. 10/2022

DOI: https://doi.org/10.18543/djhr102022

Abuelas de Plaza de Mayo y la búsqueda de los niños apropiados: repertorios de acción y estrategias políticas en dictadura y democracia

Abuelas de Plaza de Mayo and the search for appropriated children: repertoires of contention and political strategies in dictatorship and democracy

Fabricio Laino Sanchis[1]

Universidad de Buenos Aires; Universidad Nacional de José C. Paz

DOI: https://doi.org/10.18543/djhr.2626

Fecha de recepción: 05.09.2022
Fecha de aceptación: 12.11.2022
Fecha de publicación en línea: diciembre de 2022

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Cómo citar/Citation: Laino, Fabricio. 2022. «Abuenas de Plaza de Mayo y la búsqueda de los niños apropiados: repertorios de acción y estrategias políticas en dictadura y democracia». Deusto Journal of Human Rights, No. 10: 185-210. doi: https://doi.org/10.18543/djhr.2626.

Sumario: Introducción. 1. La apropiación de niños y niñas como parte del plan sistemático de desaparición de personas. 2. De «madres-abuelas» a Abuelas de Plaza de Mayo. 3. Las búsquedas en posdictadura y las articulaciones con el Estado. 4. De las «leyes de impunidad» a los años 2000. Reflexiones finales. Referencias bibliográficas.

Resumen: En este artículo nos proponemos abordar los orígenes y el desarrollo histórico del activismo de Abuelas de Plaza de Mayo, organización argentina de defensa de los derechos humanos que brega por la localización, identificación y restitución a sus familias biológicas de los niños y las niñas apropiadas por las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la última dictadura en ese país. Nos detendremos en la conformación histórica de la organización, primero como un grupo dentro de Madres de Plaza de Mayo y luego como una asociación independiente. Analizaremos las tácticas y el repertorio de acción que sus integrantes desplegaron durante la vigencia del régimen militar para buscar a sus nietos y nietas e instalar la denuncia de su desaparición, a nivel nacional e internacional. Por último, abordaremos cómo fue cambiando el repertorio de acción y discursivo de la organización desde la posdictadura hasta los años 2000.

Palabras clave: Historia reciente argentina, movimiento de derechos humanos, abuelas de Plaza de Mayo, apropiación de niños y niñas, derecho a la identidad.

Abstract: In this paper we propose to address the origins and historical development of the activism of Abuelas de Plaza de Mayo (Grandmothers of the Plaza de Mayo), an Argentine human rights organization that advocates for the location, identification and restitution to their biological families of children appropriated by the Armed and Security Forces during the last dictatorship in that country. We will look at the historical conformation of the organization, first as a group within Madres de Plaza de Mayo and then as an independent association. We will analyze the tactics and repertoire of action that its members deployed during the military regime to search for their grandsons and granddaughters and to denounce their disappearance, both nationally and internationally. Finally, we will address how the organization’s repertoire of action and discourse changed from the post-dictatorship period until the 2000s.

Keywords: Recent Argentine history, human rights movement, children appropriation, right to identity, grandmothers of the Plaza de Mayo.

Introducción

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no gubernamental argentina que se conformó durante la dictadura militar que gobernó de facto el país entre 1976 y 1983. Durante el régimen militar (y antes aún de su ascenso al poder), alrededor de 500 niños y niñas, descendientes de militantes políticos y sociales perseguidos y secuestrados, fueron apropiados por agentes de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, o bien entregados a familiares y allegados, que los inscribieron como hijos propios o los adoptaron mediante procedimientos fraudulentos. Estos infantes perdieron todo vínculo con sus familias biológicas y crecieron sin conocer sus verdaderos orígenes. Dentro del conjunto de organismos que se crearon para denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, Abuelas de Plaza de Mayo se conformó con el fin específico de localizar a estas criaturas apropiadas y lograr su devolución a las familias biológicas. A lo largo de más de cuatro décadas, las estrategias, el repertorio de acción y el discurso de la organización fueron variando, pero su activismo se ha mantenido vigente. Gracias a su lucha, más de un centenar de personas (hoy ya adultos) han podido conocer sus orígenes y reencontrarse con sus familias biológicas.

En este artículo nos proponemos abordar la conformación y el desarrollo histórico del activismo de Abuelas de Plaza de Mayo en pos de la localización, identificación y restitución a sus familias biológicas de esas personas apropiadas en su infancia. En primer lugar, veremos de qué manera este reclamo llegó a convertirse primero en una denuncia específica dentro del espectro de demandas de los familiares de las víctimas de la última dictadura militar y luego en una causa de acción colectiva institucionalizada dentro del movimiento de derechos humanos argentino. En este sentido, nos detendremos en los orígenes de Abuelas de Plaza de Mayo, primero como un grupo dentro de Madres de Plaza de Mayo y luego como una organización independiente. Analizaremos, en segunda instancia, las tácticas y el repertorio de acción desplegado por este grupo durante la dictadura para buscar a sus nietos y nietas e instalar la denuncia de su desaparición, a nivel nacional e internacional. Por último, abordaremos cómo fue cambiando el repertorio de acción y discursivo de la organización en la posdictadura. Veremos, en particular, la articulación con diferentes agencias estatales para el impulso de políticas públicas, la instalación del ámbito judicial como arena de batalla para lograr las restituciones y las transformaciones que diferentes coyunturas políticas y el propio tránsito temporal produjeron en sus estrategias.

Para abordar estos objetivos, el artículo propone una metodología cualitativa de tipo historiográfica, basada en el relevamiento, sistematización y análisis crítico de fuentes. El corpus se compone de fuentes escritas publicadas e inéditas de factura muy heterogénea: documentos públicos e internos de Abuelas de Plaza de Mayo y de otras organizaciones afines, correspondencia privada entre activistas y organismos de derechos humanos (nacionales y extranjeros), artículos de prensa, leyes y normativas y causas judiciales, entre otros. Estas fuentes escritas se complementan con testimonios de activistas y colaboradores de la organización, algunos realizados por el autor y otros consultados el Archivo Oral de la Asociación Civil Memoria Abierta (AO-MA) y el Archivo Testimonial del Programa de Derechos Humanos de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (AT-PDH-BNMM).

