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Derechos Humanos y protesta social: una relación compleja y necesaria. Introducción al monográfico

Chatham House
Fundación Friedrich Ebert

Fecha de publicación en línea: diciembre de 2022

Cómo citar/Citation: Aguirre, Mariano. 2022. «Derechos Humanos y protesta social: una relación compleja y necesaria. Introducción al monográfico». Deusto Journal of Human Rights, No. 10: 11-23. doi: https://doi.org/10.18543/djhr.2608.

La protesta social en numerosos países del mundo ha estado presente desde principios de este siglo, generando, como fueron los casos del movimiento de Porto Alegre, la «primavera árabe», Occupy Wall Street, los indignados del 15-M español, y el movimiento Black Lives Matter, altas expectativas de cambios políticos y económicos. Según el Carnegie Endowment for Internacional Peace (2022), desde 2017 hasta noviembre de 2022 ha habido 400 protestas antigubernamentales en 132 países, y 23% de ellas han durado más de tres meses.

Las razones que han llevado a cientos de miles de personas a las calles de Santiago de Chile, Nueva Delhi, Washington D.C., Quito, o Beirut, y a enfrentarse a las autoridades durante semanas o meses, han sido variadas, entre otras, rechazo a políticas de austeridad económica, en favor de la democracia real frente a la que consideran formal y contra el autoritarismo, en defensa de los derechos civiles, denunciando la corrupción de políticos y élites, exigiendo contar con sistemas de salud y educación universales (y criticando las privatizaciones en estos dos terrenos), y, en general, contra políticas injustas[2].

También, las movilizaciones han sido por reivindicaciones históricas de pueblos indígenas y minorías, contra la guerra (por ejemplo, en Rusia desde la invasión a Ucrania en febrero de 2022), para defender el medio ambiente, contra el patriarcado y en favor de derechos y libertades para gais, lesbianas y transexuales, como críticas a políticas de liberalización, privatización y supresión de ayudas del Estado a sectores laborales, y exigiendo trabajo. A estas causas se suma que la represión gubernamental provoca, en general, protestas más fuertes.

Pese a la diversidad de cuestiones, el nexo entre la mayor parte de ellas es el rechazo a políticas que en las últimas cuatro décadas se han denominado neoliberales, favorables a disminuir el papel del Estado en la relación entre este, el sector privado y el del trabajo, recortar el poder de los sindicatos y fomentar que cada individuo es una empresa libre en sí mismo, facilitar la movilidad de capitales y bienes disminuyendo impuestos y tarifas arancelarias en el contexto de la globalización, y reducir los fondos para políticas públicas sobre necesidades básicas al tiempo que privatizar los servicios de salud, educación y seguridad. El resultado más visible es la desigualdad, que se manifiesta en múltiples niveles y espacios.

Las políticas neoliberales han conducido a la falta de confianza en el Estado, que se manifiesta de diversas maneras. Por un lado, el intento de «tomarlo» por parte de movimientos, partidos y gobiernos de ultraderecha en Estados Unidos, Europa, Rusia, y América Latina para acabar con políticas liberales y socialdemócratas (consideradas comunistas). Por otro, no contar con él en países del Sur Global en los que la fragilidad de las instituciones estatales las hace casi inexistentes y desconocidas para partes de sus sociedades.

Esta desconfianza, y no tener al Estado ni siquiera en cuenta, es posiblemente una de las cuestiones más dramáticas que enfrenta la democracia. El creciente alejamiento entre los políticos y sus electores en países democráticos abrió una brecha que ha venido a llenar la ultraderecha con un discurso que recoge las inquietudes de una parte importante de la ciudadanía al tiempo que subraya y agita contra las supuestas causas y amenazas: la migración, los cambios en los modelos de familia, el feminismo, el ecologismo, la izquierda y, al final del camino, la misma democracia que por ser demasiado abierta habría permitido la destrucción de las sociedades tradicionales y sus valores. Estos temas están presentes en los gobiernos autoritarios que reprimen a la oposición, pero mantienen formas electorales como en Rusia y Turquía, o que fomentan el odio étnico (India).

