Deusto Journal of Human Rights

Revista Deusto de Derechos Humanos

ISSN: 2530-4275 • ISSN-e: 2603-6002

DOI: http://dx.doi.org/10.18543/djhr

No. 8/2021

DOI: http://dx.doi.org/10.18543/djhr-8-2021

ARTICLES / ARTÍCULOS

Género, ideología política-religiosa y expresión emocional en víctimas reportadas en el Informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador: un análisis exploratorio

Gender and political-religious ideology in victims reported in the Ecuador Truth Commission Report: an exploratory analysis

Carlos Reyes-Valenzuela

Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador
carlos.reyes@uasb.edu.ec

Gino Gondona-Opazo

Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador
ggrondona@ups.edu.ec

Marcelo Rodríguez

Universidad de Playa Ancha
hector.rodriguez@upla.cl

doi: http://dx.doi.org/10.18543/djhr.2291

Fecha de recepción: 05.10.2021
Fecha de aceptación: 29.11.2021

Cómo citar/Citation: Reyes-Valenzuela, Carlos; Gondona-Opazo, Gino; Rodríguez, Marcelo. 2021. «Género, ideología política-religiosa y expresión emocional en víctimas reportadas en el Informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador: un análisis exploratorio». Deusto Journal of Human Rights, No. 8: 153-176. doi: http://dx.doi.org/10.18543/djhr.2291.

Sumario: 1. Justicia Transicional y funciones de la Comisiones de Verdad. 2. Justicia transicional en Ecuador y el Informe de la Comisión de la Verdad. 3. Género y Justicia Transicional. 4. La ideología política-religiosa en las Comisiones de Verdad en América Latina. 5. Expresión e intercambio emocional en víctimas posterior a conflictos. 6. Objetivos y presentación del estudio. 7. Método. 7.1. Participantes. 7.2. Medidas. 7.3. Procedimiento. 7.4. Análisis de datos. 8. Resultados. 9. Conclusión. 10. Limitaciones y futuros estudios. Bibliografía.

Resumen: El presente estudio explora las diferencias por género en aspectos relacionados con la ideología político-religiosa y la expresión emocional en personas que son reportadas en el Informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador (ICVE), que recopiló la información de vulneraciones de derechos humanos en el periodo 1983-2008. Participaron 64 víctimas directas, evaluando la percepción por ideología política-religiosa, la valoración del trabajo de la Comisión, la afectividad y la compartición social de las emociones. Los resultados identifican diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en las variables de edad, ideología, evaluación del ICVE e inhibición social (todas las p < .05). Se discuten las implicancias que promovería un análisis de género en fases posteriores al trabajo de Comisiones de Verdad en América Latina.

Palabras clave: género, ideología, personas reportadas, derechos humanos, Comisión de Verdad Ecuador

Abstract: The present study explores gender differences in aspects related to political-religious ideology and emotional expression in people reported in the Report of the Truth Commission of Ecuador (ICVE), which compiled information on human rights violations in the period 1983-2008. Sixty-four direct victims participated, evaluating perception by political-religious ideology, assessment of the work of the Commission, affectivity and social sharing of emotions. The results identify statistically significant differences between men and women in the variables of age, ideology, evaluation of the ICVE and social inhibition (all p < .05). The implications of a gender analysis in subsequent phases of Truth Commission work in Latin America are discussed.

Keywords: gender, ideology, reported persons, human rights, Truth Commission Ecuador.

 

 

1. Justicia Transicional y funciones de la Comisiones de Verdad

Diversas sociedades latinoamericanas presentaron regímenes dictatoriales y autoritarios en las décadas setenta y ochenta, que configuraron innumerables violaciones de derechos humanos a la población civil. Esto ocurre en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, en la cual el ejercicio del poder del Estado se plantea desde el concepto de guerra interna que prevé la destrucción de las fuerzas insurgentes y la neutralización del aparato político subversivo. Una vez que se interrumpen estos procesos de violencia estatal, se generan diversos mecanismos que impliquen la implementación de procesos de democratización, que permita una cohesión ante la fragmentación y estigmatización presentada en los periodos de violencia y una búsqueda de un estado de derecho (Arnoso et al. 2014; Cárdenas et al. 2013a).

Uno de estos mecanismos corresponde a la «justicia transicional», la cual es entendida como «procesos interrelacionados de enjuiciamiento y rendición de cuentas, difusión de la verdad, indemnizaciones y reforma institucional» (Lopera 2011: 5). Dentro de los mecanismos pro­pios de la justicia transicional se encuentran las Comisiones de la Ver­dad, que se orientan a la consolidación de normas y la cohesión social, posibilitando, de este modo, garantizar la no repetición de futuras violencias y recuperar la confianza institucional (Beristain et al. 2010). Esto plantea que las funciones de las Comisiones de la Verdad se orientan al esclarecimiento de la verdad; en el reconocimiento de las violaciones de derechos humanos de las personas afectadas; contribuir a una memoria colectiva inclusiva orientada al futuro y en prevenir nuevas violencias y la búsqueda de justicia (Cárdenas et al. 2013b). A pesar de esto, se han encontrado limitaciones en el alcance de los Informes de las Comisiones de Verdad respecto a la reparación de las víctimas, a partir de las expectativas generadas en sus testimonios (Mathias et al. 2021; Resolución sobre impunidad, N° 2005/81 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas), la falta de cumplimiento de las recomendaciones, los cuales presentan un efecto negativo que permita una reconstrucción de la confianza social y profundiza las secuelas de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado (Reyes-Valenzuela et al. 2021). De este modo, es relevante que los trabajos de las Comisiones de la Verdad sean percibidos en la búsqueda y comprensión de la verdad y en parte de una tarea mayor que incluye la responsabilidad por las violaciones a derechos humanos cometidas (Oficina Alto Comisionado de Derechos Humanos 2006).

