Deusto Journal of Human Rights
Revista Deusto de Derechos Humanos
ISSN: 2530-4275 • ISSN-e: 2603-6002
DOI: http://dx.doi.org/10.18543/djhr
No. 8/2021
ARTICLES / ARTÍCULOS
Catástrofe sociopolítica y dictadura chilena (1973-1990): lugares y memoria en Concepción, región del Biobío, Chile
Sociopolitical catastrophe and Chilean dictatorship (1973-1990): places and memory in Concepción, Biobío region, Chile
Paula Tesche Roa
Universidad Andrés Bello, Sede Concepción
paula.tesche@unab.cl
Asef Antonio Inostroza
Universidad de Concepción
asefantonio@udec.cl
Amanda Garrido Leiva
Universidad Andrés Bello, Sede Concepción
amandagarridoleiva@gmail.com
doi: http://dx.doi.org/10.18543/djhr.2287
Fecha de recepción: 30.09.2021
Fecha de aceptación: 23.11.2021
Cómo citar/Citation: Tesche, Paula, Inostroza, Asef Antonio; Garrido, Amanda. 2021. «Catástrofe sociopolítica y dictadura chilena (1973-1990): lugares y memoria en Concepción, región del Biobío, Chile». Deusto Journal of Human Rights, No. 8: 131-152. doi: http://dx.doi.org/10.18543/djhr.2287.
Sumario: Introducción. 1. Memorias colectivas de la catástrofe en Concepción. 2. Metodología. 3. Resultados. 3.1. Piedra recordatoria a la Vicaria de la Solidaridad del Arzobispado de Concepción. 3.2. Memorial del 23 de agosto, Vega Monumental. 3.3. Memorial del Cementerio General de Concepción. 3.4. Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región del Biobío. Conclusiones. Referencias bibliográficas.
Resumen: Este estudio indaga, desde el enfoque de la historia reciente, en la dictadura chilena (1973-1990), entendida como catástrofe sociopolítica en cuatro lugares de la ciudad de Concepción: piedra recordatoria a la «Vicaría de la Solidaridad Penquista» del Arzobispado de Concepción, el memorial «23 de agosto», el memorial del Cementerio General y el memorial «Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región del Biobío». El supuesto es que la relación entre territorio y memoria permite configurar diferentes formas de catástrofe sociopolítica. Se investigan las dimensiones espaciales, simbólicas y funcionales de los lugares, buscando explorar las complejidades y singularidades de los significados y prácticas que ha producido la dictadura como catástrofe sociopolítica. La metodología es de tipo cualitativo y utiliza una estrategia documental. Se revisaron fuentes primarias de relatos ya publicados, fuentes secundarias, que comprenden archivos, de tipo académico y de medios de comunicación y documentos en formato visual.
Palabras clave: Catástrofe sociopolítica, dictadura chilena, lugares y memoria en Concepción, región del Biobío.
Abstract: From the perspective of recent history, this article investigates the Chilean dictatorship (1973-1990) understood as a sociopolitical catastrophe in four places in the city of Concepción: the memorial stone to the «Vicaría de la Solidaridad Penquista» of the Archbishopric of Concepción, the memorial «August 23», the memorial of the Central Cemetery and the memorial «Detained-Disappeared and Executed for Political reasons of the Biobío region». The assumption is that the relationship between territory and memory makes it possible to configure different forms of socio-political catastrophe. The spatial, symbolic and functional dimensions of places are investigated, intending to explore the complexities and singularities of the meanings and practices that the dictatorship has produced as a socio-political catastrophe. The methodology used is qualitative and employs a documentary strategy. The study relies on primary sources of reports already published, secondary sources, including archives, academic and media documents, and documents in visual format.
Keywords: sociopolitical catastrophe, Chilean dictatorship, places of memory in Concepción, Biobío region.
Introducción
Este estudio tiene por principal objetivo describir y explorar, desde el enfoque de la historia reciente, los lugares vinculados con la dictadura chilena (1973-1990) en la ciudad de Concepción, región del Biobío, Chile. La perspectiva de la historia reciente, tal como señalan Franco y Levin (2007), tiene por particularidad proponer el estudio de un régimen de historicidad en el que coexiste el pasado y el presente, ya sea, en el encuentro en vida entre el investigador y los actores que fueron protagonistas en una época pasada, en la presencia de una memoria social activa sobre ese momento histórico y finalmente, en la contemporaneidad entre lo vivido por el investigador y el pasado que estudia.
Otra característica de esta perspectiva, es la investigación del pasado «traumático» asociado con crisis sociales y políticas extremas[1], vividas desde la experiencia de quienes los padecen como rupturas y discontinuidades. Respecto a la nominación de «lo reciente», este campo de investigación está a sujeto periodizaciones flexibles, pues son los mismos actores vivos quienes califican a este pasado como próximo. En relación al nexo entre la historia reciente y las memorias, Franco y Levín (2007) afirman que esta perspectiva se enmarca en un deber ético de restituir las historias invisibilizadas o hechas desaparecer por regímenes como las dictaduras y una función política asociada con producir en forma crítica el pasado reciente.