Nuestro análisis se enmarca dentro de una consolidada tradición de investigación que analiza en clave de movimiento social las luchas por la defensa de los derechos humanos durante la última dictadura, que se prolongaron en la posdictadura. Este campo de estudios, inaugurado por las investigaciones sociológicas de Sonderéguer (1985), González Bombal (1987) y Jelin (1995), ha tenido una importante renovación desde los estudios históricos en los últimos 15 años, que han planteado nuevas preguntas, formulado novedosos enfoques y recalibrado las dimensiones de análisis, para atender a las dinámicas locales y supranacionales (Zubillaga 2016; Alonso 2021). En esta línea interpretativa, retomaremos diferentes herramientas conceptuales provenientes de los estudios sobre los movimientos sociales, sin pretensiones de adscribir a un marco teórico unívoco y en la medida que resultan un utillaje productivo para captar diferentes dimensiones de un proceso sociohistórico complejo.

1. La apropiación de niños y niñas como parte del plan sistemático de desaparición de personas

La última dictadura militar en Argentina desplegó una represión clandestina de dimensiones y características novedosas. Su accionar estuvo dirigido fundamentalmente a la desarticulación y exterminio de las organizaciones de izquierda, armadas y no armadas, pero también a lograr un disciplinamiento de la sociedad en su conjunto. Si bien hundió sus orígenes en las modalidades y tecnologías de represión estatal y paraestatal desplegadas en los años previos, «en su escala y sus resultados, la represión durante la dictadura militar se diferenció cualitativamente de lo que había acaecido en la primera mitad de la década de 1970» (Águila 2013, 7). La represión fue planificada y coordinada de manera central por las cúpulas militares y luego ejecutada de manera descentralizada (y con cierto grado de autonomía) por las diferentes Fuerzas Armadas y de Seguridad, que se repartieron el territorio del país en zonas y subzonas. El elemento distintivo de este plan represivo fue la desaparición forzada de personas como práctica sistemática, a través de una red de más de 700 centros clandestinos de detención, tortura y extermino desplegados por todo el país.

Este plan represivo también implicó de forma recurrente la apropiación de los hijos e hijas de los militantes que eran secuestrados. En particular, fue sistemática la sustracción de bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres, que habían sido secuestradas embarazadas. Este crimen implicó a personal militar y de las fuerzas de seguridad, pero también a numerosos individuos y organismos civiles. Médicos, parteras, jueces e instituciones de la minoridad estuvieron involucrados en distinta medida y fueron una pieza clave para la consumación del delito. Más allá de que existieron diferencias regionales y entre centros clandestinos de detención, por su magnitud, regularidad y comisión en el marco del plan de exterminio, la justicia ha considerado que la apropiación de niños y niñas fue un delito cometido de manera sistemática (Iud 2013).

La apropiación de niños y niñas estuvo vinculada, en primer término, con la naturaleza misma de la represión. Su carácter clandestino hacía necesario negar los secuestros y ocultar el destino de los detenidos y desaparecidos. En términos operativos, esto resultaba incompatible con el retorno de los niños que nacían en cautiverio a sus familias biológicas, ya que significaba asumir ante ellos que la madre estaba viva y en manos de las fuerzas. Ahora bien, considerando que muchos niños que no habían nacido durante el cautiverio de sus madres también fueron apropiados, debemos trascender lo estrictamente operativo y analizar los fundamentos de esta práctica.

Así como los militares justificaban la represión ilegal, la tortura y las desapariciones como parte de una «guerra contra la subversión» en defensa de la Nación y de un «modo de vida occidental y cristiano» que se hallaba amenazado por un «enemigo apátrida», también justificaron la apropiación como un acto de salvación de los niños del supuesto peligro, abandono, odio y desamor a los que estaban expuestos con sus familias biológicas. En este sentido, consideraban que la mejor opción era la separación de los niños de sus padres. De esta manera, no solo se hacían de un «botín de guerra» muy preciado (que en varias ocasiones transformaban en mercancía, al venderlo dentro de las redes de tráfico de niños preexistentes) sino que también, al alejarlos de sus malas madres y familias, se aseguraban de convertirlos en lo que para ellos serían «verdaderos argentinos» (Villalta 2012; Regueiro 2013).

Ramón Camps, ex jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y encargado de numerosos centros clandestinos de detención por donde pasaron mujeres detenidas embarazadas y se perpetraron decenas de apropiaciones, expresó claramente estos preceptos ante la prensa española en 1984:

Personalmente no eliminé a ningún niño, y lo que hice fue entregar a algunos de ellos a organizaciones de beneficencia para que les encontraran nuevos padres. Los subversivos educan a sus hijos para la subversión. Eso hay que impedirlo (citado en Mosches 1997, 239)

Las palabras de Camps nos muestran no solo el fundamento ideológico que rigió a los militares en la apropiación de niños, sino también la participación de otros actores e instituciones pertenecientes a la esfera de lo civil, que oficiaron de intermediarios en la entrega de los niños a otras familias. Las investigaciones científicas y judiciales sobre este delito develaron que su ejecución se asentó sobre dispositivos y mecanismos burocráticos preexistentes del campo de la minoridad. El manejo discrecional del destino de menores catalogados como «abandonados» y la disposición de su adoptabilidad con escasa investigación acerca de sus orígenes y sus familias biológicas eran prácticas frecuentes entre los juzgados e instituciones de menores mucho tiempo antes de la llegada de la dictadura (Villalta 2012; Regueiro 2013). La apropiación ilegal de menores que llevó adelante la dictadura se articuló con este entramado burocrático al punto tal que, muchos años después y ya en un contexto democrático, estas apropiaciones fueron difíciles de deshacer. Y no solo en términos jurídicos. Las ideas salvacionistas con que los militares encubrieron la apropiación de niños se basaban en imaginarios muy similares y socialmente instalados, según los cuales las adopciones, regulares o irregulares, constituían un acto de bondad al salvar niños que se encontraban en estado de abandono, ya sea económico o afectivo, por parte de sus familias. Desligar ante los ojos de la sociedad estos significados asociados a la adopción de lo que fue el delito de apropiación fue una tarea larga y ardua para quienes emprendieron la búsqueda y demandaron la restitución de estos niños a sus legítimas familias (Quintana 2016).