2. Justicia transicional en Ecuador y el Informe de la Comisión de la Verdad

En Ecuador, el periodo de violencia sigue la tendencia de la referida Doctrina de Seguridad Nacional, la que resulta impuesta en el gobierno de León Febres Cordero entre los años 1984 y 1988, en la cual se establece una idea de enemigo interno. A partir de ese periodo, a pesar de que se producen otros gobiernos posteriores, la DSN seguía operando en las instituciones militares y policiales (Reyes-Valenzuela et al. 2015).

Con posterioridad, el trabajo y posterior Informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador (Monge et al. 2010) buscó dignificar a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos entre el año 1983 y 2008, en hechos que fueron de responsabilidad directa del Estado. Una vez finalizado el trabajo y presentado el Informe de la Comisión de la Verdad en el 2010, se identificaron 118 casos y 459 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Este informe elaboró 155 recomendaciones, en la cual se impulsa una articulación con las instancias competentes del Estado, orientada al esclarecimiento de la verdad, investigación, juzgamiento y sanción de responsables, la reparación integral a víctimas y reformas institucionales para prevenir la repetición, como medidas interdependientes (Monge et al. 2010; Reyes-Valenzuela et al. 2015 y 2018).

Ahora bien, se ha reconocido que el trabajo de las Comisiones de la Verdad presenta impactos dispares en el reconocimiento y valoración de sus aportaciones (Mathias et al. 2020) dada la complejidad de la implementación «mecanismos de justicia restaurativa» orientados a la judicialización y al derecho a la reparación de las víctimas, que en Ecuador no ha sido una excepción[1]. Esto revela que, en las sociedades especialmente latinoamericanas que transitan hacia la paz, los dispositivos institucionales presentan diversas limitaciones y las obligaciones de los Estados resultan omitidas o se han generado respuestas excepcionales.

3. Género y Justicia Transicional

La discusión sobre la categoría género puede situarse desde dos planteamientos: a) el género representa un aspecto inherente de las relaciones sociales que se basan en las diferencias que dis­tinguen los sexos; b) el género conforma una forma primaria de relaciones significantes de poder (Wallach 2008). Esto sugiere que las representaciones de género estarán mediatizadas por distintos patrones políticos, económicos, sociales y culturales, los cuales tienen en común una posición de privilegio y de dominio de lo masculino sobre lo femenino. Esto configura que estas diferencias sean vistas en términos de jerarquía dicotómica, en las cuales los hombres presentan un dominio en el ámbito público y las mujeres en el privado (Rosaldo et al. 1974), lo que generaría diversas implicaciones que explican la desigualdad sexual. No obstante, posteriores desarrollos sostienen que más que una esfera pública o privada, debiera centrarse en la producción y la reproducción (MacCormack 2000) y, en particular, del significado que las actividades de las mujeres asumen en interacciones sociales (Rosaldo 1980). Luego, tales diferencias han promovido que se establezcan patrones que justifican la sumisión, que hombres y mujeres experimenten tipos de violencia disímiles y la continuación de un modelo patriarcal amparado por los Estados, el cual no solo se orienta a lo masculino que ostenta el poder, sino, además, porque está garantizando ciertas relaciones sociales que supone relaciones de subordinación (Valobra 2015).

En relación a la categoría de género en los procesos de Justicia Transicional, se ha identificado que este marco de subordinación de lo femenino respecto de lo masculino, está presente antes, durante y con posterioridad a los periodos y hechos configurativos de violencia. Este patrón de género no ha sido abordado en los Informes de las Comisiones de Verdad en América Latina, salvo algunas excepciones (e.g., Guatemala, Perú, Ecuador y recientemente, Colombia), los cuales se han mantenido neutros al género, lo que ha sido identificado como sesgos de género (Mendia 2012), al reconocer que la mayoría de las víctimas está conformada por hombres. En el caso del ICVE, de las 459 personas documentadas, un 16 % fueron mujeres. A pesar de esto, Mendia Azkue refiere los efectos de tales sesgos, puesto que los crímenes cometidos contra mujeres:

Tienden a quedar aún más impunes que los cometidos contra hombres y las vulneraciones de sus derechos suelen estar sub-representadas en los procesos de búsqueda de la verdad, y su acceso a la justicia y a medidas de reconocimiento y reparación se ve limitado por barreras culturales, psicosociales, políticas y económicas propias de la organización patriarcal de las sociedades. (Mendia 2012, 33)