Este número de Deusto Journal on Human Rights/Revista Deusto de Derechos Humanos presenta una serie de artículos que se ocupan del vínculo entre protesta social y derechos humanos. La cuestión de la desigualdad y la injusticia está presente en varios ellos. La mayor parte de los textos se refieren al caso latinoamericano, pero se pueden extraer enseñanzas y reflexiones sobre casos para y sobre otras partes del mundo. El conjunto de los artículos presenta los argumentos que vinculan derechos humanos con protesta y la relación con la violencia; los instrumentos jurídicos que garantizan los derechos a la protesta en el marco de Naciones Unidas; se aborda la cuestión de género desde la perspectiva de la contribución que las mujeres han tenido a la protesta y el proceso constitucional chileno, se tratan los casos particulares de la búsqueda de desaparecidos en Argentina a través de casi tres generaciones, y el impacto de la represión sobre las familias de encarcelados que fueron parte de la protesta social en Egipto.

Se incluye también un artículo sobre la protesta social en Estados Unidos ante la crisis de la democracia y los peligros que representan la radicalización hacia posiciones de extrema derecha del Partido Republicano y la ideología y práctica del Trumpismo. Este texto es de particular relevancia en la medida que Estados Unidos fue uno de los principales impulsores del orden liberal y de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, y ha sido hasta ahora un punto de referencia democrático, aunque en muchas ocasiones sus intereses nacionales fueron puestos en contra de los principios de ese orden y esos derechos.

1. Derechos y explotación laboral

A primera vista, la relación entre derechos humanos y protesta social parece obvia, especialmente desde perspectivas históricas y jurídicas. Las luchas para lograr mejores condiciones de vida y laborales durante varios siglos han ido en paralelo a las demandas y el logro de tener derechos a escala nacional y, a partir de la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1919 y Naciones Unidas en 1945, extenderlos y garantizarlos como acuerdos internacionales.

No todas, sin embargo, son cuestiones del pasado. En su historia del trabajo, Jan Lucassen (2021, 314) indica que entre el siglo XX y el XXI ha habido casos de esclavitud ejercida por el estalinismo en la ex URSS, por el nazismo en territorios ocupados por Alemania, en China bajo el poder de Mao Tse-tung y actualmente en Corea del Norte. Además, las condiciones en que trabajan muchos emigrantes no documentados (denominados «ilegales») son muchas veces de «trabajo sin libertad».

Por otra parte, la destrucción parcial del Estado del Bienestar y la consiguiente precarización del trabajo y pérdida de servicios públicos ha hecho perder a millones de personas derechos adquiridos a lo largo de varios siglos. Basta comparar las condiciones en que trabajaban adultos y niños durante la Revolución Industrial con los niveles de protección logrados por el sector laboral en países con avanzados Estados de Bienestar a partir de la década de 1960. Tampoco es historia pasada las pésimas condiciones en que viven y trabajan otros millones de personas en muchos países, por ejemplo, en la minería ilegal en África subsahariana y Colombia, en la actualidad. La OIT estima que «50 millones de personas vivían en esclavitud moderna en 2021. De estas personas, 28 millones estaban en trabajos forzados y 22 millones estaban atrapadas en matrimonios forzados. El número de personas en esclavitud moderna ha aumentado significativamente en los últimos cinco años. En 2021, 10 millones de personas más se encontraban en la esclavitud moderna en comparación con las estimaciones globales de 2016» (International Labor Organization 2022).

Estas situaciones de esclavitud moderna son el escalón más bajo en sistemas de explotación, pero están conectados en los circuitos de producción global. Sin llegar a casos tan extremos, las consecuencias de la desigualdad, ampliamente analizadas en las últimas dos décadas, son en gran medida el origen de las protestas sociales actuales. El trabajo de Mohamed Berrada que aquí se publica explora la vinculación entre protesta social y los derechos humanos económicos, culturales y sociales (de segunda generación). El autor forma parte de un equipo que ha hecho un seguimiento sistemático de la protesta social mundial durante dos décadas, analizando la dificultad que parecen tener los grupos sociales que protestan para desagregar y presentar públicamente la demanda de justicia en términos de derechos (Ortiz et al. 2022)

Como explica Sara Burke, de la Fundación Friedrich Ebert, y miembro de ese equipo:

A pesar del principio de que todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, el campo de Derechos Humanos carece de un enfoque que unifique a los derechos económicos, sociales y culturales, por un lado, y a los derechos civiles y políticos, por otro. El progreso en los derechos civiles y políticos, la así llamada «primera generación» de Derechos Humanos, tales como el derecho de asociación, de expresión y de religión, se controla verificando la presencia relativamente poco ambigua, o la ausencia, de resultados negativos (por ejemplo, incidencia de encarcelamiento arbitrario o censura). Mientras que el progreso de los derechos económicos, sociales y culturales, la «segunda generación» de Derechos Humanos, monitorea su realización progresiva a lo largo del tiempo. En el caso de los derechos económicos, se hace a través de indicadores económicos que muchos manifestantes pensarían que son inaccesibles debido a su naturaleza técnica (Burke 2014).

En el marco de referencia entre la desconfianza en el Estado, la crisis de la democracia y el ascenso de la ultraderecha, la protesta social emerge como una resistencia al neoliberalismo, al autoritarismo y en favor de nuevas formas de hacer política. Como ha ocurrido previamente con otros momentos de alta protesta social, por ejemplo, durante la década de 1960, sus resultados son y serán variados. Las revueltas de esa década sirvieron como catalizadoras para que movimientos como el feminista ganaran el peso suficiente para producir cambios legales, institucionales y sociales. Tuvieron también influencia, especialmente en Estados Unidos y Europa Occidental, en el fin de la guerra de Vietnam, y dejaron abierto el camino para que entre las décadas de 1970 y 1980 se fortaleciera el movimiento medioambientalista, nacieran partidos Verdes, y el movimiento por la paz tuviese un fuerte desarrollo, aunque luego casi desapareció a partir del fin de la Guerra Fría (Engler y Engler 2022).

En el caso de América Latina, nuevos tipos de movimientos sociales, como las Madres de Plaza de Mayo y las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos desempeñaron un papel importante en el regreso a la democracia en Argentina, y en procesos de reparación que se prolongan hasta hoy en ese país, en Chile, en el juicio al ex presidente Alberto Fujimori en Perú (2007), y más recientemente en Colombia donde el Acuerdo de Paz de 2016 dio lugar a la creación de una Comisión de la Verdad y un tribunal especial para juzgar crímenes contra la humanidad. Aunque todavía en curso, también es de gran importancia la investigación que se lleva a cabo en México sobre la desaparición y asesinato por parte de autoridades de diferentes niveles de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Las violaciones de Derechos Humanos en México han dado lugar a una importante rama de la investigación académica dedicada a la impunidad.[3]

En el terreno de juzgar a perpetradores de violaciones masivas de Derechos Humanos, el movimiento anti-Apartheid en Sudáfrica dio también lugar a los procesos de justicia transicional, que tuvieron su proyección e influencia en los juicios de este mismo tipo en Ruanda con motivo de las matanzas de 1994. De ambas experiencias aprendieron los negociadores del proceso de paz de 2016 en Colombia, donde la cuestión de las víctimas tuvo un peso fundamental.

El artículo de Francisco Laino Sanchis publicado en este número de la revista presenta el caso de las Abuelas de Plaza de Mayo, un interesante ejemplo de protesta social pacífica y transgeneracional, casi 50 años después de la dictadura militar que llevó a cabo la desaparición de miles de personas: «La demanda social por la identificación de las personas apropiadas durante la última dictadura sigue plenamente vigente en la Argentina actual y seguirá siendo un fuerte reclamo en las próximas décadas. (…) Si bien muchas de las integrantes originales de Abuelas de Plaza de Mayo ya han fallecido, su lucha es continuada hoy por la generación de sus nietos y nietas (y, de a poco, también por sus bisnietos y bisnietas) y por diferentes sectores sociales y políticos que han hechos propios sus reclamos».

2. Procesos no lineales

Como advierten en su artículo Jenny Pearce e Iván Garzón, la relación entre protesta y cambio social no es directa. En efecto, es una relación compleja, en el sentido que no se trata de procesos lineales, los diferentes factores y actores en juego generan dinámicas imprevisibles, y los resultados son, generalmente, inciertos y dan lugar a más incertidumbres que certezas. El desarrollo de la sociedad civil en las últimas cuatro décadas ha normalizado, por una parte, la protesta. Organizaciones como Greenpeace realizan acciones que, si bien no son masivas, encarnan simbólicamente la protesta social y la representan, a través de su base de socios. Otras organizaciones, siguiendo con el ejemplo medio ambiental, como Extintion Rebellion, llevan a cabo acciones mucho más de choque situándose directamente en la desobediencia civil.