2. De «madres-abuelas» a Abuelas de Plaza de Mayo

El 17 de mayo de 1978, el Buenos Aires Herald, un diario editado en inglés con una línea liberal crítica de la represión ilegal (Díaz 2009), publicó una breve nota titulada «“Abuelas” buscan niños desaparecidos», que presentaba la denuncia de un grupo de trece mujeres que buscaban a su nietos o nietas. Doce de las trece «solo saben que sus hijas o sus nueras estaban embarazadas cuando desaparecieron». La decimotercera, María Isabel Chorobik de Mariani, era la única que «sabe con certeza que es abuela», aunque todos sus esfuerzos para localizar a su nieta habían sido fútiles: «pedidos de habeas corpus, averiguaciones en las comisarías y los cuartales no han aportado ninguna pista sobre el paradero de la bebé»[2]. Era la primera vez que la prensa argentina hablaba de la «desaparición de niños»[3]. Las treces mujeres mencionadas eran activistas de Madres de Plaza de Mayo (en adelante, Madres), una organización creada por madres y otros familiares en abril de 1977 para denunciar la desaparición de personas. Delia Giovanola, una de ellas, señalaba en una entrevista reciente cómo se dieron los primeros pasos para conformar dentro de Madres un grupo específico para buscar a esos niños:

Empezamos a notar que por los nietos no estábamos haciendo nada, que la búsqueda de los nietos tenía que ser distinta. En la plaza estábamos buscando a los hijos, en la plaza estábamos pidiendo por los hijos, pero ya a esta altura ya muchas de nosotros teníamos nietos, ya había nacido mi nieto y ¿cómo lo buscábamos?[4]

En su relato, el primer interrogante que se planteó este grupo de mujeres fue «¿cómo los buscábamos?». ¿Qué hacer? ¿A quién acudir? Antes aún: para ¿Cómo establecer qué había ocurrido con los niños secuestrados junto con sus progenitores o, peor aún, con las mujeres embarazadas que debían haber dado a luz en cautiverio? Estas preguntas nos llevan a pensar en lo que, siguiendo a Tilly (2008), podríamos denominar como el repertorio de acción, es decir, las formas múltiples de acción contenciosa que pudieron desplegar estas mujeres, en el marco de la dictadura, para localizar y recuperar a esos niños y niñas. Ese repertorio estuvo marcado por los recursos adquiridos en las búsquedas individuales y por una trayectoria compartida en el seno de Madres de Plaza de Mayo que ya las había entrenado en ciertas estrategias (como la presentación de habeas corpus por los desaparecidos). Pero también se fue transformando a medida que acumularon información sobre lo sucedido, reconocieron la especificidad de su causa, pudieron identificar con claridad los obstáculos y límites de ciertas estrategias, incorporaron nuevos recursos para la acción y construyeron un campo complejo de alianzas, locales e internacionales.

Las memorias de las fundadoras de Abuelas suelen remarcar la confusión que primaba en los comienzos, en los que la improvisación y la creatividad motorizaron las primeras acciones. Uno de los primeros sitios a los que acudieron fueron los institutos de menores, las «Casas Cuna» y los juzgados civiles y de menores de la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. También remitieron misivas a muchos tribunales de menores del interior del país (Nosiglia 1985; Herrera y Tenembaum 1990; Abuelas 2007). La organización entró así en contacto con las instituciones y agentes de lo que se ha denominado como «campo de la minoridad», un campo dotado de saberes, prácticas y rutinas burocráticas fuertemente consolidadas. Una categoría fundamental dentro de este campo, desarrollada a lo largo del siglo XX, fue (y aún sigue siendo) la del «menor abandonado», sobre el cual era pasible la intervención relativamente discrecional de los agentes autorizados del campo de la minoridad (magistrados, asistentes sociales, institutos de menores). Los niños capturados o apropiados por los represores, que ingresaban en este circuito eran rápidamente conceptualizados dentro de las categorías del «abandono» (Villalta 2012; Regueiro 2013).

Las oportunidades que tuvo el grupo de «madres-abuelas» de hallar una respuesta favorable a las demandas estuvieron limitadas, por ende, por la propia estructura de este campo, sumada a la connivencia o complicidad explícita con la dictadura de muchos de sus agentes. Entre 1978 y 1982, las integrantes de este grupo se presentaron en diversos juzgados de Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires para solicitar información sobre el paradero de los niños y niñas que estaban buscando. También recurrieron a la Dirección Provincial del Menor y la Familia. Sin embargo, en prácticamente todos los casos la respuesta de los funcionarios y los magistrados fue negativa. Las presentaciones particulares ante los tribunales de menores y otros juzgados competentes obtuvieron respuestas similares. El funcionariado negó haber tenido bajo su fuero a los niños y niñas que se buscaba o incluso que se hubiera «tramitado actuación alguna», como le indicaba la secretaria del Tribunal de Menores de Bahía Blanca a Elsa Pavón, en referencia a Paula Logares, su nieta desaparecida.[5] Sin embargo, como se pudo ir comprobando con el paso de los años, gran parte de estos tribunales estuvieron involucrados en el traslado a institutos de menores y el inicio de procesos de adopción de niños y niñas que habían nacido en cautiverio o fueron secuestrados con sus padres (Nosiglia 1985; Arditti 2000). Si bien lo que primó entre los agentes del campo de la minoridad y de la justicia fue la displicencia o la complicidad con el poder militar, las integrantes de este grupo encontraron actores que estuvieron dispuestos a brindarles algún tipo de ayuda –ya fuera por convicción como por apego estricto a esos mismos procedimientos burocráticos (Villalta 2012; Regueiro 2013).

Al mismo tiempo que interpelaban a las instituciones del «campo de la minoridad», estas mujeres intentaron hacer llegar sus reclamos a las autoridades del gobierno militar y a otros actores sociales y políticos (especialmente miembros de la Iglesia Católica y dirigentes de los principales partidos) para denunciar la situación y solicitar su intercesión para localizar a las criaturas apropiadas. Entre otras acciones, las Abuelas se presentaron todos los años, desde 1978, en la Conferencia Episcopal que se realizaba en el mes de abril en San Miguel. Sin embargo, la respuesta de la Iglesia Católica no estuvo a la altura de las expectativas que albergaban muchas de ellas. El episcopado se negó sistemáticamente a recibirlas.[6] El Cardenal Juan Carlos Aramburu, arzobispo de Buenos Aires, también rechazó un pedido de audiencia de 1979 alegando un viaje a Roma.[7] Los curas y obispos que aceptaron hablar con ellas, como el capellán Monseñor Graselli, generalmente intentaban inducirlas a que abandonaran la búsqueda: «[nos dijo] que dejáramos de molestar, que no fuéramos a molestar ahí a la gente, que tiene su trabajo. Que estaban muy bien, en una situación económica muy buena»[8].