Al respecto, este enfoque solidariza con la temática en estudio de este artículo, a saber, la dictadura militar chilena (1973-1990), y busca, en lo general, relevar las memorias sobre este período, considerado como un quiebre en la historia reciente del país, asunto que permite su identificación con la noción de catástrofe sociopolítica. También, y a propósito del deber ético y la función política, es de interés, en lo específico, abordar cuatro lugares vinculados con la memoria de la dictadura en la ciudad de Concepción para describir explorar las complejidades y singularidades de los significados y prácticas que ha producido la dictadura como catástrofe sociopolítica. Considerando las relaciones entre memorias a propósito de los lugares e historias locales sobre la dictadura, se establece el supuesto de que la relación entre territorio y memoria permite configurar diferentes formas de catástrofe sociopolítica. Esto es así, pues las características del territorio, asociadas con la represión y la violencia de la dictadura, determinan relaciones sociales que pueden estar centradas en los quiebres sociales y políticos o, por el contrario, construyan nuevos sentidos que reestablezcan una continuidad histórica. Desde los espacios en estudio, a saber, la piedra recordatoria a la «Vicaría de la Solidaridad Penquista» del Arzobispado de Concepción, el memorial «23 de agosto», el memorial del Cementerio General y el memorial «Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región del Biobío», se investigan las dimensiones espaciales, materiales, simbólicas y funcionales (Nora 1992).
De esta forma, en primer lugar, el artículo introduce algunos antecedentes relevantes sobre la dictadura en Chile y en la ciudad de Concepción. Luego aborda las memorias colectivas asociadas con la dictadura entendida como catástrofe y finalmente, se realiza una descripción de los lugares de memoria, sus significados y prácticas, así como de las dimensiones asociadas con ellos, para concluir sobre las formas de catástrofe sociopolítica que se escenifica en cada lugar de memoria.
Los antecedentes históricos, consignados por la Comisión Nacional de verdad y reconciliación (1996), más conocido como Informe Rettig, y la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura (2011), Informe Valech, y posteriores considerando las rectificaciones en años en cuanto a cifras, señalan a nivel país un total de 38.254 personas afectadas directamente por la dictadura. De ellas, el Informe Rettig, califica a 3.216 personas como víctimas de la desaparición forzada o ejecución política. Por otra parte, el Informe Valech, considera un total de 33.221 personas detenidas, de las cuales más de un 94% sufrieron torturas. Siendo las detenciones tan masivas, desde el día siguiente del golpe de Estado, se acondicionaron recintos de detención alternativos a las instalaciones militares o policiales, como hospitales, gimnasios, centros educativos, estadios, etc. Al respecto, el Informe Valech consignó 1.132 lugares destinados a la represión y tortura en todo el país[2], que estaban a cargo de Carabineros, Policía de Investigaciones, la Armada o el Ejército de Chile. Considerando que hubo centros clandestinos, como residencias particulares, y una política de negación, ocultamiento o desaparición de los lugares que perdura hasta la actualidad, se puede suponer que éstos fueron muchos más[3]. En el caso de la región del Biobío, los centros de reclusión más masivos fueron, el Estadio Regional, la isla Quiriquina y la Cárcel Pública de la ciudad. De estos lugares, solo el Estadio tiene una placa que indica que el lugar fue centro de detención y tortura, pues la isla está en posesión de la armada y la cárcel fue demolida.
No obstante que en la región hubo 159 centros de detención y tortura (Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura 2004), que es una de las regiones con más hitos de memoria y una de las primeras en instalar memoriales (Aguilera, Cook y Dávila 2007), solo un lugar, el ex «Fuerte el Morro» ha sido declarado monumento histórico y sitio de memoria por la Ley 17. 288[4] (Consejo de Monumentos Nacionales 2015). A pesar de que los lugares de memoria tanto en la región, y especialmente en la ciudad de Concepción, han constituido históricamente espacios para la realización de conmemoraciones, la mayoría de estos encuentros responden a iniciativas de las organizaciones y/o agrupaciones de derechos humanos y convocan a sus integrantes o personas directamente vinculados con ellos. Otro antecedente relevante es que en una investigación realizada en la ciudad (Tesche et al. 2018) sobre lugares de memoria y emociones (Frederickson 2009) mostró que, las emociones dominantes asociadas con los lugares de memoria son de tipo negativas, y corresponden a rabia, miedo y tristeza. Esto es concordante con los relatos que se comunican en las conmemoraciones realizadas en los lugares las que, en su mayoría, se centran en una narrativa de la derrota y que exaltan la pérdida y/o la muerte de las víctimas. Considerando los aportes de Pipper et al. (2013a, 2013b, 2015a y 2015b) y Reyes, Cruz y Aguirre (2016), en este estudio, se propone orientar los sentidos de la dictadura hacia el de catástrofe sociopolítica (Jelin 2002; Kaës 2006 y Gatti 2006) atendiendo los sentidos propuestos por Thom (2000) y Rojas (2012) en el contexto de la historia del país (Lira 2013) y la región (Tesche y Villagrán 2017). Estos sentidos permiten reconsiderar los significados de la dictadura. Así, por una parte, las catástrofes, como la dictadura, interrumpen la continuidad y el orden histórico democrático y provocan un daño cultural (Páez 2003) y moral (Agamben 2006) e ideológico (Villoro 2016) a largo plazo (Reyes, Cruz y Aguirre, 2016), dificultándose su transmisión al asociarse a una política de olvido (Páez et al. 2001) e interrumpiendo los procesos de memoria (Garretón 2003). No obstante, las catástrofes sociopolíticas también tienen otro tipo de efectos sociales, tales como: la expresión de solidaridad, el compañerismo y el apoyo social entre los sobrevivientes (Tesche y González 2019), así como poner en valor emociones positivas que apunten a fines sociales.