Brevemente, en relación al periodo previo a la violencia, se ha identificado que el contexto refuerza la estructura patriarcal y, a nivel social, los roles son socializados y ejercidos bajo esta desigualdad en hombres y mujeres. Luego, en la etapa durante el conflicto, desde los Estados, al citado refuerzo de lo patriarcal, se suma una represión sexuada, que consiste en una anulación de lo femenino y se utilizan mecanismos represivos que arremeten directamente contra la feminidad (Abad 2009). Esto sugiere que la violencia ejercida contra hombres y mujeres dependerá de los objetivos y los métodos, que variarán según el género (Jelin 2001). De acuerdo a Wood (2009) esta violencia por género presenta variaciones, dado que, en algunos conflictos, por ejemplo, se expresará directamente en una violencia sexual que aumenta prácticas sexuales previas o, en otros, se gestarán patrones previamente inexistentes. A pesar de esto, cabe resaltar que no necesariamente en todos los conflictos los grupos recurren a la violencia sexual[2]. En el ICVE, en específico, se incorpora un apartado referido a la violencia sexual y enfoque de género, en el que se identifica que, si bien estas violencias no obedecieron a una política de Estado, sí se configuraron como prácticas extendidas y que fueron justificadas en el discurso de la DSN (Monge et al. 2010). Se detectó que el 19% del total de las víctimas declararon alguna forma de violencia sexual, de las cuales del total de mujeres víctimas ocurrió en un 34.8% y en los hombres un 4.9%. (Monge et al. 2010). Con esto, se confirma que el uso de la violencia sexual se reconoce como una violencia de género, que afecta mayoritariamente a mujeres, que va acompañado de comportamientos específicos y que produce consecuencias tales como el embarazo (Mantilla 2010). En este punto, la violencia sexual documentada se orientó a la sociedad de individuos y grupos que amenazaban la preservación de las concepciones tradicionales de familia, de religión, de la propiedad privada y del orden machista constituido (Monge et al. 2010).

Posteriormente, en el periodo después del conflicto, los Informes de las Comisiones de la Verdad que sí han reconocido la categoría de género, han establecido diferencias en relación a las violencias, en particular, a la ya señalada violencia sexual y respecto a las medidas de reparación integral. Por otro lado, también se han encontrado formas diferenciadas por género para elaborar la memoria de hechos dramáticos, en los cuales las mujeres tienden a recordar eventos con más detalles, con mayor referencia a aspectos privados y a relaciones personalizadas, en tanto los hombres suelen ser más sintéticos en sus narrativas, en una lógica racional y política (Leydesdorff et al. 2017).

De este modo, resulta relevante explorar las diferencias por género que se producen después de los conflictos, en algunos casos, a partir de los trabajos de las Comisiones de la Verdad. En este punto, los trabajos de Mendia Azkue resultan de interés para evidenciar las diferencias por género en el trabajo de las Comisiones de Verdad (Mendia 2012 y 2020). Como la propia autora lo señala, las medidas de justicia transicional implementadas en diversos países, lo que incluye América Latina, son de carácter oficial y no están basadas en análisis que incluyan la perspectiva de género, a pesar de que se reconoce las posibilidades que ofrecen las Comisiones de Verdad del acceso a una justicia de género (Mendia 2020). No obstante, se constata que los avances en el acceso a la justicia se han venido produciendo a partir de la lucha colectiva y organizada de las propias mujeres, en distintos espacios de reivindicaciones, ya sea políticos, organizacionales o sociales (Mendia et al. 2017).

4. La ideología política-religiosa en las Comisiones de Verdad en América Latina

El concepto de ideología, producto de su extenso e intenso debate histórico-teórico, ha adquirido características polisémicas a raíz de las diversas tradiciones epistemológicas en Ciencias Sociales que la han analizado (Manzi 2009). Su uso se ha movido entre perspectivas generales y estrechas, y entre enfoques centrados en los procesos de dominación social e institucional y la delimitación del campo político y del Estado (Eagleton 1997).

La ideología pasa a orientar la forma en la que los miembros de una comunidad política organizan sus mediaciones cognitivas y afectivas (Brussino y Acuña 2015). Es un esquema cognitivo que se organiza con base en múltiples dimensiones de contenido, y que su estudio presenta dificultades de operacionalización. Frente a ello, Brussino et al. (2011) desarrollan un análisis de posicionamiento actitudinal sobre temas sociales y políticos determinados que son parte de los debates púbicos. Este concepto se refiere al modo en que se articulan diversas actitudes, creencias y valores relativamente estables con lo cual los sujetos se posicionan ante el mundo político y/o social en un grupo social determinado (Carvacho y Haye 2008). Por ello, es relevante complejizar el estudio de la ideología a partir de su relación con los procesos de valoración social, entendiendo los valores como instrumentos que las y los ciudadanos usan para organizar su conocimiento sobre ámbitos como lo político o religioso y definir sus preferencias.