La actitud hacia este grupo de mujeres fue similar a la que tuvo la jerarquía de la Iglesia Católica frente a las denuncias de los familiares de las víctimas de la represión. Salvo por los obispos Jaime de Nevares, Jorge Novak, Miguel Hesayne y Enrique Angelelli (él mismo víctima de la dictadura), la cúpula eclesiástica apoyó pública y activamente al régimen militar y ofreció en parte el marco ideológico para la justificación de sus crímenes, al equiparar la idea de «guerra antisubversiva» con la noción cristiana de «guerra justa» (Mignone 1986; Mallimaci 1992; Ruderer 2010; Catoggio 2015). Para muchas de las «madres-abuelas» que eran católicas practicantes, esta mezcla de rechazo y estigmatización de parte de su sacerdocio fue muy decepcionante.[9]

Ante la falta de respuestas de las autoridades militares y el escaso apoyo de la Iglesia y otras instituciones o personalidades, la agrupación intentó interpelar de forma directa a la sociedad civil para concitar su apoyo. De igual forma a como lo habían hecho los otros organismos, publicaron algunas solicitadas (la que los recursos limitados y la censura les permitieron) en la prensa porteña y de la ciudad de La Plata. Estas solicitadas en los diarios perseguían un doble objetivo. Por un lado, aspiraban a difundir el reclamo, demostrar la veracidad de los hechos denunciados y tratar de concitar algún tipo de apoyo social, disputando públicamente el discurso negacionista castrense (Quintana 2016). Había, empero, un segundo objetivo más urgente: a través de las solicitadas, las activistas de la organización interpelaban a la sociedad civil para que aportara información sobre el paradero de los «niños desaparecidos». El verbo «apelar» aparecía de manera recurrente: «Apelamos a las conciencias y a los corazones de las personas que hayan adoptado o tengan conocimiento de dónde se encuentran nuestros nietitos desaparecidos», comenzaba diciendo en la solicitada del 5 de agosto de 1978.[10] «Apelamos a los hombres que SABEN, PUEDEN y DEBEN responder sobre el destino dado a estos niños y bebés indefensos e inocentes», reafirmaban dos años después, el 24 de agosto de 1980 en el Diario El Día de la ciudad de La Plata.[11]

Las denuncias anónimas recibidas por las integrantes, por intermedio de otros organismos o de manera directa, incluso a través de «papelitos» que eran entregados durante las rondas en la Plaza de Mayo, fueron el insumo que permitió empezar a delinear un estado de la situación más preciso, proveían pistas, indicios acerca del paradero de los niños. Sin embargo, no se podía recurrir con esta información a la policía o a la justicia para que investigara su posible secuestro. Por lo tanto, las «madres-abuelas» decidieron comenzar a investigar por su cuenta. Esta tarea insumía bastante tiempo y produjo, de alguna forma, una primera división informal de las tareas al interior del grupo. Vale destacar que este subgrupo informal dedicado a la investigación podría considerarse como el primer «equipo» de la organización, una modalidad de división del trabajo interno que se consolidó y expandió con el paso de las décadas. Con los datos provistos de manera anónima, se aproximaban a las casas donde vivían o a los lugares donde habían sido vistos los niños. Para pasar desapercibidas se disfrazaban, se hacían pasar por clientas de los negocios del barrio o por vendedoras para que les abrieran las puertas de los domicilios. Al principio solas y, más adelante, con la colaboración de algunos jóvenes, tomaban fotografías, recopilaban información, descartaban pistas y confirmaban otras. Elsa Pavón, en la búsqueda de su nieta Paula Logares, recuerda cómo se «mimetizó» con el barrio donde vivía su nieta Paula Logares con sus apropiadores:

En frente de la casa de Paula, había una verdulería horrorosa. Pero yo me venía desde Banfield a comprar la verdura ahí, todos los días. Después estaba la carnicería, la panadería, o sea todas las compras... Y los días que por casualidad no tenía que hacer comprar, iba y me daba una vuelta y entraba a la panadería o me compraba algo en el kiosco. O sea, durante un mes y pico estuve dando vueltas con la intención de mimetizarme con el barrio. (…) Había una abuela que tenía una inmobiliaria a pocas cuadras. Entonces la iba a ver, le sacaba fotos. Averiguó más o menos los movimientos, porque ella tenía clientes en el mismo edificio. Entonces pudo ir averiguando cosas cotidianas como para poder seguir enganchando para llegar hasta ellos.[12]

María Luisa Diz (2016) ha denominado a este tipo de actividades detectivescas como «tácticas dramáticas». «Tácticas», de acuerdo a las categorías de Michel De Certau sobre las formas de resistencia en la cotidianeidad, porque se realizaban en el espacio de lo posible, en el margen y con los límites fijados por la represión dictatorial. «Dramáticas» en tanto estos modos de acción supusieron formas de camuflaje, de representación, de escenificación de personajes para pasar desapercibidas en el escenario público. Aunque tras el retorno de la democracia la organización buscó involucrar activamente al Estado en la búsqueda de sus nietos y nietas, las tareas de investigación propias continuaron, y de hecho se profundizaron y complejizaron.

En esos primeros años, el grupo de «madres-abuelas» también buscó difundir su reclamo en el extranjero y vincularse con las redes regionales y trasnacionales de derechos humanos. Ya fuera por la posibilidad de amplificar sus denuncias y conseguir apoyos a su causa, por la ayuda económica o por la solidaridad recibida, los lazos establecidos con personalidades, activistas y organizaciones de defensa de los derechos humanos aparecen en las memorias actuales de aquellas integrantes como uno de los elementos clave para su lucha en esos años, como relataba Delia Giovanola:

Una de las primeras medidas, muy acertadas, fue escribir al mundo... se hizo una carpeta y se pegaron fotos, que podríamos buscar. Fotos de Virginia de chiquita, fotos de Stella embarazada, fotos de ellos… las pegábamos y eso se mandó a los organismos de derechos humanos del mundo.[13]

La integración en estas redes transnacionales fue una estrategia adoptada por el conjunto del movimiento de derechos humanos De hecho, aquellos organismos que tenían más trayectoria y vínculos ya construidos, como el Servicio de Paz y Justicia, presidido por Adolfo Pérez Esquivel (premio Nobel de la Paz en 1980), o el Centro de Estudios Legales y Sociales, operaron como nodos locales que conectaron al grupo de «madres-abuelas» con los organismos internacionales. La misma función cumplieron las comunidades exiliares (Vecchioli 2008; Basualdo 2011; Jelin 2017; Alonso 2021). Los organismos internacionales desplegaron un amplio repertorio de acciones para apoyar la causa de las «madres-abuelas», que podríamos agrupar en tres grandes categorías. En primer lugar, realizaron acciones destinadas a difundir el reclamo por los «niños desaparecidos» en el extranjero para generar presión directa o indirecta sobre el gobierno militar argentino. En segundo término, hubo acciones que apuntaban al sostenimiento y fortalecimiento de la organización y de sus respectivas integrantes. Por último, existieron también acciones directamente vinculadas con las tareas de búsqueda de los «niños desaparecidos» (Laino 2020).