1. Memorias colectivas de la catástrofe en Concepción
Como es sabido, el estudio de las memorias desde lo colectivo fue un aporte original de Hallbawchs (2004), quien considera a las memorias como los recuerdos y los olvidos del pasado que son reconstruidos en función de los grupos sociales a los que pertenecen los sujetos. Para que las memorias puedan proyectarse al futuro estos recuerdos y olvidos requieren de un «hacer» o «trabajos de memoria» (Jelin 2002). Esta actividad, solidariza con la propuesta de Vázquez (2001), para quien las memorias se entienden como acción social «la memoria es una práctica que contribuye (…) a producir inteligibilidades sobre el pasado que nutren la acción social. Hacer memoria, además, favorece la creación de espacios de relación que posibilitan vínculos a partir de los recuerdos compartidos» (305). Es decir, las memorias son producto y productoras de relaciones entre los sujetos y, por lo tanto, participan de significados y prácticas humanas mediadas por el lenguaje en una perspectiva histórica. Para que se realice un trabajo de memoria, ya sea como producción de significados o prácticas, este debe ser original y creativo en función de los problemas y necesidades actuales (Piper et al. 2013). Esto implica la producción de nuevos sentidos que comprende un proceso que Vázquez (2018) denomina resignificación y que define como la «práctica social de transformar o reorientar el significado y/o el valor del acontecimiento, situación, lugar, acción, etc. haciendo que adquiera características diferentes en función de un contexto o imaginario social» (423).
Una forma privilegiada para realizar este proceso de resignificación respecto a las memorias colectivas sobre la catástrofe son los lugares de memoria (Santos 2019), pues pueden escenificar una ruptura o quiebre de la continuidad histórica o, al revés, reestablecerla en función de valores y principios sociales más trascedentes. Los lugares de memoria se entienden en este estudio como un «espacio privilegiado de disputa por la construcción de memorias colectivas en las sociedades latinoamericanas afectadas por dictaduras o conflictos armados internos» (Schindel 2009: 65). En este sentido, un lugar de memoria, si bien puede o no estar reconocido por el Estado, tiene como singularidad su vinculación con la dictadura entendida como catástrofe, es decir, la producción o no de procesos de memorialización que resignifiquen sentidos del pasado, para producir nuevos significados en función del presente. Al respecto, es necesario diferenciar un lugar de memoria de aquellos donde acontecen o no procesos de memorialización, que implican «un impulso activo y una voluntad de incidencia política y a diferencia de la memoria —acto que puede ser privado— integra lo que Arendt denomina «el ámbito de la acción»: iniciativas que ponen algo en movimiento en la esfera pública y cuyos efectos, impredecibles e irreversibles, crean las condiciones para la historia futura» (Schindel 2009: 67). Por una parte, esto implica la participación de actores que no solo están vinculados con lugares, sino también con la difusión y transmisión de mensajes políticos especialmente a generaciones más jóvenes. Por otra parte, se reconocen en estos esfuerzos de memorialización distintos trabajos de memoria (Jelin 2002) que comprenden desde lugares donde han ocurrido acontecimientos violentos, iniciativas como monolitos, memoriales, marcas o estrategias locales, etc. En este sentido, se siguen clasificaciones como la de Messina (2019) o la misma Schindel (2009), que más allá de valorar un espacio respecto a otro, muestran el estado de sus memorias en vinculación con los procesos de memorialización sobre la dictadura como catástrofe. De esta manera, es fundamental considerar que las batallas de la memoria (Jelin 2002, 2004) consisten en pugnas entre diversos relatos que buscan consolidarse, encontrándose entre ellos los que persisten en promover el olvido o el consenso, pero también aquellos que promueven la resistencia desde el pasado con perspectivas futuras.
En este estudio, se atiende a la propuesta de Nora (1992) sobre los lugares, que los diferencia analizando, la dimensión simbólica, que comprende los significados sociales y culturales, la dimensión material, que permite el análisis formal y finalmente, la dimensión espacial de los lugares considerando los sentidos sociales respecto a las espacialidades y dimensión funcional relativa a los usos creativos o productivos.