La ideología política se ha venido tratando como categoría que permite entender las afiliaciones políticas de las/los ciudadanos, sea esta hacia partidos políticos o autodenominaciones como independientes (Brussino y Rabbia 2007). En este sentido, la producción de evidencias empíricas en el análisis de las Comisiones de la Verdad en América Latina, se ha concentrado en situar la ideología en el ámbito de percepciones y valores asociados al posicionamiento en el espectro político, esto es: de izquierda, centro y derecha, aunque estas relaciones no han sido ampliamente trabajadas en las Comisiones de la Verdad. Arnoso et al. (2015), para el caso chileno, muestran que cuanto mayor es el nivel de afectación por la violencia colectiva, más a la izquierda se ubica la población. Zubieta et al. (2015) en Argentina, indagaron en las posiciones subjetivas hacia el pasado y vieron que hay una firme apuesta por una memoria aleccionadora, que permita aprender de lo sucedido. De este modo:

Controlando los efectos sobre la varianza de la edad y el posicionamiento ideológico, solamente se encuentran diferencias significativas en función del grado de victimización al considerar la actitud de ocultamiento sobre lo sucedido. Al respecto, son las víctimas directas quienes más se resisten a no revisar el pasado y hay una baja disposición al perdón, independientemente del grado de victimización de los participantes. (Zubieta et al. 2015, 112)

Respecto a la ideología religiosa, se ha identificado que la religiosidad corresponde a un concepto multidimensional, puesto que se asocia a un sistema de creencias, actitudes y prácticas en actividades religiosas (Garssen y de Jager 2007). Estas acciones podrían desencadenar conductas de afrontamiento para abordar situaciones y conflictos personales, familiares o sociales, aunque el presentar una fuerte identificación religiosa no necesariamente se relaciona a participar en tipos de afrontamiento religioso (Block 2006). En este punto, tales afrontamientos religiosos suelen aparecer en personas que han vivido situaciones de alto estrés o trauma, que permitiría redefinir los hechos (Pargament et al. 1998).

Por otro lado, se ha planteado que las personas que pertenecen a un grupo social se vinculan a creencias religiosas que proyectan sus ideologías políticas (Cuevas y Dawson 2021). Estos autores identificaron una correlación positiva entre la religiosidad y los valores conservadores, la resistencia al cambio y la tradición. En este caso, fundamentalmente, la religión occidental «proporciona una base para mantener el orden social y las normas imperantes, al tiempo que desalienta cuestionamiento, la innovación y el autodescubrimiento» (Cuevas y Dawson 2021, 14). Esto sugiere que personas con una ideología religiosa podrían adherirse a orientaciones políticas que privilegien tales valores, especialmente, asociados con valores de seguridad, conformidad y tradición (Piurko et al. 2011).

En relación a estudios que aborden la religiosidad y las Comisiones de Verdad, se ha referido que la religiosidad reforzaría la voluntad de las víctimas en perdonar (Arnoso et al. 2015; Cárdenas et al. 2016), puesto que tales creencias propician el perdón intergrupal (Cárdenas et al. 2015). No obstante, no se dispone de información que identifique las diferencias en ideología religiosa por género en las víctimas informadas en los diversos trabajos de Comisiones de Verdad en América Latina.

5. Expresión e intercambio emocional en víctimas posterior a conflictos

Las experiencias emocionales resultan un proceso clave para la expresión e intercambio social, que se asocia no solo a experiencias, sino que responde a un lenguaje socialmente compartido (Rimé 2009). Tales procesos posibilitan reconstruir creencias de las personas a través de la transmisión de sentimientos compartidos y que promueven la construcción de una atmósfera emocional colectiva (Páez et al. 2007). En este punto, tiene interés en cómo las personas comparten sus múltiples experiencias emocionales, lo que favorece el reconocimiento y la comunicación de las emociones, en particular, en contextos en el que las personas no se sentirán juzgadas o malinterpretadas y, por el contrario, ayudará a una cohesión grupal, al fortalecimiento de los vínculos sociales y revelaría, de igual modo, la resistencia de una comunidad (Rimé 2009).

En este punto, cuando se han vivido experiencias asociadas a violaciones a derechos humanos como las experimentadas por víctimas que aparecen en los informes de Comisiones de la Verdad, la expresión emocional se identifica como un fin de los propios procesos de Justicia Transicional (Karstedt 2015) puesto que se orienta a una contención y expresión emocional en los testimonios y se espera que se presenten cambios en los climas emocionales posteriores (Páez et al. 2007). Complementariamente, los espacios de testimonios que se producen también ocasionan un alto impacto emocional vinculado a recuerdos en muchos casos traumáticos, lo que propicia síntomas de depresión y/o estrés post traumático (Broneus 2008; Hamber 2007). Justamente, el compartir emociones muy negativas, como las experimentadas por víctimas, no necesariamente serán valoradas como algo aversivo, sino que responden a necesidades de las propias personas para compartir recuerdos, imágenes y narraciones que serán facilitadas por vías emocionales (Rimé et al. 1991) para la liberación y/o comprensión (Rimé et al. 2011). Por el contrario, también es esperable que las víctimas suelan inhibir su expresión emocional, en contextos donde se valora la armonía social (Fernández et al. 2000), o que no se hayan generado las condiciones políticas, sociales o judiciales para propiciar la búsqueda de la verdad, la judicialización de los responsables o la voluntad de reparar a las víctimas (González et al. 2013; Karstedt 2015).