Los límites de la protesta, o sea, hasta dónde se puede perturbar la vida de una ciudad, o cortar autopistas, en sistemas democráticos para llamar la atención del poder, es una cuestión que va unida a la respuesta y justificaciones del Estado y su utilización de la fuerza y medidas penales, y es también abordado en los artículos de Guillermo Fernandez Maldonado y Rodrigo Uprimny. Este último, trata la cuestión del equilibrio entre la violencia en la protesta, la respuesta del Estado y que no se oculte la razón de la protesta. El fin es evitar, dice, que:

la legítima sanción penal de ciertos hechos violentos cometidos en el estallido social (no) se traduzca en un silenciamiento mayor del derecho a reclamar de las poblaciones discriminadas y cuyos derechos constitucionales han sido tradicionalmente violentados. Un Estado democrático debe tener mayor tolerancia con la protesta de los grupos sociales que se encuentran en situaciones sociales angustiantes, incluso cuando esa protesta pueda tornarse tumultuosa.

Diferente es el caso de la protesta que no tiene espacio legal, y es prohibida y reprimida, como actualmente en Myanmar, Nicaragua, Irán o Rusia. En ese caso el Estado actúa sin controles ni equilibrios, aunque intente justificar su acción acusando supuestas conspiraciones externas.

Pearce y Garzón se ocupan de la cuestión crucial de hacer política sin violencia. La protesta, explican, no es solo un vehículo válido sino también necesario para el camino hacia una política sin violencia. Esto se basaría en que el cambio social no se producirá solo a través de la consolidación de la democracia representativa. La protesta social, afirman, debe entenderse como una expresión normal de las frustraciones ciudadanas en las democracias contemporáneas, no siempre como un estallido excepcional o extraordinario ante circunstancias concretas. Las democracias, afirman, necesitan sus «periferias críticas» para ampliar la participación y la capacidad de respuesta al cambio.

El caso chileno, que tratan también Pearce y Garzón, y la feminista Virginia Guzmán, es importante por las acciones contra todo tipo de instituciones y bienes públicos y privados de la ciudadanía que llevaron a cabo algunos grupos en las manifestaciones que se mantuvieron casi constantes desde 2008. Esto ha generado un debate sobre los límites de la protesta, entre quienes consideran que es contraproducente ya que llegan a poner a parte de la ciudadanía en contra, y los que la justifican como una medida de «indignados» y hartos de que las autoridades estatales y el sector privado no los escuche.

La pérdida del referéndum en septiembre de 2022 sobre una nueva Constitución se debería, en parte, a la asociación que sectores de la ciudadanía habrían hecho entre violencia de la protesta social y posible caos si se aprobaba. En el caso chileno y colombiano, como en las protestas en el Líbano en 2019, un amplio sector de los participantes rechazó a los partidos políticos, e inclusive a algunos actores sociales organizados, a los que consideran parte del problema y no de la solución, mostrando una seria crisis de representación (Khatib 2019).

La vinculación entre protesta social que exige el cambio social y derechos humanos tampoco es lineal ni automática. El derecho a la protesta, explica la organización no gubernamental, Article 19, «implica el ejercicio de numerosos derechos humanos fundamentales y es esencial para garantizar todos los derechos humanos» (Article 19 2016, 3). En su contribución para este número, Guillermo Fernández Maldonado, Representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), afirma que «(E)l derecho internacional de los derechos humanos (…) establece para los Estados claras obligaciones legales de respeto, protección y garantía del derecho a la protesta social, en cuanto ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y otros derechos humanos igualmente reconocidos». Su artículo presenta detalladamente la serie de instrumentos legales con los que cuenta el Derecho Internacional, y en particular Naciones Unidas. A la vez, utilizando el caso latinoamericano, indica los problemas derivados de la brecha entre la normatividad y su aplicación, y los que surgen de respuestas policiales exageradas a la protesta social, junto con las recomendaciones y la cooperación con los gobiernos que ofrece la ACNUDH.