Desde la perspectiva de las catástrofes y su relación con el territorio, se constata que, en Concepción, en los últimos 50 años, se han producido una gran diversidad de objetos de memoria (Jelin 2002) los que, sin embargo, son desconocidos para la sociedad en general, evidencian tensiones entre el recuerdo y el olvido que dificultan la transmisión y tienen escasa valoración por parte del Estado. Estos antecedentes (Tesche et al. 2018) dan cuenta de: la necesidad de poner en valor los aspectos simbólicos y no solo los restos materiales; la urgencia de visibilizar la violencia represiva de la dictadura y las historias políticas, sociales, culturales, características de los proyectos políticos de la época; la necesidad de promover significados y prácticas desde memorias vivas (Rabe 2011) con énfasis en el presente, especialmente para las generaciones más jóvenes; la importancia de la creación de lugares que valoren la dimensión antropológica de los habitantes en términos espaciales; la obligación de fomentar el conocimiento y las prácticas vinculadas con los derechos ciudadanos y la necesidad de testimoniar la vida y no solo el daño o la muerte.
2. Metodología
La metodología es de tipo cualitativo y utiliza una estrategia documental (Canales 2006; Ruíz Olabuénaga e Ispizua 1989) que busca describir, y analizar datos relevantes que informan sobre el origen y desarrollo de los lugares de memoria en Concepción desde su inauguración hasta la fecha. La muestra comprende fuentes primarias escritas ya publicadas y fuentes secundarias documentales, escritas y visuales históricas, académicas y de medios de comunicación. La técnica de producción de la información consiste en una primera revisión de testimonios y entrevistas, datos visuales, fotografías, imágenes y mapas; audiovisuales, como videos o documentales; archivos históricos, de prensa, y documentos sobre los cuatro lugares de memoria seleccionados. El criterio de selección de las fuentes es la presencia de contenido temático vinculado con las memorias colectivas de la catástrofe de la dictadura en términos de las dimensiones de los lugares de memoria y los acontecimientos ligados a ellos. Se realizó un análisis de contenidos (Cáceres 2003; Ruíz Olabuénaga 2003), que contempla definición de las unidades de análisis escritas y visuales, establecimiento de reglas de análisis y códigos de clasificación, desarrollo de categorías sostenidas en las distinciones conceptuales de las dimensiones de los lugares e integración final de los hallazgos. Respecto a cada dimensión de los lugares de memoria, se identificó su relación con acontecimientos, hitos y fechas significativas.
3. Resultados
3.1. Piedra recordatoria a la Vicaria de la Solidaridad del Arzobispado de Concepción
Desde la dimensión material, corresponde a un monolito, de medianas proporciones, ubicado en la acera de la vía pública, en un sector transitado de la ciudad, y está compuesto por una piedra en la que se encuentra la siguiente inscripción: «Aquí se defendió la vida y la libertad… aquí se recuperó la esperanza y la dignidad… aquí funciono la Vicaría de la Solidaridad». Inaugurado en el año 1996, se encuentra en mal estado de conservación: las letras inscritas están borrosas y la piedra ha sido dañada por la humedad, la falta de limpieza y rayados sobre su superficie. Desde la clasificación de Schindel (2009), el lugar es de tipo testimonial pues, a pesar de que no rememora una violación a los derechos humanos ocurrida en el lugar, valora el significado afectivo que tuvo para la comunidad de Concepción la Vicaría de la Solidaridad. Esta fue una organización nacional gestada por la Iglesia Católica que prestó apoyo social, jurídico y laboral a los afectados por las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Se trataba de una gran casona, ubicada en una esquina entre las calles Ainavillo y Barros Arana, con acceso por ambas vías, que desde 1976 hasta 1992, año en el que fue demolida, realizó tareas de administración, atención profesional a los afectados, almacenamiento de archivos y acciones de apoyo hacia personas y organizaciones víctimas de la represión política, entre ellas la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos (AFDD). Tal como se señala en un documento que registra el trabajo de la Vicaría, esta dependencia y sus trabajadores fueron objeto de diversos y constantes ofensivas en dictadura (Arzobispado de Concepción 1988).
A pesar de su valor testimonial, desde la perspectiva de Messina (2019), el monolito corresponde a una marca que irrumpe en el espacio público para traer al presente un fragmento de las historias de las luchas sociales de la dictadura. En este sentido, su principal valor es de tipo simbólico pues retoma el valor de principios como la vida, la libertad, la esperanza y la dignidad, para ser transmitidos públicamente.
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Piedra Recordatoria Vicaría de la Solidaridad
Fuente: elaboración propia.
El monolito, se encuentra descentralizado respecto a otros objetos de memoria, estén estos asociados con la Iglesia o la dictadura, y especialmente en relación con su funcionalidad. Respecto a los destinatarios, no considera que actualmente la Vicaría y sus funciones pueden ser desconocidas para las generaciones más jóvenes y tampoco menciona la defensa a los derechos humanos que realizó esta organización. Además, la única mención asociada con la dictadura es el período temporal en que ocurrió, a saber, la inscripción «septiembre 1973 marzo 1990». Por otra parte, respecto a su funcionalidad se plantean múltiples interrogantes en asociación con la catástrofe. En primer lugar, cabe preguntarse por la transmisión de memoria de un lugar desaparecido y la función que este objeto tiene en su lugar. El monolito no logra retomar los principios de la Iglesia, para difundirlos mediante acciones de memoria que desde el recuerdo potencien nuevos sentidos y prácticas creativas en el presente. De esta forma, no logra constituirse en un lugar de memoria. Por otra parte, hace surgir la interrogante de porqué la Iglesia ha desempeñado en la actualidad un papel periférico respecto a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en octubre de 2019 durante la revuelta popular en el país[5]. Recientemente se han realizado manifestaciones en la Catedral de la ciudad, que interpelan al actual arzobispo por su falta de apoyo ante las detenciones masivas de jóvenes desde esa fecha. Tal como se señala en el comunicado que realizaron los pobladores, la última manifestación tuvo por objetivo «traer al presente la memoria de una iglesia popular que pusiera como centro la dignidad humana enraizada profundamente en el hacer y vivir de nuestros pueblos y que ya muy poco queda de ella pues hasta el momento se han mantenido como cómplices de la violencia estatal y de la violación de los derechos humanos» (Diario Digital Revolución 2021).