6. Objetivos y presentación del estudio

A partir de lo anterior, el presente texto busca explorar el género y la ideología político-religiosa en hombres y mujeres que presentaron vulneraciones a los derechos humanos que fueron reportadas en el ICVE. Esto se fundamenta, primeramente, porque diversos estudios plantean que se producen diferencias antes, durante y después de los conflictos por género (Mendia 2020; Mendia et al. 2017), en la cual la investigación se sitúa en un periodo posterior a la emisión de tal Informe y no en el periodo de violencia informado (1983-2008), sino con posterioridad. En segundo lugar, se ha planteado que la ideología política es clave para mantener acciones reivindicativas y de memoria (Zubieta et al. 2015), a la vez que la ideología religiosa, favorecería el afrontamiento y el perdón (Arnoso et al. 2015; Cárdenas et al. 2015). Finalmente, se complementarán los resultados en relación a la valoración de las personas reportadas del trabajo de la ICVE (Arnoso et al. 2015; Páez et al. 2015) y las dinámicas de expresión e intercambio emocional de las personas reportadas en el ICVE (Cárdenas et al. 2014; Karstedt 2015).

De este modo, se busca explorar el género en relación a las siguientes variables: aspectos socio-demográficos (edad, actividad laboral, entre otros), ideología (ideología política y religiosa), valoración del ICVE y expresión emocional (compartir emocional y afectividad).

7. Método

7.1. Participantes

La muestra estuvo conformada por 64 participantes, víctimas directas que aparecen en el ICVE, 45 hombres (70.3%) y 19 mujeres (29.7%). La media de edad en hombres es 52.20 años (DT = 10.25) y en mujeres es de 43.47 (DT = 14.02). Respecto al lugar de residencia, el 53.1% (N = 34) vive en la provincia de Guayas, el 17.2% (N = 11) en Pichincha, el 12.5% (N = 8) en Sucumbíos, un 10.9% (N = 7) en Azuay y un 6.3% (N = 4), en Manabí. Un 52.5% (N = 32) de la muestra está trabajando.

Desde el punto de vista ideológico, el 56.7% (N = 34) considera la religión algo bastante-muy importante y respecto a ideología política, el 51.8% (N = 29) se considera de izquierda, un 18.8% (N = 12) de centro y un 23.4% (N = 15), de derecha.

7.2. Medidas

Los datos fueron recolectados a través de un instrumento de evaluación de índole autoadministrable, compuesto por las siguientes escalas:

— Datos socio-demográficos y personales. Se preguntó aspectos tales como sexo, edad, lugar de residencia y situación laboral.

— Ideología política. Incluyó una pregunta sobre el posicionamiento político de la persona («en asuntos políticos la gente habla frecuentemente de izquierda y derecha ¿Dónde situarías tus ideas en la siguiente escala, independientemente que te intereses o no por la política?») en una escala de siete puntos que van desde la «extrema izquierda» (1) hasta la «extrema derecha» (7).

— Interés en la religión. Incluyó una pregunta sobre el interés en la religión, en una escala de cuatro puntos que va desde «Nada» (1) hasta «Mucho» (4).

— Tipos de Vulneraciones. Se incluyó un ítem para que los participantes identificaran qué tipo(s) de vulneración(es) presentaron directamente de acuerdo a la tipología que estableció el Informe de la CVE.

— Actitud ante las Comisiones (Gibson 2004). Evalúa el grado de aprobación de las actividades de las comisiones, en cuatro funciones identificadas (α = .79). Las opciones de respuesta van desde «Nada» (1) hasta «Mucho» (4).

— Compartir Social de las Emociones (Rimé 2012). Se evalúa la frecuencia y necesidad de hablar o inhibir socialmente respecto de las vulneraciones y hechos traumáticos, ya sea a través del compartir emocional (α = .87), o la inhibición emocional (α = .78). Las opciones de respuesta van desde «Nada» (1) hasta «Mucho» (4).

7.3. Procedimiento

Este estudio consta de análisis adicionales de estudios publicados anteriormente. Primeramente, se realizó una validación del cuestionario en Ecuador, a través de cuatro jueces expertos. Dos evaluaron los contenidos contemplados y dos la redacción de los ítems. Luego, se estableció contacto con el «Comité de Víctimas de delitos de lesa humanidad y graves violaciones de Derechos Humanos en Ecuador» que aparece en el ICVE, a quienes se les explicó el objetivo del estudio. A través de su gestión, se pudo establecer el contacto con víctimas en diversas provincias del país. Con las víctimas que tuvieron una exposición directa a la violencia, las encuestas fueron realizadas por encuestadores expertos. El tiempo de duración de las respuestas a la encuesta varió entre 45 y 70 minutos, dependiendo de los comentarios y observaciones que realizaban mientras contestaban las preguntas. Los contactos con las víctimas directas se realizaron a través de visitas domiciliarias o en reuniones en espacio grupal.

El estudio se realizó en un periodo de tiempo donde se estaba discutiendo la Ley de Reparación de Víctimas en Ecuador (finales de 2013). Primero, se efectuó un contacto telefónico donde se informaba la persona que había facilitado sus datos, se describían los objetivos del estudio y del origen de la iniciativa. Con posterioridad, se acordaba un punto de contacto, ya sea en su propio domicilio o en un lugar externo. Una vez que se entraba en contacto con el participante, se les explicaba nuevamente el objetivo del estudio y, dependiendo del caso, leían o se les leía la hoja de consentimiento informado y firmaban su autorización. En algunos casos, las víctimas observaron con recelo el objetivo de la investigación en el contacto inicial, por lo que fue necesario explicar en detalle la iniciativa académica que motivaba el estudio. Se aclararon los alcances y las expectativas respecto a los posibles productos esperados del estudio. La participación fue voluntaria y los participantes fueron identificados mediante claves numéricas, lo que posibilitó el anonimato en el tratamiento y uso de los datos.