3. Cuando la protesta llega al poder

La protesta social en varios países de zona andina de América Latina ha generado respuestas muy variadas. El movimiento indígena en Ecuador, liderado por la Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador (CONIE), no ha logrado avances en sus reivindicaciones y el país se encuentra en 2022 en estado de emergencia declarado por el gobierno que ejerce una fuerte represión contra los ciudadanos que organizan manifestaciones y huelgas.

La serie de grandes manifestaciones en Colombia llevadas a cabo entre 2019 y 2022 frenaron algunas iniciativas del presidente conservador Iván Duque (como una reforma fiscal regresiva que tuvo que retirar), pero no consiguieron que el poder implementase cambios sustanciales en cuestiones como la reforma de los sistemas privados de salud y educación. Pese a la caracterización conspirativa que hizo el gobierno de la protesta, esta tuvo, como explica Rodrigo Uprimny, características importantes y diversas, desde su composición (combinando estructuras organizadas con grupos de jóvenes que actuaban fuera de ellas) hasta el tipo de acciones de los manifestantes, y una reacción represiva, utilizando al Ejército, que el Estado intentó presentar dentro de un marco legal especial.

Sin embargo, la cadena de manifestaciones, que cesaron de forma súbita, pasó a ser parte no formal del movimiento que llevó al poder en 2022 a Gustavo Petro, candidato de una coalición de partidos y movimientos de izquierda y centro, apoyados por coordinadoras y grupos indígenas y afrocolombianos. Es ahora un desafío para los grupos y coordinadoras de la protesta social definir la relación a establecer con el gobierno de Petro. A la vez, será uno de los más grandes problemas del nuevo presidente y su vicepresidenta, la afrocolombiana Francia Márquez, cómo conciliar los tiempos de la política, las alianzas de su coalición, las presiones del sector empresarial, y satisfacer las demandas de sus electores. Sin lograr ese equilibrio, la protesta social, previsiblemente, volverá a las calles.

En el caso de Estados Unidos, que explican aquí Jeff Kelly Lowenstein y Danny Postel, la serie de resistencias a las políticas y medidas represivas de la Administración Trump (incluyendo su intento de sacar el Ejército a la calle para reprimir las manifestaciones de Black Lives Matter) formaron parte indirecta de la movilización social y electoral que llevó al poder al candidato demócrata Joe Biden en las elecciones de 2020.

4. El papel de las mujeres

En el interesante caso chileno, la protesta social tuvo entre sus diversos componentes una fuerte presencia del feminismo. Como explica en su artículo Virginia Guzmán, miembro de la comisión redactora de la Constitución que se votó en septiembre de 2022, las mujeres fueron protagonistas y proveyeron al proyecto constitucional una serie de perspectivas vinculadas con Derechos Humanos influidas por diversas tendencias del feminismo, pero que abarcaron otros campos, mostrando una mirada desde las mujeres hacia el conjunto de los problemas de la sociedad. Esta mirada amplia formaría parte de la presencia de mujeres en otras protestas, que les proveerían un carácter socialmente más transversal. Pese al resultado negativo del referéndum, la experiencia chilena es un caso importante del que aprender para otros países y movimientos.

El papel de la mujer en la protesta social reclamando derechos está fuertemente presente en 2022 en las calles de Irán. Con motivo de la muerte en prisión de una joven que había sido detenida por llevar el velo de forma «incorrecta» se han extendido las manifestaciones y los enfrentamientos con el poder. Miles de mujeres se están manifestando, quitándose el velo en espacios públicos, apoyadas por muchos hombres. La libertad de las mujeres se ha proyectado en demandas de libertad y democracia para toda la sociedad. El régimen de Teherán ha respondido con mucha dureza, pero las manifestaciones no han cesado, situando también en este país a las mujeres en primera línea.