3.2. Memorial del 23 de agosto, Vega Monumental
Este memorial, espacialmente está ubicado en el «Paseo de la Memoria Miguel Enríquez» en el que se encuentran diversos murales de organizaciones políticas, fue inaugurado en agosto de 1998 por familiares y agrupaciones populares de Concepción. Al resultar averiado por el terremoto el año 2010, fue restaurado por la Corporación Mutualista Bautista van Schouwen Vasey (2021) ese mismo año. Actualmente, forma parte de un circuito de la memoria gestionado por esta misma organización que rinde homenaje a miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Desde una dimensión material, consiste en un monolito de piedra de pequeñas dimensiones con un mensaje de homenaje e inscripción de nombres. Espacialmente, se emplaza en un lugar muy transitado, pues se ubica en la «Vega» lugar de comercio de productos y alimentos locales. En este mismo lugar fue asesinado el año 1984, Mario Lagos de 34 años, encargado militar del Teatro de Operaciones Sur (TOS) y miembro del MIR y uno de los pocos sobrevivientes de la guerrilla de Neltume[6], y además fue herido Nelson Herrera, de 30 años de edad, también miembro del MIR y encargado político militar del TOS, para posteriormente ser asesinado en un sector rural en las afueras de la ciudad. No obstante, en este monolito se registran, además de sus nombres, los nombres de siete miristas ejecutados en Concepción, Los Ángeles y Valdivia, en el contexto de la «Operación Alfa Carbón» perpetrada por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) los días 23 y 24 de agosto de 1984.
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Memorial del 23 de agosto
Fuente: elaboración propia.
Respecto al tipo de espacio que representa, y considerando la clasificación de Schindel (2009), se puede afirmar que corresponde a un memorial, en tanto lugar de conmemoración que busca mantener activa la memoria del MIR mediante el homenaje a los asesinados de este movimiento. Según la clasificación de Messina (2019) corresponde a un sitio auténtico, porque el lugar fue escenario del crimen y sirve como conmemoración de la muerte de los militantes. El memorial no corresponde a un sitio emblemático, sino de tipo ordinario, pues condensa sentidos que son conocidos principalmente por exintegrantes del MIR y organizaciones actuales vinculadas a las memorias y derechos humanos. En este sentido, porta un relato fragmentado al presentar un mensaje sobre una historia particular, la operación represiva denominada «Alfa Carbón» y de un partido político determinado. Además, es un lugar instituyente, dado que la identificación del lugar y la realización del memorial fue llevada a cabo, como se señaló, por organizaciones barriales.
Una problemática asociada con este memorial es que se erige desde las memorias entendidas como las batallas (Jelin 2002) de la generación de sobrevivientes, que se debaten entre perpetuar la resistencia y las experiencias de derrota del MIR, como la del año 1984. Según afirma Patricia Zalaquett, exmirista y esposa de uno de los asesinados: «el 23 de agosto significó el último gran golpe del cual el MIR no se pudo recuperar (…) ese golpe significó no solo siete muertos, sino muchos detenidos, secuestros, allanamientos…en un montón de zonas…en todos lados» (Corporación Mutualista Bautista van Schouwen Vasey 2021).
Este memorial rescata las memorias generacionales (Assmann 2011) pues porta el mensaje de privilegiar el compañerismo y la horizontalidad en el trabajo político más que la jerarquía y la toma de decisiones centralizadas. Los nombres inscritos en el memorial son de dirigentes del MIR que tenían mucha participación en sectores populares y que relevaban en su vida cotidiana los valores de solidaridad, mutualismo y colaboración. De esta forma, mantener sus memorias vivas (Rabe 2011) significa mantener la conciencia de resistencia política popular. Así, desde una perspectiva simbólica, es la vida y este espíritu de lucha el que se busca transmitir mediante la inscripción del siguiente mensaje: «La muerte no pudo con tu sonrisa/ que latiendo en la ausencia/ conserva la memoria/ más allá de cualquier bandera/ el cielo llora la estúpida soberbia/ que no pudo comprender/ tanto amor por la vida».
Desde una dimensión funcional, este memorial busca promover, en el presente y a futuro, la colectividad y la asociación entre las distintas personas y organizaciones que solidarizan con la promoción de las memorias y los derechos humanos. Las conmemoraciones que se realizan en sus proximidades mantienen el sentido de resistencia ante la catástrofe en el presente, mediante la denuncia en la actualidad, de la impunidad y la vulneración del derecho a la verdad. Se busca reafirmar la comprensión del proceso histórico que generó la impunidad, entendida como una nueva forma de funcionamiento del Estado que se instaló con el propósito de eliminar al «enemigo interno» para refundar el país, asunto que se conecta en el presente con la situación de vulneración de derechos durante la revuelta social de octubre.