7.4. Análisis de datos

El análisis de los datos se realizó mediante el paquete estadístico SPSS 25. Para calcular las diferencias por género, se realizaron análisis de contrastes sobre medias y análisis basados en pruebas chi cuadrado, en el que se consideró relevante abordar las diferencias estadísticamente significativas (p > .05) y las estimaciones marginales, cerca de esta significación. Por último, se incluyó el cálculo del tamaño de efecto, a través de la d de Cohen, que fue calculado con el paquete GPower 3.1.9.4, en las cuales valores inferiores a .20, señalan la no existencia de efecto; entre .21 a .49 evidencian un pequeño efecto; valores entre .50 a .70 indican un moderado efecto y valores mayores a .80 señalan un efecto grande (Cohen 1998).

8. Resultados

Los resultados obtenidos por género de las variables en estudio, se presentan en la Tabla 1. Se presentan diferencias estadísticamente significativas en edad, orientación a la religión, ideología, la función de la historia integradora de la Evaluación del ICVE y la inhibición social de las emociones. Estos resultados revelan que los hombres, mayores en edad, estarían presentando una aceptación del ICVE, orientados ideológicamente más hacia el centro y la religión. Por el contrario, las participantes mujeres son más jóvenes, no presentan una orientación religiosa, pero sí más hacia una ideología de izquierda y su aceptación del trabajo y de las funciones del ICVE son menores. Tomados en conjunto con los resultados previos, los participantes hombres presentarían una ideología que podría asociarse a mayor conservadurismo político y religioso, que les posibilitaría aceptar y presentar una mejor evaluación del trabajo de la Comisión de la Verdad. En cambio, las mujeres presentan un sistema ideológico más abierto hacia la búsqueda de acciones de reconocimiento y demandas hacia el Estado, lo que se identificaría en menor adscripción religiosa y una orientación de izquierda.

Respecto a la variable de tipos de vulneraciones, se utilizó en el análisis la identificación de cuatro delitos establecidos por el ICVE, esto es, privación ilegal de libertad, atentado contra el derecho a la vida, tortura o malos tratos y violencia sexual. Se realizaron análisis basados en pruebas chi cuadrado y no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas (p > .05) al comparar si era una víctima con una o varias vulneraciones y al contrastar los cuatro delitos por género. En este punto, a nivel descriptivo, las frecuencias de los delitos son más altas en hombres que en mujeres, a excepción de la violencia sexual, que presentaron idéntica frecuencia. Esto sugiere que, efectivamente, los delitos se producen más en hombres que en mujeres, lo que concuerda con lo planteado por el ICVE, no obstante, no se producen diferencias estadísticamente significativas, lo que puede estar relacionado con el número de la muestra y que las respuestas de los participantes no hayan informado de todos los delitos experimentados.

Tabla 1

Comparaciones sobre medias por género de las variables de estudio

Variables en estudio	Hombres (N = 45)		Mujeres (N = 19)		t	Tamaño del efecto d
	M	DT	M	DT
Edad	52.20	10.25	43.47	14.02	2.449*	.71
Actividad laboral	.45	.50	.68	.47	–1.691	.47
Importancia en religión	3.12	1.14	2.42	1.21	2.164*	.59
Ideología política	3.80	1.58	2.73	.96	2.690**	.81
Evaluación ICVE	3.13	.81	2.79	.78	1.558	.42
Función Verdad	2.61	1.10	2.21	.85	1.416	.40
Función Historia integradora	2.64	.90	2.16	.83	2.004*	.55
Función Justicia	2.51	1.05	1.95	1.02	1.965ṭ	.54
Función Garantías	2.76	1.15	2.22	1.01	1.825ṭ	.50
Compartir social emociones	2.43	.72	2.17	.78	1.281	.34
Inhibir social emociones	1.73	.73	1.35	.47	2.069*	.61
Afectividad positiva	13.69	4.78	11.37	5.20	1.727ṭ	.46
Afectividad negativa	17.61	7.27	19.00	7.77	–.654	.18

Nota: ṭ = marginal, *p < .05, ** p < .01.

Fuente: elaboración propia.

En la variable de compartir social de las emociones, se encontraron diferencias estadísticamente significativas por género, en el cual los hombres suelen inhibir más su expresión emocional que las mujeres y se obtiene una diferencia marginal en la afectividad positiva, siendo de igual modo más alta en hombres que en mujeres. Por otro lado, aunque no significativo, las mujeres presentarían mayor afectividad negativa, la cual podría relacionarse con las posibilidades que los contextos políticos, sociales y culturales permitirían a víctimas expresar sus emociones.

9. Conclusión

El presente estudio explora el género en un contexto posterior al ICVE, evidenciando que surgen diferencias entre hombres y mujeres que no solo se explican antes o durante las violaciones a derechos humanos en conflictos políticos como los informados por las Comisiones de la Verdad. Se encuentran patrones diferenciados que, en ningún caso pretenden ser generalizables, de comportamientos y valores que asumen hombres y mujeres que han sido víctimas directas y que aparecen en el Informe.