Aunque su capacidad de generar presión sobre el gobierno militar pudo haber sido limitada, estas iniciativas tuvieron efectos relevantes a otros niveles. En este punto, consideramos fundamental reparar en la dimensión afectiva de la acción colectiva y la movilización política (Jasper 2013). Como señala Sara Ahmed (2015), la función social de emociones como la vergüenza, la culpa o el miedo es evitar el conflicto, acallar y, sobre todo, privatizar problemas que en realidad son sociales y culturales. Así, señala la autora, se puede producir un ocultamiento de la injusticia detrás de lo emocional: emociones como el miedo, la culpa o la vergüenza refuerzan públicamente los caminos argumentativos de la discriminación y el rechazo, transformándose en excusas para evitar asumir responsabilidades colectivas. Durante la dictadura, el discurso oficial del régimen buscaba teñir con un manto de sospecha y vergüenza los reclamos de las familias de las víctimas (Filc 1997). En ese sentido, la solidaridad proveniente del extranjero permitía romper esa vergüenza social y políticamente impuesta y reafirmar el sentido de la propia acción. Un testimonio de María Isabel «Chicha» Chorobik de Mariani, primera presidenta formal de la organización, ilumina con claridad este aspecto:

Y ahí vino la lucha enorme de Abuelas y la extensión en el mundo. Nos ayudó muchísimo la recepción que recibíamos en todos lados como solidaridad, como ayuda, como apoyo. El solo hecho de saber que había gente lejos que recién se enteraba de lo que nos pasaba y que se interesaban en ayudarnos nos levantó mucho, nos ayudó mucho para seguir adelante.[14]

Mientras que en el país eran perseguidas por el régimen dictatorial e ignoradas por gran parte de la sociedad, el apoyo del extranjero las hacía sentir acompañadas, incluso por personas desconocidas viviendo en zonas alejadas del mundo, las «levantó» y «ayudó mucho para seguir adelante» y, en cierta medida, les permitió reafirmar estar emprendiendo una causa que gran parte del mundo consideraba justa.

Por otra parte, los contactos con el extranjero y la integración en redes regionales e internacionales de derechos humanos generaron otro aporte crucial para la causa de este grupo de mujeres: la construcción de un saber y la reelaboración de su discurso. A través de las redes transnacionales, Abuelas pudo acceder a información fidedigna sobre el destino de muchas mujeres embarazadas y sus bebés. A través de estas redes las integrantes de Abuelas pudieron entrar en contacto con sobrevivientes de los centros clandestinos de detención que se encontraban en el exilio, que ofrecieron testimonio sobre las personas con quienes compartieron el cautiverio. Esta información permitió construir un conocimiento sobre la existencia de «maternidades» clandestinas, la sustracción de bebés nacidos en cautiverio y la posterior desaparición de sus madres.

A partir de 1980, las denuncias por graves violaciones a los derechos humanos, sumadas a la severa situación económica y social que vivía la Argentina, comenzaron a horadar el poder del régimen militar. La derrota en la Guerra de Malvinas, en 1982, profundizó el descontento hacia el régimen. En este contexto, las familias de las víctimas y los organismos de derechos humanos pudieron hacer más visibles sus reclamos. El espacio público volvió a adquirir su carácter contencioso y participativo. Una sucesión de manifestaciones públicas, como las «Marchas de la Resistencia» y la «Marcha por la vida y la vigencia integral de los Derechos Humanos», se volvieron multitudinarias y concitaron una importante cobertura mediática. De la misma forma, las solicitadas y comunicados de estos organismos circularon con más frecuencia, al mismo tiempo que empezaron a editar de forma regular y abierta sus propias publicaciones (Lorenz 2011; Jelin 2017; Franco 2018).

Fue en esos años del final de la dictadura que Abuelas de Plaza de Mayo terminó de conformarse como una organización independiente, diferente de Madres. En febrero de 1982 constituyó su primera sede propia. Ese mismo año, en abril, publicó el primer número de Informaciones, su primer boletín informativo. La organización empezó a publicar solicitadas y comunicados con un logo propio y a utilizar banderas distintivas en las movilizaciones multitudinarias que convocó el movimiento de derechos humanos en los años finales de la dictadura. También se sumaron a colaborar profesionales del derecho, la medicina, la psicología y, más adelante, la genética, que fueron conformando el primer equipo interdisciplinar de la organización. Este proceso de institucionalización terminó de consumarse con la inscripción del organismo como asociación civil con su propio estatuto legal.

3. Las búsquedas en posdictadura y las articulaciones con el Estado

La convocatoria a elecciones y la asunción, el 10 de diciembre de 1983, de Raúl Alfonsín, presidente electo por la Unión Cívica Radical, generaron fuertes expectativas dentro del movimiento de derechos humanos. El retorno del orden constitucional permitía imaginar nuevas formas de interacción con el Estado, impensadas bajo el régimen militar. El mayor grado de apertura del sistema político y el repudio social a la violencia del pasado reciente, que limitaba hasta cierto punto el ejercicio de la represión estatal, configuraban lo que, con Doug McAdam (1996), podríamos denominar una nueva estructura de oportunidad política, que favoreció diferentes formas de acción contenciosa y de intervención en el espacio público. En esta coyuntura, los organismos esperaban que la revisión de los crímenes dictatoriales permitiera conocer la verdad sobre lo ocurrido y castigar penalmente a sus responsables.

Como han señalado diversos autores, empero, el nuevo panorama político propició fuertes divergencias al interior del movimiento de derechos humanos. Bajo el gobierno de facto, en tanto se enfrentaban a un enemigo común en un contexto de represión y cierre político, los organismos tendieron a minimizar sus diferencias y a actuar de manera relativamente coordinada en pos de ciertos objetivos compartidos (Jelin 2017). Con la dilución de ese antagonismo principal y la aparición de nuevas alternativas, las estrategias y demandas de los organismos fueron diferenciándose cada vez más. En particular, las propuestas alfonsinistas de justicia transicional, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y el proceso penal seguido a los comandantes de las primeras tres juntas militares (conocido como «Juicio a las Juntas»), generaron reacciones heterogéneas, que fueron desde el rechazo total hasta el apoyo abierto, pasando por diversas formas de colaboración crítica o con reservas (Crenzel 2008; Galante 2019). Estas actitudes divergentes produjeron rupturas y reposicionamientos entre los organismos y al interior de ellos y, como señala Luciano Alonso (2021), afectaron la integración simbólica que el movimiento había alcanzado en los años de resistencia antidictatorial.