Sin embargo, el memorial también plantea interrogantes en cuanto a aquello que es objeto de homenaje. Por una parte, se conmemoran memorias heroicas y ejemplares, de hombres que murieron asesinados por la lucha ante la dictadura. Se trata de memorias que, si bien buscan, mediante los homenajes, el reconocimiento social de un revolucionario y de un complejo proyecto de cambio social, tienden a centrarse en las personas y no en sus proyectos políticos e ideologías. Por otra parte, retomando la pregunta de Jelin (2017: 267) «¿Qué es lo que hay que recordar?», se considera que una parte del relato que se realiza en el memorial debe poner en evidencia los silenciamientos respecto a la resistencia política, así como también, promover la reflexión sobre las posibilidades de lucha ante la democracia actual en la que también se han vulnerado los derechos humanos en la región[7].
Finalmente, se puede afirmar que existen dificultades para la transmisión de las memorias. Una de ellas, es la que señala Vidaurrázaga (2019) que considera pertinente validar a otros actores y formas de narrar los proyectos políticos que no sean desde la autoridad que identifica experiencia militante y verdad.
3.3. Memorial del Cementerio General de Concepción
Desde una perspectiva espacial, el memorial se ubica en un sector periférico del Cementerio General de Concepción el que, a su vez, se encuentra en una zona alejada de la ciudad, bordeando el río Biobío. Desde su materialidad, consiste en una plataforma compuesta por cinco columnas planas de hormigón dispuestas en filas, jardineras y una explanada con asientos. En cuatro de sus columnas se registraron los nombres de 118 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, en la quinta se rinde homenaje a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos a través de dos estrofas del poema «Siempre» de Pablo Neruda. Fue inaugurado el año 2015, financiado por la Ilustre Municipalidad de Concepción y por la Corporación Social y Cultural de Concepción-SEMCO, a cargo del cementerio, y diseñado por estudiantes de arquitectura de la Universidad de Concepción.
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Memorial del Cementerio General de Concepción
Fuente: elaboración propia.
Según la clasificación de Messina (2019), el memorial corresponde a un sitio emblemático del pasado reciente y despliega diversos sentidos que pueden ser abordados especialmente desde lo simbólico. En primer lugar, se encuentra el mensaje poético de Pablo Neruda, representado por dos estrofas de la sección «La arena traicionada» del poemario Canto General. Este asunto cobra relevancia, tanto por el poema como por el autor. El poema se centra, en el fenómeno social de las muertes injustas, teniendo como hecho paradigmático la matanza ocurrida en el año 1948 en la plaza Bulnes de Santiago, donde murieron sindicalistas del salitre que revindicaban mejores condiciones laborales. Esto se liga de manera directa con el compromiso político del poeta, militante del Partido Comunista (PC) quien asume este dolor como propio y que solidariza con las víctimas compartiendo sus sufrimientos. El hecho de que una de las columnas del memorial, este completamente dedicada a los versos del poeta comunista, no es casual, especialmente si se atiende a que cada 11 de septiembre (fecha del golpe de Estado), es el PC quien realiza una romería a este lugar.
Por otra parte, también desde la dimensión simbólica, este memorial es una expresión de tensiones entre o batallas por las memorias (Jelin 2002, 2004). Al respecto, se puede señalar que éstas surgieron desde el mismo día de la inauguración del memorial, pues faltaron nombres de personas, que coincidentemente pertenecían al MIR. Las organizaciones que gestionaron este memorial, fueron la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos (AFDD), integrada principalmente por personas del PC, y la Agrupación de ex presos políticos, quienes señalaron que esta ausencia se debía a falta de comunicación entre las organizaciones y entre ellas y el Estado quien financió la construcción del memorial. Sin embargo, la Corporación Mutualista Bautista van Schouwen, integrada por ex miristas considera que esta omisión fue intencional. Durante la misma ceremonia el alcalde de la ciudad, señaló que los nombres serían inscritos a la brevedad (Diario Resumen 2015). A pesar de ello, a la fecha esto aún no se ha concretado, lo que sigue generando tensiones entre las organizaciones de diversas orientaciones políticas.
Otro aspecto simbólico relevante es que, al estar ubicado en un cementerio, el memorial responde a una necesidad de un lugar donde realizar un duelo, asunto especialmente relevante en el caso de los desaparecidos. Sin embargo, ello tiene el riesgo de identificar la desaparición con la muerte común, lo que simbólicamente implica no solo una negación de la violación de derechos humanos y la falta de justicia y verdad ante la desaparición. Esto es evidente, al presentar todos los nombres en las placas, diferenciados solo entre ejecutados y desaparecidos, homogeneizando la condición de todas las víctimas. Por otra parte, se puede interrogar por la condición política de todos los inscritos en las placas, la que no es señalada ni diferenciada.