Tales patrones sitúan percepciones ideológicas distintivas: mujeres que presentan una orientación política de izquierda y con baja orientación a la religión y, por el contrario, en hombres se observa una ideología política de centro y mayor orientación religiosa. Complementario a estos hallazgos, se encuentra que los hombres presentan una percepción de aprobación del trabajo de la Comisión y que esta es menor en mujeres, lo que se pone de manifiesto en las diferencias estadísticamente significativas en la función de historia integradora y marginalmente significativas en las de justicia y garantías. Además, la inhibición social de las emociones es mayor en hombres, lo que revelaría que éstos tienden a guardar las emociones que presentan del periodo informado.

Estos resultados, preliminares y exploratorios, ponen de manifiesto que estas diferencias entre hombres y mujeres no resultan eventuales, sino que responden a las históricas diferencias asociadas a la categoría género y que, retomando a Wallach Scott, están posicionadas en relaciones de poder, las cuales están presentes antes, durante y, como es en este caso, después de los hechos de violencia. En este punto, cabría la interrogante de si los resultados aquí presentados tienen relación con dinámicas sociales que involucran a hombres y mujeres posterior a hechos de violencia que puedan implicar un potencial efecto trasformador de aquellas experiencias por género (Sarkin y Ackermann 2019) y de las posibles modificaciones duraderas en sociedades posconflictos (Gyimah 2009).

Por otro lado, estos perfiles diferenciados podrían responder a tres aspectos: Primero, los impactos de las violaciones a derechos humanos y las diferencias de género que plantearían la asunción de la categoría personal y social de víctima. En segundo lugar, el papel de la ideología, en el cual se distingue, por un lado, la movilización, activismo político y demandas al Estado y, por otro lado, una orientación hacia un cierto conservadurismo religioso y aceptación de las acciones estatales. Tercero, las expectativas que pudo haber generado el ICVE y, por ende, las posibilidades de acceder a una reparación integral.

En relación al primer patrón, se ha planteado que, durante los conflictos, se producen patrones diferenciados por género de vulneraciones de derechos humanos (Abad 2009; Jelin 2001; Mantilla 2010; Mendia 2012 y 2020; Mendia et al. 2017). En el caso de Ecuador, el ICVE identificó que la violencia sexual tenía relación con imaginarios sociales y culturales conservadores, especialmente esperados para las mujeres (Monge et al. 2010). A pesar de esto, los presentes resultados no evidenciaron diferencias en alguno de los delitos identificados por la Comisión, sino que presentaría mayor relación a diversos factores sociales que inciden en cómo hombres y mujeres elaboran y dan un significado a la categoría de víctima. En este punto, estudios en violencia de género hacia hombres, identifica que los factores socioculturales y el estigma social impuesto a los hombres, limita la visibilización y aceptación propia y social de los hombres como víctimas (Rojas-Solís et al. 2019). Esto permitiría explicar, asimismo, la inhibición social de las emociones que presentan hombres víctimas, en el cual se exige a los hombres mantener una imagen de masculinidad controlada y plana de las emociones ante sí mismo o los demás (Folguera 2014). En el caso de las mujeres, se presentan, de igual modo, imaginarios asociados a la categoría de víctima en la cual se producen estereotipos y estigmas, pero se tiende a asociar social y culturalmente la condición de víctima a mujeres, al justificar una posición subalterna, al ser consideradas débiles y vulnerables y a quien los hombres deben proteger dentro del binomio patriarcal mujer-hombre (Hiner 2009). Así, la categoría víctima aparece vinculada inherentemente a las mujeres, construye imaginarios y da forma a relaciones sociales que van desde la compasión al rechazo, originadas igualmente desde una posición de poder (Truñó i Salvado 2010).

En segundo lugar, respecto al papel encontrado en este estudio de hombres y mujeres en relación a la ideología política y religiosa, es posible identificar en las mujeres una posición política de izquierda y menor orientación religiosa, posiblemente, estos resultados van en línea con la consideración que las personas de ideología de izquierda despliegan valores asociados a una dimensión de apertura al cambio, a la benevolencia y a manifestaciones y rituales políticos como estrategia de afrontamiento interpersonal ante eventos altamente estresantes (Calderón y Espinosa 2006). En tanto, los hombres, se orientarían a un conservadurismo religioso y político, más relacionado con valores de seguridad, conformidad y tradición (Calderón y Espinosa 2006).

Finalmente, como tercer aspecto, se refiere a la valoración del ICVE, que plantea diferencias entre los participantes hombres y mujeres de este estudio: en los hombres, se observaría una mayor aceptación del trabajo de la Comisión y, probablemente también, de una mayor aceptación por generar un conocimiento de la verdad de los hechos, de promover una historia integradora y de identificar los responsables de violaciones de derechos humanos y de que el ICVE ayudará a garantizar la no repetición de los hechos de vulneración. Esta evaluación positiva ha sido identificada en la gran mayoría de los países de América Latina que han presentado Comisiones de Verdad (Mathias et al. 2020), aunque no se cuenta con información diferenciada por género. Tal aceptación en los hombres, podría vincularse a los resultados obtenidos en la ideología político-religiosa, que podría favorecer un sistema de creencias que acepte las condiciones políticas y sociales en que se ha venido trabajando y elaborando las violencias informadas por el ICVE o que, como se ha encontrado en algunos estudios, tal ideología podría favorecer el perdón (Arnoso et al. 2015), aspecto que claramente requiere ser explorado en futuros estudios.