5. Las respuestas del poder político-económico

El artículo de Ahmed Sena, del Committee for Justice (Ginebra), que se publica aquí aborda el aspecto habitualmente poco estudiado desde el campo de los Derechos Humanos de la represión hacia los núcleos familiares de presos encarcelados durante la ola represiva contra activistas de la denominada «Primavera árabe», tomando a Egipto como caso. Los levantamientos populares en varios países de Oriente Medio y Norte de África, que llevaron en circunstancias diferentes al fin de los gobiernos dictatoriales de Túnez, Egipto y Libia, generaron la expectativa de cambio social en la región, y que la sociedad civil pudiese generarlo. Sin embargo, la guerra en Siria, el golpe de Estado en Egipto contra el gobierno de los Hermanos Musulmanes, y la guerra civil en Libia, entre otros retrocesos, cortaron esas expectativas.

Desde 2013, el régimen de Abdelfatah El-Sis lleva a cabo una dura represión y represalias contra familias de reclusos. Esta represión afecta indirectamente a las familias de los presos a través de una variedad de dificultades socioeconómicas, obstaculizando la independencia financiera y fomentando la despolitización. El trabajo explora cómo las familias responden a la crisis socioeconómica provocada por la represión y de qué manera esto opera sobre los presos políticos y su voluntad de cambiar el orden establecido.

En la actual onda larga de protestas sociales, algunas vinculadas a derechos han tenido, por otra parte, resultados exitosos. En Sri Lanka en julio de 2022 renunció el presidente, acusado de corrupción, gracias a la presión social. En Bután y Gabón los movimientos sociales lograron que se descriminalizaran las relaciones del mismo sexo. Uno de los casos más notables fue la revuelta campesina en India.

En noviembre de 2019 el gobierno indio presentó tres leyes para la reforma del sistema rural que fueron fuertemente resistidas por movimientos campesinos durante casi tres años. Los agricultores indios argumentaron que las leyes socavarían sus medios de subsistencia al eliminar los apoyos a los precios, eliminar las limitadas protecciones que sobreviven luego de décadas de reformas neoliberales, y fortalecerían el control corporativo de la agricultura. La aprobación de estas leyes provocó un movimiento de protesta masivo. Cerca de 700 granjeros murieron durante la protesta, y miles fueron arrestados, antes que el gobierno retirarse las leyes (Quinquillà et al. 2022). Pese a ello, el gobierno de Narendra Modi ha continuado recortando las libertades de la sociedad civil.

En la misma línea, en los últimos tres años los poderes políticos reprimieron brutalmente y acabaron, en gran medida, con las protestas en Tailandia, Myanmar, Hong-Kong y Bielorrusia, al tiempo que aprovecharon la pandemia del Covid-19 para imponer medidas restrictivas, en algunos casos anticonstitucionales, sobre sus poblaciones (Civicus 2021). Ante esta fuerte represión, en algunos casos las protestas, o una parte de sus actores, han evolucionado hacia la radicalización con uso de la fuerza contra el Estado, como ha ocurrido en Myanmar y entre sectores de la protesta urbana y la mapuche en Chile.

Datos de la Universidad de Harvard y el análisis de Erica Chenoweth (2022), del Radcliffe Institute for Advanced Study en esa Universidad, indican que los últimos dos años no han resultado buenos para la protesta social. Esto se debería, primero, a que la polarización política permite a los gobiernos movilizar y radicalizar a un sector de la ciudadanía en contra de quienes protestan.

Segundo, si bien los medios sociales (social media) ofrecen amplias posibilidades para organizar acciones rápidas y masivas, no favorecen, por otra parte, que las organizaciones criticas del Estado hagan trabajo político más meticuloso y de largo plazo y forjen alianzas, si es posible con sectores dentro del Estado, al estilo de la política tradicional. En la medida que los organizadores de la protesta carecen de infraestructura política, los poderes estatales tienen más facilidad para atacar, reprimir y también usar los social media para desprestigiarlos (Fisher 2022; Chenoweth 2022).

La protesta social seguirá directa e indirectamente asociada a los Derechos Humanos en la medida que se aplique una concepción amplia de estos, con interpretaciones vinculadas a las diferentes formas de la injusticia. Entre las importantes propuestas que hacen los autores en este número, tanto para el Estado como para el sector privado y las Naciones Unidas, resalta la de Uprimny al indicar que «la mejor forma de desescalar las violencias» es «escalar los derechos humanos poniéndolos en el centro del manejo de la crisis».