Respecto a la funcionalidad, como se señaló, todos los años el PC realiza una romería, que destaca por su masividad y representación. El memorial es utilizado como punto de llegada de un extenso recorrido, al final del que se realizan discursos donde se conmemora a las víctimas en general y se realizan actos artísticos.
3.4. Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región del Biobío
Este memorial, inaugurado el año 2014, también se ubica en un sector periférico de la ciudad. Se encuentra en un terreno descampado que está entre un centro comercial o mall de compras y una población que resultó de una toma ilegal de terrenos que actualmente está siendo desalojada. Así, el memorial está en un espacio que divide la monumentalidad del mall asociada al consumo y un sector marcado por la pobreza y la necesidad. El lugar exacto donde se encuentra corresponde a la antigua Estación Central de Ferrocarriles, que actualmente se encuentra desmantelada, es decir, en el sector suroeste de la ciudad, en las cercanías de la rivera del río Biobío. Al estar colindante con la línea férrea se impide el tránsito libre hacia y desde sectores más céntricos de Concepción.
Desde una perspectiva material, se trata de una obra imponente que consiste en una plataforma compuesta por bloques de hormigón, donde se representa a una paloma herida junto a tres portales que apuntan a hacia la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, los Tribunales de Justicia y el propio Memorial. Estos portales permiten el paso de la «luz de la vida», posibilitando también el tránsito de los visitantes a través de ellos. En el centro se sitúan dos bloques de piedra con la leyenda «Saldrás de cualquier lugar a recibirme y abrazarme y recuperaré en ese abrazo todos los soles que me han robado», junto con los listados de víctimas por año. En total, fueron incluidas 294 personas, de los cuales 168 detenidos desaparecidos, 28 víctimas con restos encontrados y 98 ejecutados políticos. Además, incluye una fuente de agua y bancos para que las personas puedan sentarse y reflexionar.
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Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la región del Biobío
Fuente: elaboración propia.
El memorial fue impulsado por la AFDD de Concepción con el apoyo de las autoridades de gobierno. El hecho de que hay sido financiado con recursos del Estado, ha significado que las autoridades de turno participen de las actividades realizadas en el lugar y que sea conocido como memorial del «Bicentenario de la independencia de Chile», hecho que ocurrió durante el gobierno de Bachelet. Desde una perspectiva simbólica, el ser conocido con este nombre omite la principal motivación para su realización, a saber, conmemorar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Desde una perspectiva simbólica, el memorial también ha enfrentado desde su inauguración diversas tensiones. Por una parte, estando ya terminado, el terremoto de 2010 en la ciudad postergó su inauguración y generó el conflicto de tener que ser entregado a la comunidad durante el gobierno de Piñera[8], asunto que fue rechazado por la AFDD y postergó su inauguración hasta fines de su mandato, es decir, octubre de 2014. Además, y al igual que en el memorial del Cementerio General, se generaron debates por el número de víctimas registradas, cuyo número era inferior al que correspondía. También desde una perspectiva simbólica, el memorial ha sufrido la condena explícita de la derecha chilena mediante su vandalización el año 2020. En la madrugada del primero de enero de ese año, se encontraron en el lugar diversos rayados alusivos al antiguo movimiento fascista «Patria y Libertad» que operó activamente durante la Unidad Popular para desestabilizar el gobierno de Allende. El memorial fue severamente dañado con pintura y por acciones que, con cuchillos, intentaron el borramiento de los nombres inscritos. Además, se encontraron fecas de animales esparcidas por todo el lugar, lo que evidenciaba la intención de daño con alevosía. Este hecho motivó una declaración de prensa de la AFDD en lugar y la solicitud a la Municipalidad de una acción de limpieza.
Desde una perspectiva funcional, el memorial ha sido el centro de diversos homenajes en fechas simbólicas, como el día del detenido desaparecido, el día de los derechos humanos, entre otros. A los actos asiste la AFDD, aunque sin identificarse a un grupo político en particular y funcionarios del gobierno, en especial el alcalde o sus representantes, cuyos discursos tienden a centrarse en la condición de víctimas de los desaparecidos o ejecutados, más que en sus militancias o resistencias y no condenan de forma explícita el terrorismo de Estado de la dictadura.
4. Conclusiones
En el presente artículo se describieron y analizaron desde la perspectiva de la historia reciente y las memorias colectivas cuatro lugares de la comuna de Concepción: piedra recordatoria a la «Vicaría de la Solidaridad Penquista» del Arzobispado de Concepción, el memorial «23 de agosto», el memorial del Cementerio General y el memorial «Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región del Biobío». El análisis consideró las dimensiones simbólicas, materiales y funcionales de estos lugares de memoria. La noción de catástrofe sociopolítica, plantea un enfoque de la dictadura cívico-militar que permite comprender tanto sus efectos dinámicos durante ese período como sus manifestaciones actuales a propósito de los lugares de memoria y la relación con su territorio.
Desde una perspectiva espacial, tres de los cuatro lugares en estudio son poco visibles por sus condiciones de acceso y bajo tránsito de personas.