En las mujeres, es posible afirmar que hay un perfil de mujeres más jóvenes, que también es concordante con que las agrupaciones de familiares y de víctimas se encuentra liderado por mujeres. En muchos casos, podría asumirse que estos liderazgos además intervienen en otros temas, asociados al género (por ejemplo, violencia de género, acosos, entre otros) que posibilitan una acción que, en ningún caso, aparece como aceptadora, tanto del trabajo de la Comisión, como de las acciones de reparación estatal. Por el contrario, en las víctimas hombres, posiblemente se asocie a una retirada de la esfera pública, asumiendo en un plano privado, una menor incidencia y mayor orientación a aceptar las acciones estatales que se han venido generando posterior al 2010.

Tomados en conjunto, es relevante retomar la discusión de si tales diferencias en los patrones por género podrían relacionarse a la generación de condiciones políticas y sociales que permitan potencialmente reducir y trabajar los prejuicios y violencias basadas en género y de establecer un punto de partida para la reestructuración de la sociedad ecuatoriana en la búsqueda de la verdad (Sarkin y Ackermann 2019). El ICVE enfatiza en las 155 recomendaciones, la adopción de un enfoque de derechos humanos en las medidas orientadas a la rehabilitación (en salud psicosocial, educación y trabajo), satisfacción y, particularmente, en las garantías de no repetición, con diversas iniciativas que involucren otros enfoques, en el que se incluye género. Esto último se evidencia en las medidas dirigidas al fortalecimiento del Poder Judicial, que se orientan a la capacitación interdisciplinaria en funcionarios, operadores de justicia y miembros de Policía y Fuerzas Armadas. El Estado ecuatoriano ha venido presentando acciones que se orientan a la igualdad, dada la ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Estrategia de Montevideo[3] que ha posibilitado reconocimientos constitucionales de la igualdad y no discriminación, a la vez que se creó una instancia específica (Consejo Nacional para la Igualdad de Género) que ha venido diseñando una normativa técnica para transversalizar el enfoque de género en el Estado ecuatoriano[4]. No obstante, se requiere de mecanismos que posibiliten que tal política pública sea conocida, a la vez que incorpore distintos actores sociales y medidas de seguimiento, acorde a los enfoques de derechos humanos y género requerido (Abramovich 2006). Tal como han señalado Sarkin y Ackermann: «el acceso y las desigualdades de género siguen desempeñando un papel fundamental a la hora de determinar el efecto que tienen estas políticas y mejoras, así como su capacidad de respuesta a los intereses de las mujeres» (Sarkin y Ackermann 2019, 513). Esto demanda que, reconociendo que pueden adoptarse diversas formas para debatir la capacidad y eficacia de los instrumentos de justicia transicional que distinga el género, se requiere de acciones que garanticen que la vida de hombres y mujeres no se vea nuevamente afectada por dispositivos y acciones estatales que promueven vulneraciones de derechos humanos.

En este último punto, los presentes hallazgos confirman que la categoría género es clave para entender las formas en que funciona el orden patriarcal, en cómo se expresan las violencias hacia hombres y mujeres antes, durante y después de los conflictos. De esta manera, el género contribuiría a buscar mecanismos para superar tales inequidades y violencias, a través de estudios en derechos humanos que superen un androcentrismo, a reconsiderar la noción de sujetos de derechos en base a que la noción de lo humano no se obtiene desde fuera, sino que está en disputa. Por último, resulta un reto para los derechos humanos la contribución a la construcción de sociedades equitativas, atendiendo a analizar y evidenciar los mecanismos y las relaciones de poder (Salgado 2013).

10. Limitaciones y futuros estudios

Los resultados del presente estudio deben tomarse con precaución. Como se señaló, conforma un estudio exploratorio que no pretende generalizarse al total de las víctimas que aparecen en el ICVE y, además, el estudio dató del año 2013, en un punto donde se discutía la aplicación de la ley de reparación en el país. Posiblemente, una vez que se han venido generando algunas acciones estatales en el último periodo, podría generar algunos cambios a los planteados aquí.

Otra limitación lo constituye en que aquí no se incluye un análisis de los tipos de violencia experimentadas por las víctimas y los actuales perfiles de género identificados: en este punto, se consideró que el análisis de las vulneraciones podría explicar las diferencias antes y durante el conflicto, pero tal relación no queda tan clara en un contexto posterior. Se requieren futuros estudios que ayuden a clarificar la relación género de las víctimas y contextos posteriores a la violencia.

De esta manera, se considera relevante que futuros estudios aborden investigaciones en género y justicia transicional, previas, durante y especialmente, posteriores al conflicto en un contexto latinoamericano. Esto podría alentar nuevas líneas de investigación, que permitan explorar las diferencias por género que no han presentado un enfoque en diversos informes de Comisiones de Verdad en la región, incluir otros grupos de diversidad sexo-genérica afectados en los periodos de violencia y revelar qué diferencias está planteando una reparación estatal que reconozca el género.

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