Así mismo, como señala Mohamed Berrada en su artículo, aunque parezca una ingenuidad, los poderes públicos y los responsables económicos harían bien en considerar que la satisfacción de las demandas de la protesta social crearía sociedades más estables.

La falta de reconocimiento de los derechos económicos y sociales como derechos humanos básicos que deben priorizarse, explica este autor, solo puede alienar aún más a los menos favorecidos del resto de este planeta hasta el punto eventualmente de que ya no se les consideraría como participantes iguales, habiendo sacudido efectivamente el fundamento mismo de la idea de los derechos humanos, esto es, que todos somos iguales.

Referencias bibliográficas

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Burke, Sara. 2014. «Qué nos die una era de protestas globales sobre la efectividad de los Derechos Humanos como lenguaje para lograr el cambio social», Sur. Revista Internacional de Derechos Humanos, junio-diciembre. Acceso el 4 de noviembre de 2022. https://sur.conectas.org/es/que-nos-dice-una-era-de-protestas-globales-sobre-la-efectividad-de-los-derechos-humanos-como-lenguaje-para-lograr-el-cambio-social/

Carnegie Endowment for International Peace. 2022. Global Protest Tracker. Acceso el 9 de noviembre de 2022. https://carnegieendowment.org/publications/interactive/protest-tracker

Civicus. 2021. State of Civil Society Report 2021, Civicus: Johanesburgo. Acceso el 2 de noviembre de 2022. https://civicus.org/state-of-civil-society-report-2021/wp-content/uploads/2021/05/CIVICUS-State-of-Civil-Society-Report-ENG-OVERVIEW.pdf

Curiel, Marta. 2022. «Porqué sigue habiendo desahucios en España», El País, podcast, 7 de junio. Acceso el 9 de noviembre de 2022. https://elpais.com/podcasts/hoy-en-el-pais/2022-06-07/por-que-sigue-habiendo-desahucios-en-espana.html

Chenoweth, Erica. 2022. «Can nonviolent resistance survive COVID-19?» Journal of Human Rights 21, No. 3: 304-316. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14754835.2022.2077085

Engler, Mark y Paul Engler. 2022. Manual de desobediencia civil. Barcelona: Icaria.

Fisher, Max. 2022. «Even as Iranians rise up, protests worldwide are failing at record rates», The New York Times, 30 de septiembre. Acceso el 30 de septiembre de 2022. https://www.nytimes.com/2022/09/30/world/middleeast/iran-protests-haiti-russia-china.html

International Labour Organization. 2022. Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage, Acceso el 26 Octubre 2022. https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_854733/lang--en/index.htm

Khatib, Lina. 2019. «Lebanon is experiencing a social revolution», Al-Jazeera, 20 de octubre. Acceso el 21 de octubre: https://www.aljazeera.com/opinions/2019/10/20/lebanon-is-experiencing-a-social-revolution

Lucassen, Jan. 2021. The Story of Work. A New History of Humankind, Londres: Yale University Press.

Ortiz. Isabel, Sara Burke, Berrada Mohamed y Hernán Cortés Saenz. 2022. World Protests. A Study of Key Protest. Issues in the 21st Century. Palgrave Macmillan. doi.org/10.1007/978-3-030-88513-7

Quinquillà, Arnau, Bruno Palombini y Katie Sandwell. 2022. Dare to Win: Lessons from the Indian Farmers Movement, Transnational Institute, 6 de mayo. Acceso el 23 Octubre 2022. https://www.tni.org/en/article/dare-to-win-lessons-from-the-indian-farmers-movement

[1] E-mail: maguiernst@hotmail.com. Orcid: 0000-0001-7186-359X

[2] Por ejemplo, miles de familias en España y otros países fueron expulsados de sus hogares, y todavía ocurre en 2022, porque sus propietarios perdieron sus empleos durante la crisis financiera de 2008 o en el curso de la pandemia. Al no poder pagar las hipotecas, la justicia dictaminó que las propiedades debían ser entregadas a los bancos para ser subastadas. En cambio, los responsables de la crisis, bien sea directivos de empresas, bancos y compañías financieras o altos cargos de los ministerios de Economía, no sufrieron ninguna penalización. Ver Marta Curiel (2022).

[3] Ver, por ejemplo, los trabajos de México Evalúa: https://www.mexicoevalua.org/tag/impunidad/