Desde una perspectiva material, se constata que los lugares que han recibido financiamiento del Estado, son más monumentales y con una propuesta más compleja en cuanto a los mensajes que comunican a los destinatarios. Desde una perspectiva simbólica en todos los lugares se revelan tensiones entre recuerdo y olvido, las que se vinculan con instituciones, como el Estado y la Iglesia; las organizaciones políticas que buscan establecer criterios de verdad y, con los grupos de derecha que persisten en el negacionismo, expresado en los actos de vandalización. Finalmente, respecto a la funcionalidad, se constata que, en todos los lugares, a excepción de la piedra recordatoria de la Vicaría de la Solidaridad, se realizan actos conmemorativos y homenajes, lo que da cuenta de su actividad y relevancia para las organizaciones, familiares y grupos políticos.
Sin embargo, los cuatro lugares plantean distintos problemas y modalidades en que se despliegan las memorias. De este modo, la piedra conmemorativa de la Vicaría de la solidaridad da cuenta de la precariedad de la memorialización de una institución vinculada con la Iglesia, que tuvo una gran relevancia durante la dictadura mediante la defensa de los derechos humanos y que actualmente se presenta desvinculada de motivación de origen, del territorio y de las necesidades y problemas del presente. El memorial «23 de agosto», si bien destaca los actos heroicos de los militantes caídos y presenta una mayor conexión con el territorio, no releva el proyecto social y político de las víctimas en conexión con las vulneraciones de derechos que están aconteciendo en la actualidad. El memorial del Cementerio General de la ciudad tanto en sus dimensiones funcionales como simbólicas pone en evidencia tensiones y quiebres políticos históricos entre las organizaciones de memoria y derechos humanos, como entre éstas y el Estado. Lo mismo se observa en el memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la región del Biobío, donde la permanencia de la catástrofe se evidencia en haber sido objeto de vandalización reciente.
Estos resultados, en relación con la noción de catástrofe destacan la disyunción violenta del lazo social durante la dictadura que continúa operando a nivel organizacional, institucional, política y cultural. Los hallazgos hacen presente la necesidad de promover y gestionar lugares de memoria con una vinculación territorial, que destaquen valores sociales y políticos, y que se encuentren abiertos a nuevas significaciones en la actualidad.
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[1] Tales como: guerras, masacres, genocidios, dictaduras, etc.
[2] El listado completo se encuentra en el Informe Valech y se clasifica por regiones del país.
[3] Un ejemplo de ello en Concepción, es el Cuartel Bahamondes, centro de detención y tortura de la Central Nacional de Investigaciones (CNI) que funcionó durante la dictadura entre 1980 y 1984. Fue demolido, se cambió la numeración del lugar, no se conserva un registro de quienes estuvieron detenidos y contó con extremas medidas de seguridad. Actualmente, el edificio residencial que se ubica en su lugar es propiedad privada.
[4] Esto no significa la tenencia legal del sitio por la organización que lo gestionó, a saber, la Corporación Mutualista Bautista van Schouwen Vasey, ni la habilita para restaurarlo; señalizarlo en su condición de centro de detención y tortura; resguardarlo ante amenazas ambientales (frío y humedad), sociales (vandalización), o estructurales, pues su deterioro es inminente.
[5] El día 18 de octubre de 2019 en Santiago de Chile, a raíz del alza del pasaje del metro, los estudiantes secundarios salieron a protestar en forma masiva. Las manifestaciones se extendieron desde el día 19 de octubre a todo el país cuando miles de personas realizaron movilizaciones y protestas sociales. La represión del Estado comenzó ese mismo día mediante la figura de «Estado de excepción», «toque de queda» y vigilancia extrema a toda la población. Además, ocurrieron graves atropellos a los derechos humanos como torturas, violaciones, secuestros, asesinatos y mutilaciones. Se desconocen las cifras oficiales, pero basta considerar que hubo alrededor de 500 jóvenes con traumatismos oculares con pérdida de visión en uno o ambos ojos.
[6] La guerrilla de Neltume fue una acción político-militar de resistencia desarrollada por el MIR durante la dictadura cívico-militar chilena. Esta se emplazó en la selva cordillerana al interior de la ciudad de Valdivia durante el año 1981, aconteció en el contexto de la denominada «Operación Retorno» y tenía por finalidad instalar un foco guerrillero en la zona. Este intento de resistencia armada terminó bajo el cerco de una desproporcionada fuerza militar con la muerte en combate, enfermedades y prisión y ejecución de la mayoría de los guerrilleros que participaron (Comité memoria de Neltume 2003).
[7] Tal como se ha señalado en investigaciones previas: «Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos Biobío (INDH), se han recibido 734 denuncias y presentado 160 acciones judiciales (información actualizada al 21-01-2020), que corresponden a los delitos de torturas, apremios ilegítimos, violencia innecesaria, homicidio frustrado, lesiones graves, homicidio y recursos de amparo. Otros datos preocupantes, cuyas estadísticas son imprecisas, son los reportes de violencia sexual ejercida contra menores de edad (niñas y niños)» (Tesche y González 2020: 27)
[8] El primer gobierno de Sebastián Piñera se desarrolló entre marzo del 2010 y marzo del 2014, y representa a las fuerzas políticas de orientación de derecha, las que en su mayoría apoyaron el golpe de Estado y la dictadura chilena, contando entre sus militantes a ex agentes del Estado de ese período.
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