Abuelas de Plaza de Mayo, en particular, acompañó (no sin cuestionamientos) las propuestas de justicia transicional planteadas por el nuevo gobierno. En primer lugar, colaboró con la CONADEP, las carpetas de documentación y toda la información que habían podido recabar en los años previos. Su presidenta, Chicha Marian, y su vicepresidenta, Estela de Carlotto, brindaron su testimonio para el programa de televisión «Nunca Más», emitido el 4 de julio de 1984 como un adelanto de las conclusiones del trabajo de la comisión y que tuvo una gran repercusión (Crenzel 2008).[15] Abuelas también acompañó el «Juicio a las Juntas». Si bien este proceso se transformó en un símbolo de la ruptura con el pasado dictatorial y en un ejemplo universal de juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos, la sentencia del tribunal dejó muchos aspectos del accionar represivo sin cubrir. Entre otras cosas, absolvió a los dictadores por las apropiaciones de niños y niñas, al considerar que habían sido hechos «ocasionales» y no planificados. En los años siguientes, Abuelas luchó para mostrar, ante la justicia y la sociedad, que las apropiaciones no habían sido «excesos» sino un crimen sistemático y planificado (Iud 2008).

Pero la acción de Abuelas no se agotó en estas instancias. A demanda suya, y en un proceso conflictivo que mostró periodos de colaboración y acercamiento con el Estado, pero también otros de confrontación, se promovieron diversas políticas y se crearon organismos públicos cuyo objetivo era (y sigue siendo) promover desde el Estado la búsqueda, localización y restitución de las personas víctimas de la apropiación. En orden cronológico de creación, los más importantes de estos organismos son el Banco Nacional de Datos Genéticos (creado en 1987), indispensable en la identificación a través de estudios genéticos de quienes se presume pueden ser hijos de personas desaparecidas; la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (creada en 1992), que realiza tareas de investigación para localizar a las personas apropiadas durante la última dictadura y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE, creada en 2012), para investigar, seguir y asesorar a las fiscalías en todos los casos de apropiación y también en los procesos judiciales por restitución de identidad.

Dos aspectos merecen destacarse de este proceso. En primer lugar, estas instituciones estatales fueron creadas bajo gobiernos diversos, de signos políticos opuestos y con actitudes muy dispares respecto a las demandas de los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas de la dictadura. Esto demuestra el interés y la capacidad de Abuelas de Plaza de Mayo para articular con el Estado en pos de desarrollar e institucionalizar políticas públicas que trascendieran a los gobiernos de turno. Nos aleja también de una imagen monolítica y reificada del Estado, equiparada al elenco gobernante de turno, y nos exige pensarlo como un ensamblaje complejo de agencias y sujetos, que en un mismo momento pueden presentar intereses divergentes (Bohoslavsky y Soprano 2010; Jessop 2017). En segundo lugar, aunque estos organismos públicos fueron creciendo y jerarquizándose a lo largo de los años, Abuelas de Plaza de Mayo nunca resignó su lugar protagónico en los procesos de búsqueda y restitución. La CONADI es, de hecho, una institución estatal de carácter mixto, pues entre sus integrantes incluye representantes de las Abuelas de Plaza de Mayo. Pero todas las instituciones abocadas a este problema social, aun aquellas que no tienen presencia formal de esta asociación civil, trabajan de manera estrecha y coordinada con ella.

Un primer hito en este camino fue la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, en 1987. Desde finales de la dictadura, Abuelas de Plaza de Mayo se encontraba buscando algún método científico para identificar fehacientemente a los niños que la organización lograba localizar. En 1982, Emilio Mignone, presidente del CELS, puso en contacto a Abuelas con Víctor Penchaszadeh, un genetista argentino exiliado en Nueva York, quien les aseguró que era posible, a través de la genética, establecer con altísimo grado de precisión cuál era la familia biológica de una persona, aún en ausencia de la madre y/o el padre. Gracias al trabajo de un grupo de científicos, entre quienes estaba Mary Claire King, investigadora de la Universidad de California-Berkeley, para 1984 se logró desarrollar el «índice de abuelidad», clave para los análisis de filiación. El equipo de científicos recomendó, además, crear un banco de datos genéticos que permitiera almacenar la información de los familiares, para ser usada en el momento de cada identificación.[16] Abuelas transformó esta recomendación en una demanda hacia el Estado y, luego de varios proyectos, una intensa presión y complejas negociaciones con el oficialismo y la oposición, lograron crear el Banco el 13 de mayo de 1987. Desde su creación hasta la actualidad, el BNDG ha desarrollado una base de datos apoyada en muestras genéticas y realizado miles de análisis a personas (antes niños, hoy adultos) sospechadas de ser hijos o hijas de personas desaparecidas (Banco Nacional de Datos Genéticos 2017).

Si bien la creación de este organismo público resultó decisiva para la identificación de los niños, el Estado continuó sin comprometerse de manera activa en su búsqueda, a pesar de los reclamos de Abuelas y de las promesas oficiales. Durante el gobierno de Alfonsín se crearon con este fin una serie de comisiones, nacionales y provinciales. Sin embargo, entre 1984 y 1989 estos organismos gubernamentales solo lograron localizar a cuatro de ellos. Los otros 29 que pudieron ser restituidos en este periodo fueron encontrados por Abuelas y sus colaboradores, lo que ponía de relieve la vigente importancia de las tareas de investigación propias de la organización.

Otro aspecto significativo del repertorio de acción configurado por la nueva estructura de oportunidades tuvo que ver con la acción judicial. A diferencia de lo que había ocurrido durante la dictadura, la recuperación del orden constitucional transformó al ámbito judicial en uno de los escenarios principales para la acción pública de la organización. Para Abuelas, no se trataba solo de obtener «juicio y castigo» por las «violaciones a los derechos humanos» sino, particularmente, de conseguir la obtención de su principal reclamo: la restitución de los «niños desaparecidos» a sus legítimas familias. Esta faceta particular de la acción de Abuelas distinguió en parte sus propias demandas de justicia del reclamo de «juicio y castigo» compartido con el resto del movimiento de derechos humanos.

A medida que nuevos niños y niñas eran localizados por las agencias estatales o, principalmente, por Abuelas, la resolución de su tenencia quedaba en manos del poder judicial. Quienes intervinieron en estos procesos mostraron actitudes ambivalentes ante estos casos. Hubo quienes tuvieron una postura proclive a restituir sin dilaciones a los niños a sus familias biológicas. La mayoría, en cambio, se mostraron más reticentes a devolver a los niños y niñas a sus familias biológicas. De esta forma, los procesos de restitución fueron, salvo algunas excepciones, procesos judiciales sumamente conflictivos. Como señala Sabina Regueiro (2013) en estas batallas se enfrentaron no solo Abuelas y las familias biológicas contra los apropiadores y sus defensas, sino diferentes actores judiciales y extra-judiciales, como los medios de comunicación y diferentes sectores del espectro político. En sus opiniones a favor o en contra de las restituciones se vieron expresadas las posiciones de todos estos actores dentro de la trama político-social.

Las batallas judiciales, que trascendían los estrados, fueron una de las tantas instancias en las que Abuelas buscó transformar su demanda en un verdadero problema público. Siguiendo a Daniel Cefäi (1996), podemos entender como «problema público» a aquella situación que, en determinada coyuntura sociohistórica, es reconocida como un «problema» por ciertos actores sociales, que se movilizan para concitar el apoyo del mayor número de personas y obtener una resolución satisfactoria de sus demandas. En los años finales de la dictadura y en la temprana posdictadura, la acción de Abuelas fue eficaz en instalar el reclamo por la restitución de los «niños desaparecidos» en la agenda pública. Dos potentes producciones simbólicas del periodo contribuyeron a su legitimación. Una de ellas fue el Nunca Más, el informe final de la CONADEP que, como ha mostrado Emilio Crenzel (2008), tuvo una enorme circulación y contribuyó a establecer un «régimen de verdad» socialmente aceptado sobre el pasado reciente. El informe reafirmaba en gran medida la postura y el reclamo de Abuelas: demostraba (y repudiaba) la práctica del secuestro de niños y robo de bebés y reconocía el derecho de esos niños a conocer su «verdadera identidad» y a ser restituidos a sus familias (CONADEP 2006 [1984] 303-333).

La legitimación estatal de la «verdad» esgrimida por Abuelas de Plaza de Mayo encontró un importante refuerzo en una de las más relevantes producciones culturales del periodo: el film La historia oficial. Esta película, dirigida por Luis Puenzo, presentó por primera vez para un público masivo la problemática de los niños y las niñas apropiados y la lucha de Abuelas por su restitución. El film tuvo un importante éxito comercial y ganó una gran cantidad de premios, incluyendo el Oscar a la mejor película extranjera. A raíz del film, aumentó el reconocimiento de la organización, cuyas integrantes fueron entrevistadas en numerosos medios locales y extranjeros.

4. De las «leyes de impunidad» a los años 2000

Las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), que frenaron los juicios contra la casi totalidad de los represores, y los indultos a los pocos condenado promovidos por Carlos Menem, electo como nuevo presidente en 1989, resultaron un duro golpe para el movimiento argentino por los derechos humanos (Alonso 2021). El gobierno menemista promovió el discurso de la «reconciliación nacional» que apelaba al «olvido» para conseguir una supuesta «pacificación nacional». A pesar de esta coyuntura adversa, los organismos de derechos humanos no abandonaron su causa y lograron en estos años importantes conquistas cuyos frutos se verían en toda su magnitud algún tiempo después. Muchos de estos logros provinieron de la apelación a la legislación internacional y la presentación recurrente ante diferentes instancias del sistema internacional e interamericano de derechos humanos. Estas presentaciones buscaron generar acciones que obligaran al Estado argentino a reabrir los procesos judiciales y a desarrollar otros tipos de políticas reparatorias en la materia.

Abuelas, en esta línea, intervino de manera directa y activa en las discusiones de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU. Esta participación fue posible gracias a los contactos labrados desde los tiempos de la dictadura con organizaciones de defensa de los derechos de la niñez, y al apoyo recibido por parte de la cancillería argentina. De esta forma, los representantes de la organización en los debates de la convención pudieron incorporar en el nuevo tratado internacional el concepto de «derecho a la identidad», que quedó consagrado en los artículos 7, 8 y 11. La Convención fue aprobada en 1989 y resultó ratificada por el Congreso Nacional en 1990. Al consagrar legalmente un elemento que se había vuelto central en su discurso y su acción política, Abuelas obtuvo con la Convención una herramienta jurídica muy útil para sus demandas en la Argentina. En el corto plazo, permitió la concreción, en 1992, de un nuevo organismo público: la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) en 1992. El trabajo de la CONADI se concentró en colaborar en las causas judiciales por restitución que se encontraban en curso y en investigar los casos recopiladas por Abuelas y aunar otros nuevos a partir de nuevas denuncias o de cruzar información con otras bases de datos, como las del Equipo Argentino de Antropología Forense (CONADI 2007).

En la segunda mitad de la década de 1990, el panorama para el movimiento de derechos humanos comenzó a cambiar. Por un lado, la confesión de algunos perpetradores repuso en la escena pública los crímenes atroces, como los llamados «vuelos de la muerte», que el discurso oficial buscaba olvidar. Al mismo tiempo, el movimiento vivió un proceso de fuerte revitalización de la mano de las hijas y los hijos de personas desaparecidas y otras víctimas del terrorismo de Estado, que irrumpieron en la escena pública con una potente organización colectiva. El cuestionamiento a la impunidad logró convocar de nuevo a importantes sectores de la sociedad, como quedó de manifiesto en la multitudinaria marcha del 24 de marzo de 1996, al cumplirse 20 años del golpe militar (Lvovich y Bisquert 2008).

En ese contexto, la cuestión de la apropiación de niños y niñas durante la dictadura ocupó un papel central en la instalación de la discusión pública sobre los delitos de la dictadura y, en especial, en la erosión de las leyes de impunidad. Por diferentes motivos, jurídicos y políticos, la Ley de Obediencia Debida excluyó de su alcance a los delitos de violencia sexual, robo de inmuebles y «sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado civil». El margen de acción que la ley de Obediencia Debida habilitaba fue aprovechado por Abuelas. Con la asesoría legal de su equipo jurídico y de otros organismos de derechos años, durante estos años de amplia impunidad Abuelas impulsó numerosas causas judiciales. A fines de 1996 Abuelas y otros querellantes presentaron una denuncia penal que tenía por fin demostrar la existencia de un plan detrás de la comisión de este un delito y juzgar a sus responsables por su autoría mediata. La causa fue conocida como «Plan sistemático de apropiación de menores» y tuvo un gran impacto judicial y político, ya que provocó el arresto preventivo de Videla, Massera y otros militares de alto rango. Su seguimiento repercutió en los medios de comunicación, obligó a los diferentes sectores políticos a tomar posición sobre el tema y fue la punta de lanza que permitió la introducción en los tribunales federales de la noción de «crimen de lesa humanidad» y de otras categorías provenientes de instrumentos y de la jurisprudencia internacional en derechos humanos (Iud 2013).

En estos años, la participación de los y las jóvenes también contribuyó a apuntalar la lucha de Abuelas. Un grupo de hijos e hijas (varias de ellas, nietas restituidas) que participaba en actividades de Abuelas desde fines de los años ’80 tomó mayor protagonismo dentro de la organización. Al mismo tiempo, se sumaron a colaborar y participar otros jóvenes, en muchos casos a partir de proyectos iniciados con algunas universidades públicas. La participación de estos jóvenes era indicativa de otro cambio, que impactó de manera decisiva en las estrategias de búsqueda de la organización: los sujetos que eran buscados para ese entonces habían dejado de ser niños y niñas para convertirse en jóvenes en tránsito a la adultez. Uno de los principales cambios que esto trajo consigo consistió en modificar el destinatario principal de sus acciones y mensajes. Si hasta entonces el discurso público de Abuelas se había dirigido hacia la sociedad en su conjunto para solicitar su ayuda en la búsqueda, a partir de ahora el sujeto interpelado pasaba a ser directamente los y las jóvenes que se buscaba. Las diferentes acciones públicas y de difusión que se llevaron a cabo a partir de mediados de los noventa apuntaban a que fueran esos jóvenes quienes, a partir de diferentes disparadores, pudieran preguntarse por sus orígenes y buscar su identidad (De Vecchi Gerli 2010). Entre el enorme cúmulo de iniciativas, que abarcaron las artes plásticas, la música (en particular, el rock), el cine y la televisión, se destaca en particular «Teatro por la Identidad», un ciclo teatral con obras referidas a la temática. La iniciativa comenzó con el estreno de una primera obra, «A propósito de la duda», en el año 2000. A partir del enorme éxito que tuvo, la propuesta se expandió hasta transformarse, en palabras de sus impulsores, en el «brazo artístico de Abuelas de Plaza de Mayo» (Diz 2016).

Reflexiones finales

Una de las características que ha distinguido a los procesos búsqueda y a la demanda social por la restitución de las personas apropiadas en su primera infancia ha sido su particular sensibilidad al paso del tiempo. Desde los tiempos del régimen militar hasta el presente, las posibilidades de las organizaciones de familiares de víctimas y del movimiento por la defensa de los derechos humanos de impulsar sus demandas se encontraron condicionadas por diferentes factores que habilitaron, en cada época, diversos repertorios discursivos y de acción. Entre estos factores, se pueden enumerar los cambios en la coyuntura política nacional, las transformaciones en los marcos sociales de memoria sobre la última dictadura, la capacidad de las organizaciones para interpelar diferentes actores y movilizar recursos en su favor, los cambios en la legislación y la jurisprudencia nacional e internacional. Todas estas variables afectaron también, en diferentes grados, las posibilidades de localizar a estas personas víctimas de apropiación.

Sin embargo, hubo un elemento que incidió de forma específica en este problema y no en otros dentro de la agenda del movimiento de derechos humanos y tuvo que ver con las transformaciones de los sujetos implicados en esta causa: el sujeto buscado y el sujeto que impulsaba la búsqueda. El primero fue atravesando diferentes etapas vitales y pasó de ser un bebé durante los años de la dictadura, a un niño en los años ‘80, un adolescente en la primera mitad de los ‘90, un joven de edad universitaria a finales de esa década y un adulto en los años 2000. El segundo, el sujeto que impulsó la búsqueda, también se vio afectado por el paso del tiempo y las transformaciones generacionales: lo que comenzó como una búsqueda impulsada por la generación de los padres y madres de las víctimas del terrorismo de Estado incluyó con el tiempo a muchos congéneres de las personas represaliadas (como los hermanos, tíos y tías de quienes eran buscados, pero también de activistas, colaboradores y especialistas de esa misma franja etaria que se sumaron a la causa desde diferentes lugares). Más adelante, en los años ’90, se sumó también la llamada «segunda generación», es decir, los hijos e hijas de las víctimas, que alcanzaban la edad adulta y empezaban a hacer sentir su voz en la escena pública.

Ambos procesos sincrónicos afectaron y transformaron los discursos públicos y el repertorio de acción vinculado a los procesos de búsqueda y las luchas por la restitución. Las estrategias desplegadas por Abuelas de Plaza de Mayo y los otros actores involucrados estuvieron primero orientadas a la localización y restitución de niños, entendido este proceso como la reincorporación de estos al seno de su familia biológica para su crianza. Cuando los niños comenzaron a transformarse en adolescentes y luego jóvenes-adultos, esta estrategia entró en crisis y tuvo que ser redefinida, tanto desde lo conceptual como desde los modos de acción. Finalmente, hacia finales de los años ’90 se consolidó el paradigma que en gran medida pervive hasta el presente, que es el de la «restitución de identidad», en el que se busca que los adultos que vivieron la apropiación puedan conocer su verdadera filiación y, según sus tiempos, acercarse a su familia biológica y reconstruir la historia de sus padres. En este sentido, la estrategia de Abuelas de Plaza de Mayo aún apela a la construcción de un apoyo social, pero sobre todo busca interpelar directamente a estas personas a través de diversas campañas y acciones públicas para que sean ellas mismas las que se acerquen espontáneamente a «resolver las dudas» sobre su identidad. Con el tiempo, cierta dimensión biologicista y determinista de este discurso, que vinculaba fuertemente a la identidad con la genética y la sangre, así como cierta idealización narrativa de los «procesos de restitución», empezaron ser cuestionados desde afuera y desde adentro de la organización, en especial a partir de algunos procesos de «restitución» que resultaron altamente conflictivos. Estas críticas, sumadas al aporte de reflexiones de investigadoras de las humanidades y las ciencias sociales, han complejizado progresivamente la noción de identidad en el discurso de Abuelas.

Aún con los retrocesos marcados por diferentes coyunturas políticas, la demanda social por la identificación de las personas apropiadas durante la última dictadura sigue plenamente vigente en la Argentina actual y seguirá siendo un fuerte reclamo en las próximas décadas, en tanto cerca de 300 personas aún viven con su identidad biológica falseada. Si bien muchas de las integrantes originales de Abuelas de Plaza de Mayo ya hayan fallecido, su lucha es continuada hoy por la generación de sus nietos y nietas (y, de a poco, también por sus bisnietos y bisnietas) y por diferentes sectores sociales y políticos que han hechos propios sus reclamos.

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